Construcción, pilar de la economía, el desarrollo urbano y el avance industrial

 

27 de marzo 2017. Por: Dra. Sandra Forero Ramírez  Presidente Ejecutiva de Camacol, Consejera FIIC

Es bien conocido que  el sector de la construcción es un instrumento de gran relevancia en la política económica, siendo muy reconocida su contribución para acelerar el crecimiento, crear empleo y convertirse en un pilar simultáneo del consumo (en relación a los insumos), inversión (hogares y firmas) y valor agregado. El concepto teórico detrás de estas características que destacan al sector de la construcción  como un sector de amplio arrastre sobre la industria y el aparato productivo de las economías fue acuñado por Hirschman (1958) bajo la designación de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás (forward and backward linkages).

La principal característica del sector es  su capacidad de impulsar las industrias proveedoras de insumos, en un primer nivel, y continuar  generando efectos multiplicadores sobre la cadena de valor que  alimentan a su vez a estas industrias. Adicionalmente, sus encadenamientos hacia adelante subyacen por  ser un insumo para la financiación y la prestación de actividades inmobiliarias, sin desconocer los efectos positivos para los sectores mobiliarios y de servicios de remodelación.

Solo en el caso de Colombia, existen cerca de 13 millones de viviendas en todo el territorio nacional que demandan más de 5 billones de pesos anuales en insumos para reparaciones y remodelaciones, valor que se suma a los 30 billones de pesos que se demandan en materiales para la construcción de 28 millones de m² nuevos desarrollados cada año. Con esto, y las obras civiles, se generan 1.4  millones de empleos directos para el país.

Actualidad sectorial

En Colombia, el año 2016 presentó como denominador común una serie de desafíos para el desarrollo y  comercialización de proyectos de edificaciones en el país. A nivel macro, la debilidad de la actividad económica, la inflación fuera de cauce, la tendencia alcista en los tipos de interés, la vulnerabilidad en la posición externa del país, los riesgos sobre la calificación soberana y las expectativas de la reforma tributaria estuvieron presentes a lo largo del año.

No obstante esos desafíos, los hogares invirtieron $32.5 billones en 178.300 viviendas, representadas en la compra de más de 12.3 millones de metros cuadrados (m²), cifras que implican un nivel de inversión y demanda de área residencial nueva per-cápita de $950.000 y 0,36 m², respectivamente. Estos niveles se sitúan entre los más altos de los últimos años y reflejan la dinámica de la iniciativa privada en torno a la construcción de edificaciones, el aporte de la política de vivienda sobre el desempeño de la actividad y la confianza de los hogares en el mercado de vivienda nueva del país.

En la construcción de proyectos no residenciales, 2016 registró un volumen de actividad 9.6 millones de m² en construcción, con un inicio de obras equivalente a 5,4 millones de m². En ese agregado de actividad, se destacó el comportamiento del segmento de construcción de bodegas, en el cual se iniciaron 984.000 m², representando una tasa de crecimiento de 19.8% respecto al año 2015.

En el 2017 preservar la confianza debe ser una prioridad. Aunque se prevé un año con mayor certidumbre y señales de recuperación a nivel macroeconómico, no se puede desconocer que un panorama de desconfianza producto de factores externos al mercado puede minar las expectativas de un mejor desempeño sectorial.

Dos elementos deben ser parte integral del esfuerzo conjunto por construir confianza y proteger el modelo de desarrollo del sector edificador. El primero tiene que ver con la relación público-privada y la eficiencia institucional. En particular,  las administraciones municipales deben mejorar el  entorno de inversión regional, asegurando los derechos del sector productivo, el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano formal que se derivan de los procesos oportunos de habilitación de suelo y de la expedición de licencias de construcción, sin desconocer  que la inversión privada en edificaciones es además una fuente de financiamiento que mejora la capacidad fiscal territorial. Así, alejar la inversión suspendiendo los procesos de licenciamiento o limitando la habilitación de suelo es contraproducente en cualquier estrategia regional de desarrollo, ya que, simultáneamente con el incentivo perverso hacia prácticas desalineadas con el marco legal, objetivo y trasparente, hace insostenible la dinámica del sector.

El segundo tiene que ver con la actuación empresarial y el modelo sectorial. Luego de la crisis de finales del siglo pasado y sus nefastas consecuencias en los primeros años del actual, el  modelo de la actividad ha sido fuente de transformación. El resultado, el perfeccionamiento de un esquema de promoción, financiación, construcción y acceso a la vivienda que ha generado réditos al país por más de una década. La preventa como modelo de promoción de proyectos, los límites a la financiación, la participación de la fiducia inmobiliaria como vehículo para controlar los riesgos y articular eficientemente las partes,  y los incentivos a la construcción de vivienda social articulados  con los diversos programas de acceso a los hogares, como Mi Casa Ya, han sido  fruto de esa  evolución. Todos estos elementos deben seguir en las raíces de actuación de promotores, constructores, financiadores, fiduciarias y hacedores de política sectorial, como una estrategia integral para seguir construyendo confianza en 2017 y proveyendo vivienda de calidad para los hogares colombianos.

Hacia la Construcción de Ciudades de Calidad

El desarrollo formal de las ciudades es un tema de vital importancia para Camacol. Las ciudades son la base del crecimiento económico, el desarrollo social y la productividad de los países; por tanto su transformación debe ser producto de una correcta planificación. En Colombia se han hecho grandes esfuerzos, y aunque hay resultados positivos falta camino por recorrer.

En las últimas décadas el país ha enfrentado un acelerado proceso de urbanización y se prevé que en las próximas, ese fenómeno continúe. La migración urbano – rural, la búsqueda de oportunidades y el cambio demográfico han hecho de las ciudades los espacios ideales para la búsqueda de bienestar y ascenso social. Un ejemplo de esto es que el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) del país es generado en los centros urbanos, y 8 de cada 10 colombianos se desempeñan laboralmente al interior de las urbes.

Este proceso evolutivo seguirá su curso. Por lo tanto, no contar con una correcta planificación de la ciudad generará un crecimiento urbano informal y menor competitividad. Una ciudad que crece y se construye de manera informal, tiene efectos nocivos para su desarrollo: incremento de informalidad económica, baja competitividad, menor acceso a la vivienda, deterioro ambiental, infraestructura de movilidad y de servicios públicos  deficientes, ausencia de equipamientos sociales y reducida calidad del espacio público, son rasgos de una ciudad no planificada.

En las ciudades, la evolución social, cultural, económica y ambiental deben ser producto de una transformación física, y es claro que existen muchos factores que ayudarían a lograrlo. Desde el Gremio se han identificado cuatro elementos de mayor relevancia que nos conducen a una correcta transformación de la ciudad.

El primero es una planeación con visión de largo plazo. Eso implica estudiar el territorio, tener información de calidad,  evaluar las relaciones funcionales entre las regiones, hacer una prospectiva de la vocación económica y anticipar las necesidades de vivienda y construcción no residencial. Estos son aspectos que  no pueden ser ajenos a este proceso.

El  segundo es la gestión efectiva y oportuna del suelo urbanizable. Planear, gestionar, desarrollar y ocupar el territorio de manera adecuada debe ser una prioridad en las estrategias de ciudad.

El tercero es garantizar la promoción de proyectos de vivienda para todos los segmentos de la población. La accesibilidad a la vivienda formal es un importante instrumento para la superación de la pobreza y el déficit habitacional, la formación de clase media, y la creación de ciudadanía.

Por último, está la garantía de proveer equipamientos sociales (colegios, hospitales, centros infantiles y seguridad) y los servicios esenciales (agua potable, alcantarillado, luz) además de mayor y mejor espacio público e infraestructura.

En esos elementos está el poder de construir una ciudad que plasma en su territorio un modelo de crecimiento ordenado y articulado regionalmente, que incrementa su competitividad a través de una correcta planificación, que impulsa la inversión mediante generación de confianza y la estabilidad jurídica, y en la que el acceso a la vivienda y a los equipamientos sociales son elementos centrales en la calidad de vida de sus habitantes.

En ese sentido, Camacol ha servido de canal para dar a conocer a las autoridades municipales la oferta de instrumentos con los que cuenta el Gobierno Nacional en pro de impulsar el desarrollo urbano con una visión de largo plazo, una gestión oportuna y efectiva del suelo que promueva la producción de vivienda para todos los segmentos de la población y que garantice los equipamientos sociales requeridos, en un marco de seguridad jurídica.

27 de marzo 2017. Por: Dra. Sandra Forero Ramírez  Presidente Ejecutiva de Camacol, Consejera FIIC

 

 

 

 

 

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