Certeza Jurídica: requisito indispensable para la Inversión

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

El nivel de inversión extranjera en los países de Latinoamérica, se mide muchas veces por la confianza en el respeto de las leyes locales, las normativas del sector y los derechos de los consumidores.

Guatemala tiene ante si fuertes  retos para lograr su desarrollo y enfrentar las enormes necesidades sociales en salud, educación, seguridad e infraestructura que tenemos.

No podemos reducir la pobreza sin generar crecimiento económico inclusivo y estamos convencidos que la libertad de empresa es la mejor forma de buscar el bien integral de la persona y su desarrollo económico.

Este desarrollo se basa en:

  • El reconocimiento del derecho fundamental que tienen las personas de poder elegir con libertad como desean  ganarse la vida
  • El respeto a la propiedad.

Para lo anterior se requiere de un Estado de Derecho fuerte y de certeza jurídica para la inversión.  Sin inversión- lo sabemos-  simplemente no hay desarrollo.

Beneficios de la Ley de Electricidad

Una de los mayores condicionantes a la inversión es el acceso a la energía.

Desde que en 1996 Guatemala se emitió la Ley de Electricidad,  nuestro país a través de inversión privada ha sido capaz de:

  • Quintuplicar su capacidad de generación.
  • Tener hoy el doble de oferta que la demanda requerida, evitando los apagones y racionamientos de principios de los 90.
  • Ampliar  la cobertura eléctrica de un 62% a un 92%, llevando energía y oportunidades a mas guatemaltecos
  • Diversificar la matriz energética con mayor participación de energías renovables
  • Reducir hasta en un 40% el costo de la energía.

Este ha sido sin duda un caso ejemplar de éxito a nivel mundial donde un instrumento legal bien diseñado dio la certeza jurídica que promovió la inversión, mayoritariamente de guatemaltecos,  que con reglas claras y través de la libre empresa nos permiten hoy un tener un sector eléctrico fuerte y competitivo.

Una llamada de atención

Sin embargo, en los últimos meses, hemos enfrentado retos importantes, derivados de procesos legales en contra de hidroeléctricas que ya operaban en el país y una presión de movimientos sociales que resultaron en decisiones de las cortes guatemaltecas suspendiendo la operación de dichas hidroeléctricas por una interpretación, a nuestro juicio errónea, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que pueden constituirse en un precedente nefasto para el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país,  con consecuencias muy negativas para la inversión, para la economía del país y la vida de los guatemaltecos, pero sobre todo para muchísimas comunidades indígenas que necesitan de estas inversiones para poder tener mejores oportunidades de vida.

La falta de reglamentación del Convenio 169 es una responsabilidad que recae en el Estado de Guatemala pero en ningún caso debe afectar a empresas que ante la falta de esa regulación si cumplieron con todos los requisitos legales para poder hacer una inversión.

Es contradictorio que los permisos autorizados por el Estado, sean luego desconocidos por otro poder del Estado, cuando el Estado mismo fue quien incumplió con facilitar y reglamentar el proceso de consulta.

En este contexto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe reconocerse como un instrumento útil para promover un proceso de dialogo que considere las necesidades y atenúe la afectaciones directas negativas de las poblaciones indígenas, pero nunca debe ser utilizado como un freno al desarrollo.

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo, Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.