Ley de infraestructura: en marcha en Colombia ( 2ª. Parte )

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Nota: continuamos con la  2ª. parte y final del artículo de CCI. Aquí la primera parte:  http://fiic.la/blog/2017/09/04/ley-de-infraestructura-en-marcha-en-colombia-1a-parte/

 

Cuestionamientos a la ley 1682 de 2013

Otra vuelta de tuerca acontece con las censuras endilgadas a la Ley de Infraestructura. Los reproches son tan puntuales que, pudieran parecer un memorial de agravios, sin embargo, las reflexiones en torno a los asuntos problemáticos son una invitación a los distintos actores a repensar los aspectos regulados en la ley y a deliberar sobre las herramientas adicionales para no desfallecer en el intento de tener un ordenamiento jurídico adecuado a los requerimientos que demanda la realidad nacional.

¿Hemos avanzado en la solución de los problemas que aquejaron a los contratos anteriores? O en otras palabras: ¿ha servido la ley 1682 de 2013 en la solución de los problemas identificados por el panel asesor? A partir de lo ya mencionado, la conclusión a la interrogante es un “sí condicionado”.

Y los condicionamientos devienen en las siguientes razones:

Asuntos pendientes de resolver

Los temas arqueológicos se han convertido en el nuevo fantasma de las ejecuciones contractuales y sus quehaceres resultan de muy difícil manejo por parte de los ejecutores.

La licencia y los trabajos se asignan a un arqueólogo y no al proyecto, ello perjudica los avances en la ejecución pues los criterios y los métodos del experto en arqueología no son cuestionables por el contratista.

Pese a que el Icanh ostenta una competencia genérica en el resguardo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, las actividades específicas como extracción y custodia están bajo la responsabilidad de un profesional, a diferencia de lo que acontece con las licencias ambientales que son del resorte del concesionario.

La propuesta es que la licencia se asigne al proyecto y que las actividades de extracción y custodia sean ejercidas por profesionales subordinados al proyecto, pero con la supervisión del experto delegado por el Icanh.

En consulta previa: producto y trámite necesario en materia ambiental, seguimos pendientes de la Ley Estatutaria que determine las causales para proceder a su trámite, las reglas procedimentales, las obligaciones que deben asumirse en el marco de un contrato, los responsables en tramitarla y quién debe de asumir sus costos, entre otros.

Las entidades estatales deben aplicar la ley y utilizar la expropiación en sede administrativa, las razones particulares son:

  1. las entidades contratantes tienen mayor nivel de experticia de la gestión y la adquisición de predios, ello redunda en beneficio de la concentración de las actividades prediales.
  1. B) En la sede administrativa se agilizaría la disponibilidad y la adquisición predial, quedando en discusión los efectos económicos pretendidos por los interesados. 

Temas a medio camino

Predial: hoy quedan sobre la mesa temas como:

  1. A) nivel de comprensión de los jueces y los funcionarios sobre el alcance pretendido con la ley de infraestructura
  2. B) existencia de personal disponible para llevar a cabo la tarea titánica de atender los requerimientos de los contratos que se adjudiquen.
  3. C) La necesidad de complementar lo concerniente al saneamiento predial.

Traslado de las redes: aunque el motivo de la ley fue dotar a los proyectos de una vía jurídica para solucionar la superposición del proyecto con la red existente, en la práctica se observan diferencias entre los concesionarios y los propietarios de la red de quien asume los costos y la responsabilidad. Igualmente, hay problemas con la certeza de la red a la que se traslada.

 Normativo: se empezó a observar una nueva atomización normativa en temas de infraestructura, prueba de ello es la reglamentación normativa e institucional por parte de las entidades contratantes, proceder que va en contra de la ley, contrato y de lo aconsejado por la comisión de expertos.

 Ambiental: es necesario definir el concepto de rondas de ríos y cuáles son las franjas que integran dicha área. La anterior fijación incide en la determinación de los predios que se ubican en dichos sectores. Aun cuando el asunto tiene un carácter mixto, la definición es de competencia de la Autoridad Ambiental, pero al parecer no son claros los límites y las capacidades del Anla y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Temas nuevos

Tributario: las recientes reformas tributarias y la expedición del marco regulatorio han acrecentado la desconfianza en torno a la seguridad jurídica de los contratos, pues pese a que se han incorporado reglas para el manejo de la transición y del riesgo tributario, las mismas no se están aplicando, y en el corto plazo adquirir más deuda para atender la nueva tarifa es complejo.

Administrativo: ausencia de respuesta oportuna con ocasión de la transformación institucional del Incoder a la ANT, lo cual impacta los plazos del contrato. Falta de entrega de información por parte del Incoder para los estudios de títulos.  La información que reposa en Catastro, Incoder y Registro se encuentra desactualizada. La falta de apoyo por parte de las autoridades locales frente a las ocupaciones ilegales, entidades que se niegan a practicar desalojos y restituciones, conforme lo ordena la ley, cuando es requerido por el contratista.

Antes de poner punto final, es importante insistir en la importancia y necesidad de una adecuada gestión contractual por parte de las entidades contratantes, en aras de articular la institucionalidad del sector público y de interpretar correctamente las normas y contratos.

Para finalizar, pese a que las consideraciones en uno y otro sentido resulten dividas, lo que parece positivo a partir de la expedición de la ley 1682 de 2013, es que hay avances en las materias y que el terreno ganado no se puede perder por consideraciones y tintes particulares o simplistas, la senda está marcada y será necesaria la participación de los actores interesados para seguirla construyéndola en beneficio de la visión país.

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.