Categoría: Articulo

Tendencia Mundial en Construcción Sostenible Coloca su Mirada 500 años Atrás en la Historia

  • Se busca replicar la eficiencia de las edificaciones históricas y traer sus beneficios a la actualidad.

Jason Solano Herrera

Arquitectura Vernácula
La arquitectura vernácula se basa en edificaciones que buscan soluciones para adaptarse al medio donde se construyen. 

Cuando se habla de tendencias mundiales en cualquier ámbito de la vida, por lo general, el concepto traslada todas las ideas a un panorama futurista y difícil de imaginar, sin embargo, en el caso de la construcción sostenible, las tendencias mundiales en esta materia voltearon su mirada 500 años atrás en la historia de la humanidad.

Para el arquitecto Michael Smith-Masis, quien tiene 15 años de experiencia en el tema de la construcción sostenible y actualmente es director de la empresa Entre Nos Atelier y juez del Premio Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), el sector constructivo a nivel mundial trata de replicar la eficiencia de la arquitectura vernácula donde no se utilizaba aún electricidad, ni sistemas de alta tecnología para adaptarse al cambio climático, tal y como se hace hoy en día, sino que se aprovechaba el diseño y recursos naturales que había alrededor para aumentar esa eficiencia.

La arquitectura vernácula se basa en edificaciones que buscan soluciones para adaptarse al medio donde se construyen. 

Sin embargo, esto no significa que se deje de lado los avances tecnológicos que tenemos a la fecha, se trata de traer a la actualidad todos los beneficios de ese tipo de estructuras y combinarlas con las herramientas que se poseen.

“Yo creo que la tendencia mundial ahora es mirar hacia nuestros orígenes, raíces y estudiar qué de esto se puede llevar a una contemporaneidad a un manejo eficiente tecnológico de los recursos”, comentó el arquitecto Smith-Masis.

Otro de los aspectos que se valoran en estas tendencias mundiales es la materialidad de las edificaciones, ya que hay materiales que han acompañado al ser humano desde el inicio como la madera.

“Hoy en día hay bosques renovables. La madera es un recurso renovable altamente eficiente que fija la huella de carbono. En definitiva, este es un ejemplo de materiales con los que deberíamos conectarnos más. En Costa Rica hay ejemplos muy interesantes de este tipo, incluso, en los Premios Construcción Sostenible se han observado”, agregó.

Hay ejemplos de países como Alemania, Austria y los estándares que han implementado en el Reino Unido que demuestran que se puede realizar arquitectura muy eficiente y llevando bienestar a la sociedad. La regeneración del paisaje también es parte de estas tendencias y que se da más que todo en países asiáticos como China, Corea del Sur y Malasia donde el uso de materiales eficientes es básico en el diseño de las obras.

¿Está Costa Rica y la región latinoamericana rezagada en esta materia?

Este es todo un tema de debate, ya que muchos consideran que, por el poderío tecnológico de algunas zonas europeas y norteamericana, están muy por encima de Latinoamérica en la construcción sostenible, sin embargo, hay otros expertos en esta materia que tienen la perspectiva de que el rezago se nota más por la falta de buenas y sanas técnicas de diseño y construcción, no tanto por lo desarrollado o no que esté el país.

“Yo no creo que en esta zona estemos en pañales. Pero por la zona geográfica privilegiada en la que estamos, especialmente, en la franja tropical, es un tema más de sentido común y de buenas prácticas constructivas y de edificios que estén en armonía con el entorno. No es posible que un edificio tenga las luces prendidas a las 12 medio día, ya eso es algo que no se debería ni pensar”, enfatizó el arquitecto Smith-Masis.

Otro de los problemas que el arquitecto resalta es la falta de información o acceso al conocimiento, pues ya existen varias infraestructuras a nivel mundial que muestran el buen manejo de espacio y recursos naturales para aumentar la eficiencia del inmueble, pero son pocas las personas que se dedican al estudio de las mismas.

Smith-Masis recalca que el mayor símbolo de rezago es cuando se trata de importar modelos que no son coherentes ni congruentes con la realidad del país al que se trasladan.

“Si se observa una ciudad como San José, Ciudad de Guatemala, Buenos Aires o Bogotá y están llenísimas de edificios acristalados, eso quiere decir que algo anda mal porque realmente no se está entendiendo las condiciones ambientales del sitio”, acotó el arquitecto.

Es decir, el hecho de estar rezagados no depende de la zona geográfica en la que se encuentren, sino en el aprovechamiento de las condiciones. Incluso, los países más desarrollados están poniendo sus miradas sobre regiones como Latinoamérica o de África porque se logra arquitectura de un costo mínimo que tiene los mismos estándares de eficiencia que un edificio con la más alta inversión a nivel mundial. 

¿Quién es Michael Smith-Masis?

Arquitecto Michael Smith-Masis
Arquitecto Michael Smith-Masis. Director de la empresa Entre Nos Atelier y juez del Premio Construcción Sostenible de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).

Es arquitecto de la firma Entre Nos Atelier. Es Loeb Fellow de Harvard University, Graduate School of Design. Cambridge, USA. Master in Sustainable & Environmental Design. Architectural Association. London, U.K y cuenta con una licenciatura en Arquitectura de la Universidad Veritas.

Ha facilitado proyectos desde la vivienda hasta el espacio público, guiados por los principios de replicabilidad, eficiencia, funcionalidad, viabilidad y sostenibilidad ambiental. Su trabajo ha recibido importantes premios y distinciones, incluido el Premio CICA 2017 para la práctica de jóvenes arquitectos y el Premio Internacional de Arquitectura 2015 en la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. También ganó el Gran Premio Bienal 2016 y los Premios Icomadera 2016 y 2014 en la Bienal Internacional de Arquitectura en San José, Costa Rica, y el Premio a la Construcción Sostenible 2015 de la Cámara de la Construcción de Costa Rica, entre otros.

Cofundador de la Agencia de Espacios (San José-Cambridge) para el desarrollo de proyectos de impacto social, es cofundador de Maderotec SA, una empresa de construcción de madera costarricense.

EL DESCENSO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN BOLIVIA

FOTOGRAFIA: https://www.bolivia.com
LA PAZ - BOLIVIA
LA PAZ – BOLIVIA

El Sector de la Construcción en Bolivia,  fue en gestiones anteriores, uno de los mayores propulsores de la economía, llegando los últimos años a bajar en su contribución al PIB (Gráfico 1).

Los últimos años estos datos decrecieron por factores diversos tales como ser, baja de la ejecución presupuestaria en obras de inversión pública, privadas y/o ingresos por inversión extranjera para proyectos inmobiliarios, centros comerciales, y otros, estos aspectos han afectado al sector de la construcción que experimentó una desaceleración relevante. En la gestión 2013 se alcanzó a 10.6 % y el 2018 su tasa de crecimiento fue de 3,54 % después de varios años con tasas promedio de crecimiento de 7,95% y el 2019 de 3.53% , otro aspecto a considerar es el fin del súper-ciclo de las materias primas que se han traducido en menor disponibilidad de financiamiento, lo que afecta sustancialmente la dinámica de la construcción.

En cambio, los sectores extractivos presentaron un crecimiento menor, debido ante todo a la contracción en la producción de hidrocarburos y en algunos productos de la minería. Los sectores de electricidad, gas y agua, y de la construcción, exhiben una tendencia decreciente en sus tasas de crecimiento, perceptible desde 2013. En 2019, estos sectores crecieron a tasas por debajo del 4%.

En la gestión 2018 el PIB de Bolivia es de 4.2%, la Construcción 3.5%, al segundo trimestre de 2019 el PIB de Bolivia es de 3.38 %, y la Construcción 3.53%. De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Construcción se evidenció un crecimiento de 3,53% con una incidencia de 0,10p.p; donde la construcción privada creció en 3,41% y la construcción pública en 3,44%.

El desempeño del sector de la construcción es medido a través de las licencias de construcción aprobadas, los despachos de cemento y la cartera total de los constructores, además que incluye como variables determinantes, el crédito para financiación de vivienda, el crecimiento del PIB per cápita, el precio relativo de la vivienda y la tasa de interés real.

PIB DE CONSTRUCCIÓN VS. CRECIMIENTO DEL PIB DE LA ECONOMÍA 2010-2019
GRAFICO 1: PIB DE CONSTRUCCIÓN VS. CRECIMIENTO DEL PIB DE LA ECONOMÍA, 2010 –2019 (II trimestre) (p) (En porcentaje)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística – MEFP
Elaboración: CABOCO

Al segundo trimestre de 2019, la actividad Servicios de la Administración Pública presentó la mayor participación en el PIB nominal con 16,02%; le siguen, Agricultura, Pecuaria, Silvicultura, Caza y pesca 12,31%; Servicios Financieros 10,89%; Industria Manufacturera 9,50%; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 8,33%; Comercio 7,09%; Minerales Metálicos y No Metálicos 7,05%; Otros Servicios3 6,56%; Petróleo Crudo y Gas Natural 4,21%; Construcción 2,88% y Electricidad Gas y Agua 2,11%.

La Inversión Pública (Gráfico 2) en Bolivia en los último 10 años se ha incrementado de manera beneficiosa para el desarrollo de la Infraestructura en el país,  el Presupuesto General del Estado (PGE)  2020 prioriza la inversión pública de impacto económico, proyecta una inversión pública por  5.560 millones de dólares; de ese monto el 38,8% se destinará a proyectos productivos, 30,9% para infraestructura (USD1611) y 26,6% para el sector social.

 INVERSIÓN PUBLICA 2010 –2020
GRÁFICO 2. BOLIVIA: INVERSIÓN PUBLICA 2010 –2020 (EN DOLARES AMERICANOS) FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
Elaboración: CABOCO

Los 20 proyectos más importantes incluidos en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) representan el 26% del total destinado a inversión pública, los 20 proyectos más grandes suman $us 1.397,5 millones, que representan el 26% del total de la inversión pública para 2020.

La construcción del tramo central  de El Sillar en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, es uno de los grandes proyectos el cual cuenta con presupuesto de 1.041 millones de bolivianos, la implementación de una planta siderúrgica básica para la Empresa Siderúrgica Mutún, en Puerto Suárez, Santa Cruz, para el cual se destinarán 1.006 millones de bolivianos, el inicio de la construcción de este proyecto se anunció a principios de este año 2020 y forma parte de un proyecto global que costará 500 millones de dólares.

Entre otros proyectos importantes son la continuación de las obras del Tren Metropolitano de Cochabamba, 735,7 millones de bolivianos,  el desarrollo del proyecto de industrialización de la salmuera del Salar de Uyuni a cargo de Yacimientos de Litio Bolivianos, 689,8 millones de bolivianos y la construcción del Centro de Investigación Nuclear y laboratorios asociados de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, con un costo de 309,1 millones de bolivianos.

Se contara para el 2020, también con el desarrollo de proyectos de la hidroeléctrica Ivirizu Bs. 941,9 millones y Miguillas Bs. 239,4 millones, además del desarrollo y construcción de los proyectos de Ciclos Combinados en las termoeléctricas de Entre Ríos, Bs. 315,7 millones y Warnes Bs. 242,3 millones, junto con la construcción de la planta de generación solar en Oruro que alcanzara a Bs. 257,7 millones.

Bolivia tendrá, un desarrollo en infraestructura hospitalaria, luego de muchos años de olvido para lo cual se demandara un presupuesto de Bs. 1.374,3 millones, para la construcción de hospitales y su equipamiento respectivo.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

CÁMARA BOLIVIANA DE LA CONSTRUCCIÓN

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La Paz – Bolivia

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 ¿Cómo dinamizar la economía del sector construcción?

Para que el sector construcción sea un detonante en el crecimiento económico regional, se necesitan de reformas institucionales y generación de políticas públicas eficaces y transparentes, así como la mayor generación de proyectos público – privados, que logren hacer frente a los desafíos que se tienen como región.

 

Javier Ruiz, Presidente de Cámara Guatemalteca de la Construcción

El Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé que la economía mundial crezca un 3.7% en 2018, mientras que para la región latinoamericana se proyecta un crecimiento del 2%, algo por encima del 1.3%, registrado en 2017. A nivel nacional, se estima un crecimiento del PIB nacional del 3.2%.

Este crecimiento a pesar de ser positivo, es insuficiente para hacer frente a los retos que se tienen como región y es por ello, la importancia de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción –FIIC- siendo el punto de encuentro de las cámaras de la construcción a nivel regional, con el objeto de la generación de propuestas para la dinamización de la economía a nivel regional.

Áreas de oportunidad del sector construcción a nivel regional

El crecimiento económico y la inversión en la infraestructura son elementos codependientes, es decir, en la medida que exista un mayor crecimiento económico, existirán más recursos para la inversión en infraestructura. Por otro lado, a mejor infraestructura, reducción de burocracia para acelerar la tramitología a partir de modelos de ventanilla única del Estado (VUC), reducción de las tasas de accidentalidad en colaboradores además de la mejora en los procesos de operación a través de modelos de “Construcción responsable” que siga los criterios del Desarrollo Sostenible, sin duda incentivará el crecimiento económico y por ende en la calidad de vida de la población.

  1. Inversión en infraestructura

Uno de los principales retos que se tienen como región es lograr la eficiencia en la inversión y la gestión de la inversión pública, para lo cual existen una serie de mecanismos jurídicos, institucionales y de procedimientos de gestión de inversión pública, que promueven el gasto público eficiente en infraestructura.

La región latinoamericana reducirá de manera significativa la pobreza, si los estados deciden invertir de forma eficiente y transparente en infraestructura, para ello, es menesteroso trabajar arduamente en modelos de financiamiento alterno a lo público, por medio de Asociaciones Público Privadas –APP- y dotar al sistema de reglas claras que promuevan la inversión en infraestructura.

En el caso de Guatemala, se ubica en el puesto 81 de 138 países, en el ranking de infraestructura, del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial; el promedio de velocidad para el transporte de mercaderías en el país era de 58 km por hora, hoy en

día ha descendido a 37 km. Como Estado no se puede procurar el crecimiento económico, si no cuenta con puertos, aeropuertos e infraestructura que favorezca la libre movilización de bienes y personas.

Según el Fondo Monetario Internacional (2016) existe una serie de mecanismos jurídicos, institucionales y de procedimientos de gestión de inversión pública, que promueven el gasto público eficiente en infraestructura.

Gestión de la inversión pública en América Latina y el Caribe
*Gráfico tomado del Informe del FMI, Perspectivas Económicas de las Américas, pág, 98.

Según este gráfico, en la mayoría de países de la región existen márgenes de mejora, es necesaria la modernización en el proceso de selección de proyecto. Existen deficiencias en la supervisión y el mantenimiento de los activos construidos.

Los países de ALC, deberán contar con marcos rigurosos para incrementar la inversión pública ya que existe una correlación directa en los indicadores de eficiencia de la inversión pública con la solidez de las instituciones rectorasRespecto a las asociaciones públicas – privadas, países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, son los que cuentan con los entornos generales más propicios de la región.

Existen distintos países, como por ejemplo Guatemala, que ven su competitividad comprometida por la falta de inversión en infraestructura. De acuerdo al FMI, la infraestructura afecta el crecimiento potencial, es decir, que las deficiencias infraestructurales menoscaban el crecimiento de la región a mediano plazo.  

     2.Vivienda Social  

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo –BID- en América Latina y el Caribe, en la actualidad una de cada tres familias –un total de 59 millones de personas- en dicha región, habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos.

El estudio “Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en América Laitna y el Caribe” del BID, refleja que los mercados de vivienda de 18 países de la región latinoamericana no están cubriendo la demanda de vivienda formal, especialmente para la población de bajos ingresos.

Según dicho estudio, para que América Latina y el Caribe pueda reducir el actual déficit habitacional exclusivamente con viviendas construidas por los gobiernos en el marco de programas de desarrollo urbano, se debería más que septuplicar la inversión en programas de vivienda pública, implicando un gasto de US$ 310.000 millones, o 7,8 por ciento del producto bruto de la región.

En Guatemala más de 1,5 millones de familias carecen de una vivienda adecuada. Por ello, otra de las áreas de oportunidad en que el sector construcción, debe trabajar es desarrollar y estructurar proyectos que cambien la forma tradicional. Es necesario profundizar en esquemas adicionales al tradicional canal bancario. Formas nuevas como leasing habitacional, ahorro programado, fondos de inversión y de ahorro, entre otros deben florecer para complementar el trabajo actual que realiza la banca nacional.

Las medidas de reactivación económica del sector construcción a nivel regional, pasan principalmente por las reformas a marcos regulatorios, la ampliación de medios de financiamiento y la movilización de recursos privados. Por ello, es de vital importancia que ante problemas regionales, como lo son la calidad de infraestructura y el déficit de vivienda, en el marco de instancias como FIIC, se generen propuestas para dar salida a este tipo de problemáticas, logrando así la dinamización de la economía a nivel regional.

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Productividad: hacia la adopción de más tecnología en Colombia

  • El estudio de productividad y Riesgos realizado por McKinsey Global Institute, en asociación con Camacol, dejó en evidencia la necesidad de mejorar el nivel de productividad, la gestión de los riesgos y enfocar esfuerzos gremiales en esa dirección.

Empresas colombianas, afiliadas a Camacol, unieron esfuerzos para analizar conjuntamente los niveles de productividad del sector y generar estrategias que permitan mitigar los riesgos propios de la actividad. En total fueron 14 constructoras que actualmente constituyen el 22% del mercado en el país.

La estrategia inició con un estudio, liderado por McKinsey & Co y Camacol, que puso en evidencia el nivel de productividad y la gestión de riesgos en el sector, incluyendo un análisis comparativo respecto a los demás sectores de la economía, situándolo en lugares con un gran potencial de mejora dentro de estándares internacionales.

Específicamente en el sector de la construcción, Colombia se encuentra en niveles de baja productividad, junto a países como México, Brasil, República Checa y Arabia Saudita. Entre los hallazgos del estudio destacan el hecho de que los constructores colombianos están por debajo del índice internacional en la implementación de nuevas tecnologías, que la llegada de constructores internacionales con nivel tecnológico más alto reduce los márgenes de acción de los nacionales, además hacen falta acciones a nivel empresarial para aumentar la implementación de nuevas tecnologías.

Otro factor directamente relacionado es la menor digitalización a nivel mundial del sector, donde la construcción se encuentra en los niveles más bajos. Al respecto Kevin Nobels, líder de Proyectos de Capital y Prácticas de Infraestructura en América Latina de McKinsey, indicó que “la construcción es el peor sector de todos en digitalización. La minería, por ejemplo, ha comenzado a invertir en innovaciones técnicas digitales”.

Una de las nueve dimensiones de la encuesta de mejores prácticas es la tecnología. Al aplicarse la encuesta a una muestra que involucraba las compañías constructoras más grandes del mundo, el porcentaje, fue de 48%, el segundo más bajo después de la dimensión de colaboración y de contratación, en la práctica de tecnología, Colombia alcanza apenas el 14%.  El promedio de la implementación de mejores prácticas de empresas internacionales fue de 67%, lo que quiere decir que este nivel está por debajo de la media, teniendo en cuenta el resultado anterior, se puede concluir que Colombia se encuentra por debajo del promedio, con un resultado del 61%.

En la práctica de tecnología se evalúan elementos como la implementación en tiempo real de Building Information Modeling (BIM) en niveles 3D, 4D y 5D; las herramientas de productividad de la fuerza laboral, que rastrea en tiempo real el estado de los trabajadores, horas trabajadas y desempeño; la automatización avanzada; los flujos de trabajo digitalizado de proyectos; entre otros.

Plan de implementación

A pesar de que los constructores que hicieron parte del estudio no han incorporado en gran medida las nuevas tecnologías, aspiran a actualizarse dentro de los próximos tres años. Los elementos que hacen parte de los planes de implementación de las organizaciones son: colaboración en tiempo real con BIM en todos los niveles, y herramientas de comunicación digital, apps y dispositivos móviles.

Adicionalmente, otros elementos que hicieron parte del estudio fueron las soluciones colaborativas de movilidad de construcción, flujos de trabajo de proyectos digitalizados, tecnologías por sensores y de comunicaciones, y herramientas analíticas avanzadas, de los cuales se esperan también aumentar el 7% de implementación. Los niveles más bajos del proceso fueron los de las herramientas de sondeo e inspección (Light Imaging, Detection, And Ranging -LiDAR-, entre otros) y materiales duraderos y ligeros (acero ligero, concreto autocurable usando bacterias y concrete cloth), de estos se proyecta un crecimiento e implementación de 42% y 29% respectivamente en los próximos tres años.

En cuanto a los riesgos en las organizaciones, se utilizó la taxonomía TEMPO (que mide cada componente de los riesgos por separado). En el espacio técnico (T) se encuentran los componentes de rendimiento de recuperación, las nuevas tecnologías y la operabilidad, integridad y contabilidad. Los otros componentes de la taxonomía son: ejecución (E), mercado (M), político y social (P) y organizacional (O). Los riesgos se priorizan en tres categorías: riesgos externos, riesgos a nivel de la industria y riesgos a nivel de la compañía.

El estudio de productividad y riesgos identificó las causas raíz de la falta de adopción de nuevas tecnologías y propuso algunas estrategias de mitigación que se describen así:

Causa raíz Estrategias de mitigación
Altos costos para implementar y ejecutar nuevas tecnologías. Planeación y negociación de largo plazo para adquisición de nuevas tecnologías. Priorizar la tecnología más urgente y buscar eficiencias para compensar adquisición de tecnología.
Cultura pasiva y manual que no promueve la innovación. Adopción de una cultura y valores basada en aceptación de fallas y emprendimiento. Mandatar la adopción de nuevas tecnologías mediante acciones del gremio o disposiciones regulatorias.
Baja perspectiva del beneficio y de la necesidad de mercado y cliente para innovar. Implementación de un área de innovación que identifique las tecnologías y beneficios del mercado. Aprendizaje del beneficio de las nuevas tecnologías y revisión de amenazas de la industria por no innovar- casos
Poca continuidad y consistencia en la implementación de nuevas tecnologías. Planeación y negociación de largo plazo para la adquisición de nuevas tecnologías. Revisiones periódicas de continuidad de tecnologías existentes e implementación de nuevas, con visión de corto y mediano plazo.

Se espera que, a partir de este estudio, Colombia y específicamente el sector constructor genere estrategias efectivas que permitan no solo aumentar los niveles de productividad y mitigar los riesgos, sino incrementar también de manera significativa el componente tecnológico, cuyo aumento le permitirá al país ubicarse en mejores estándares internacionales de competitividad.

Revisa la síntesis del estudio en:

https://camacol.co/sites/default/files/presentaciones_eventos/McKinsey%20Global%20Institute.pdf 

La obra pública avanza en Argentina, pero ya es tiempo de apostar a más construcción privada

Por Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción

La industria de la construcción enfrenta actualmente, en Argentina, un período de crecimiento  gradual y en aceleración, lo que ha posibilitado una reversión de la etapa de contracción de la actividad, que había regido en 2016.

El sector se ha recuperado en 2017,  tras un ejercicio precedente de gran caída. Así, la actividad de la construcción ha demostrado, una vez más, su capacidad de reacción, generando actividad en todos los sectores económicos y creando empleo en forma rápida. Esto posibilitó recuperar, prácticamente, los planteles que habían mermado en la etapa previa a la reactivación.

Para el actual período 2018, la inversión pública nacional en infraestructura será acompañada por un nuevo diseño del negocio al que apuesta claramente el Gobierno. Se trata del PPP, el programa de Participación Pública y Privada.
En cuanto a las previsiones presupuestarias en sí, este año serán similares a las de 2017, por lo que habrá que tener en cuenta, claramente, el impacto de los índices de precios como el IPC, que marcan un alza anual de alrededor de 25 por ciento. En ese marco, se apuesta a que los proyectos de PPP puedan canalizar parte de los fondos que se requieren para continuar con la evolución de las obras de infraestructura.

Institucionalmente, la Cámara Argentina de la Construcción apoya estos esquemas, pues el aporte privado permitirá concretar proyectos que de otra forma se verían pospuestos, pero estima que su puesta en marcha demandará más tiempo que el esperado por el Gobierno y llevará a un  2018 con menor producción, por ejemplo, de obra vial. Quizás  a partir de 2019 ya podrá verificarse en la realidad la influencia de las PPP en el mapa de obras.

Dentro de los principales sectores que adquieren una particular significación en cuanto a la inversión, se encuentra agua y saneamiento, priorizada por el Gobierno, pero que depende en gran medida, de créditos a obtener internacionalmente por la agencia pública que lleva a cabo los proyectos.

En cambio, progresan satisfactoriamente las inversiones en energías alternativas, con esquemas PPA (acuerdos de compra de energía futura). Las licitaciones convocadas para estos esquemas han recibido ofertas por dos o tres veces la capacidad requerida.

Entendemos que para ese éxito ha sido determinante que cada contrato sea de monto más reducido, más adecuado al mercado local, y con esquemas inteligentes de garantías al inversor que, en principio, incluyeron una garantía subsidiaria del Banco Mundial.

A largo plazo, en Argentina, como en el resto del mundo, se requerirá una muy importante inversión en infraestructura. La brecha crece en todo el mundo por la aparición de nuevas necesidades, por el acceso de nuevas capas de población a las ciudades y a los servicios y por el deterioro de las infraestructuras existentes por el uso intensivo derivado de los puntos anteriores.

Además serán necesarias inversiones para frenar el cambio climático y prevenir y mitigar los efectos de los desastres naturales.

Para concretar esas obras, el problema es esencialmente financiero pero creemos que las autoridades y la sociedad van convenciéndose, cada día más, de la urgencia de invertir en infraestructura, para asegurar  y mejorar la calidad de vida de la población y generar una productividad que permita pagar la inversión realizada.

Desde la Cámara Argentina vemos al 2018 con optimismo y, como lo mencionamos anteriormente, quizás con un crecimiento ya no impulsado por la obra pública, sino por la inversión privada.

Esta debería activarse fuertemente por la aparición del crédito hipotecario al comprador de viviendas.  El mercado de préstamos para unidades habitacionales  prácticamente no existía en Argentina, pese a la vieja tradición del país en la materia y  ha logrado quintuplicarse durante 2017, luego de la implementación de créditos en Unidades de Cuenta ajustables (UVAs).

Esa masa de crédito, orientada hasta ahora a la compra de unidades usadas, deberá aplicarse a generar una oferta de viviendas nuevas, para evitar una burbuja, es decir, una tendencia al aumento del precio de las unidades en oferta. Nuestra Institución trabaja para generar mecanismos que permitan el financiamiento de nuevos desarrollos.

En la Cámara tenemos como desafío para 2018 conseguir una transición ordenada de un sistema basado en la inversión estatal a otro en el que tenga creciente infuencia la inversión privada.

Creemos que será fundamental que estos cambios no afecten el empleo y la actividad, sobre todo en el interior del país y que dé tiempo a la adaptación de las empresas constructoras de vivienda social para convertirse en desarrolladores.

La paulatina merma, en las últimas décadas, de las políticas de crédito hipotecario derivó en el país en una profunda crisis habitacional, necesitándose, para revertirla, de una marcada convicción y aceptación social de los mecanismos tipo UVA, que en otros mercados ya están maduros y en vigencia desde hace tiempo, como es el caso de Chile y de otros países del propio continente.

Sería fundamental que Argentina se sume con mayor énfasis a estas líneas de acción, de modo de achicar la brecha que se ha abierto en la sociedad, impidiendo a gran parte de ella el acceso a viviendas dignas.

De ratificarse esta tendencia, se atendería a un perfil fundamental de la industria de la construcción, el vinculado a las obras de aporte directo al desarrollo social, que no tiene por qué realizarse a expensas del freno de las grandes obras públicas, que también, como dijimos, son necesarias para consolidar la evolución del país.

NUEVO MEGA PUERTO EN SAN ANTONIO CHILE

La Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, anunció que el futuro mega puerto del País se construirá en la Ciudad de San Antonio. La otra zona que competía por albergar esta obra de infraestructura era Valparaíso.

La Empresa Portuaria de San Antonio (EPSA) ha  trabajado en la iniciativa que tendría un costo superior a los 3.300 millones de dólares. El proyecto prevé atender a ocho naves portacontenedores de hasta 400 metros de eslora en terminales concesionados, movilizando cerca de seis millones de teus; es decir, el triple de la capacidad actual del puerto.

“Hablamos de un puerto articulado con los otros puertos, de manera que cada uno pueda cumplir su rol en materia de carga, de pasajeros, de cruceros, entre otros, representando un beneficio directo para las cinco regiones que cubre la llamada macro zona Central”, detalló la Presidenta.

Agregó también que “esta Macro zona Central es una zona que contribuye en 63 por ciento al Producto Interno Bruto, representa el 63 por ciento de las importaciones, 37 por ciento de las 

exportaciones y en ella habita el 62 por ciento de la población del país”.

El anuncio reactivó el proyecto Plataforma Logística Ferro portuaria que lleva adelante la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), la cual tiene como objetivo optimizar la conectividad entre Santiago de Chile y los puertos de la Región de Valparaíso, con el fin de aumentar el transporte de carga, sin embargo también apunta al transporte de pasajeros.

Germán Correa, presidente de la EFE, aseguró que este plan se realizará a través de concesiones por medio de la Ley de Ferrocarriles. Además, indicó que el proyecto cuenta con la aprobación del comité de ministros en cuanto a la logística y por el Sistema de Empresas Públicas. El período de ejecución está pensado entre este año y 2030.

Una apuesta por la productividad en el sector de la construcción

2 de octubre Por Edwin Chirivi Bonilla, Director de Estudios Económicos y Proyectos Estratégicos de Camacol

  • De acuerdo con Mckinsey Global Institute – MGI, la construcción mueve recursos anuales equivalentes al 13% del PIB Global, cifra que asciende a $10 trillones de dólares.
  • Romper la inercia de baja productividad debe ser una apuesta integral que permita acelerar la trasformación del sector en línea con el avance que otros sectores productivos vienen dando. 

El reporte de Mckinsey agrupa los principales factores restrictivos del avance en la productividad del sector y describe las acciones más importantes que pueden desarrollarse de manera simultánea desde el enfoque empresarial, sectorial y de política pública para ganar en innovación y competitividad.

¡La construcción importa!…

El sector de la construcción es de gran relevancia en la estructura económica mundial. De acuerdo con Mckinsey Global Institute – MGI[1],  la construcción mueve recursos anuales equivalentes al 13% del PIB Global, cifra que asciende a $10 trillones de dólares. Con esas inversiones el sector emplea 7% del total de la mano de obra global.

Esta relevancia económica no ha estado directamente relacionada con un avance significativo en materia de productividad, y lejos de los resultados que se pueden observar en otros sectores.

Según el reporte del MGI “Reiventing construction – A route a higher productivity” publicado en el año 2016, la productividad laboral en el sector de la construcción ha crecido en promedio 1% en las dos últimas décadas, resultados que contrastan con el 2.8% que ha crecido la productividad en la economía global y el 3.6% que lo ha hecho la industria manufacturera en el mismo periodo. Las estimaciones del reporte muestran que cerrar la brecha de productividad que enfrenta el sector de la construcción podría aumentar su valor agregado a nivel global en 1,6 trillones de dólares, cifra que en términos relativos equivale al Producto Interno Bruto de Canadá o a un 2% de la economía global.

 Las causas de los modestos avances en productividad en el sector de la construcción hacen parte de una mezcla de elementos que se conjugan con una estructura empresarial altamente fragmentada, una mayor complejidad de los proyectos constructivos y comunes desfaces sobre los tiempos de ejecución y la rentabilidad esperada de los proyectos. El reporte de Mckinsey agrupa los principales factores restrictivos del avance en la productividad del sector en tres categorías: fuerzas externas, dinámica industrial y factores operacionales a nivel de las firmas. (Esquema 1).

 Esquema 1. Causas de la baja productividad en el sector de la construcción.

Fuente. Mckinsey Global Institute – MGI.

 En el nivel de fuerzas externas que limitan la productividad del sector de la construcción, el análisis del MGI identificó que la complejidad de los proyectos, la regulación y la informalidad generan brechas en el desempeño de las compañías. Desde la dinámica industrial, la fragmentación empresarial, de la desalineación en las estructuras contractuales y las características de los proyectos en relación con la demanda ha venido generando sesgos a la baja en el ejercicio de las firmas del sector. Asimismo, al interior de las empresas el estudio del MGI identificó que los cuatro elementos que más restan en la optimización de la operación de las compañías están relacionados con los procesos de diseño e inversión, la gestión integral de los proyectos, la disponibilidad de mano de obra y la limitada adopción de técnicas digitales y procesos de innovación.

Estos problemas que fueron identificados como causas raíz de la baja productividad en la construcción también tienen una serie de elementos sobre los cuales se pueden establecer acciones para contenerlos y revertir el proceso, conduciendo así la actividad hacia el cierre de brechas y el consecuente aumento en el desempeño integral de las firmas. De acuerdo con el reporte, hay siete áreas de trabajo que permitirían aumentar la productividad en el sector de la construcción entre 50% y 60%. Estos factores podrían ser potencializados a través de estrategias complementarias que movilicen al sector en una lógica de estandarización y procesos de manufactura, y lo alejaran del tradicional concepto de ejecución y gestión individual de proyectos.

El primer elemento clave sobre el que se debe repensar la productividad en el sector de la construcción tiene que ver con redefinir la regulación y aumentar la transparencia, en el sentido de racionalizar los trámites y los procesos de aprobación requeridos. El segundo está relacionado con renovar la estructura contractual entre desarrolladores y subcontratistas, de tal modo que cambie el esquema tradicional basado en evaluación por costos, hacia un modelo que integre de manera efectiva el trabajo colaborativo, la solución de problemas y la planificación integrada, tal y como se establece en los esquemas IPD (Integrated Project Delivery).

El tercer aspecto sobre el cual se pueden generar avances sustanciales en la productividad tiene que ver con una nueva concepción en los procesos de diseño e ingeniería de los proyectos. La estandarización de diseños y procesos constructivos que no requieren definiciones a la medida de cada proyecto, que puedan ser replicables de manera regular y que permitan minimizar la ejecución en sitio, pueden contribuir al aumento en la productividad. También el reporte del MGI menciona que mejorar el proceso de compra y provisión de insumos mediante una mezcla de mejores prácticas replicables de otras industrias, la inclusión de procesos de digitalización en la selección de proveedores y la centralización de ciertas acciones en el proceso de compras, pueden tener beneficios en tiempo, transparencia y menor precio por mayor escala.

 En una dirección similar, se recomienda mejorar los procesos de ejecución en obra mediante la implementación de sistemas de planificación rigurosos como Last Planner System, los cuales permiten que las actividades claves se desarrollan en tiempo y presupuestalmente alineadas. A esto se debe sumar la definición de indicadores claves de productividad que mejoren la relación entre desarrolladores y sub­-contratistas; con acciones complementarias en la articulación eficiente de procesos mediante la filosofía Lean de tal forma que se pueda minimizar la variabilidad en los rendimientos y reducir las pérdidas.

Por último, se describen dos factores fundamentales para aumentar la productividad en el sector. Por un lado, incrementar los procesos de adopción de nueva tecnología que pueden ir desde el modelaje a través de procesos de 5D Building Information Modeling, hasta el uso de técnicas avanzadas de análisis derivadas del internet de las cosas, los cuales facilitan el monitoreo, diagnóstico e intercambio de información en los procesos de planificación y ejecución de las obras. Por otro lado, se plantea el fortalecimiento de las habilidades y formación de la fuerza laboral, en relación con el uso de las últimas tecnologías y herramientas digitales, y el diseño de programas de aprendizaje y estabilidad laboral para los trabajadores.

 Estas acciones pueden desarrollarse de manera simultánea desde el enfoque empresarial, sectorial y de política pública. Ejemplos de programas para su implementación han sido bien documentados en países como China, Australia, Bélgica, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, entre otros. Romper la inercia de baja productividad debe ser una apuesta integral que permita acelerar la trasformación del sector en línea con el avance que otros sectores productivos vienen dando. 

 [1] http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/reinventing-construction-through-a-productivity-revolution

2 de octubre Por Edwin Chirivi Bonilla, Director de Estudios Económicos y Proyectos Estratégicos de Camacol

Los sismos de México y los constructores

25 de septiembre del 2017.  Por Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora.

Los sismos han azotado al continente americano desde tiempos ancestrales, sus efectos devastadores se han presentado lo mismo en San Francisco que en Chile, lo mismo en Perú que en Nicaragua y Argentina.

El mes de septiembre del 2017  México fue  sacudido violentamente por  dos terremotos ( hasta el día 19 )  que tienen en el desamparo a  miles de  familias en el sur de nuestro  país, así como en la Ciudad de México (CDMX).

El 7 de septiembre un terremoto de 8.2 grados – el más fuerte en los últimos cien años–  afectó a  la CDMX  y  los  tres estados sureños de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, entidades cuya accidentada orografía montañosa  ha dificultado las labores de rescate;  y nuevamente el 19 de septiembre – como hace 32 años-  la capital de nuestro país  y  los  estados vecinos de Morelos y Puebla sufrieron un terremoto de 7.1 en la escala de Richter.

Para dimensionar  la grave problemática generada por los efectos de los dos sismos comparto estos datos duros… muy duros:  fallecieron 407 personas –pérdidas irreparables a diferencia de las materiales-,  135 mil edificaciones han sido afectadas;  se estima hasta el momento que cerca de 50 mil inmuebles fueron considerados como pérdida total,  y  solo en el sur de México se estima que 2 millones 500 mil personas perdieron sus casas.

La infraestructura educativa mexicana sufrió la devastación de 7,398 escuelas;  por su parte  La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empresa responsable de suministrar la energía en México informó que el 32% del  territorio nacional fue afectado por cortes de energía.

La respuesta de todos los sectores socio-económicos de México, así como de los tres niveles de gobierno: federación, estado y municipio, ha sido inmediata.

Ante una enorme presión social de la opinión pública nacional, un considerable porcentaje de los montos económicos (Prerrogativas)  que recibirán los partidos políticos para los gastos de las campañas  electorales del 2018, que incluyen la Presidencia, 128  Senadores, 500 Diputados federales y 2, 818 alcaldes,  se planea será  destinado a la atención de la tragedia.

Debo señalar que los 7 partidos políticos en México recibirán del gobierno federal  en el 2018  6 mil 778 millones de pesos  (aproximadamente 388 millones de dólares)  para el financiamiento de las campañas electorales, presupuesto aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los partidos políticos en un ejercicio de responsabilidad social respondieron de manera favorable, seguramente considerando la delicada situación.

Por nuestra parte los constructores afiliados a  las 44 delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  distribuidas en el amplio  territorio nacional, estamos participando activamente en las labores de rescate en esta tragedia, cumpliendo con los protocolos que  CMIC ha establecido con la Secretaría de Gobernación  y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) fundada precisamente hace 32 años a partir del terremoto de 1985: sistema que ha contribuido a enfrentar con mayor efectividad y profesionalismo  los desastres como el que padecemos.

Uno de nuestros compromisos  como constructores es actuar directamente con la participación de los  trabajadores y  la maquinaria pesada de nuestras constructoras para remover los  escombros, pero cuidando en todo momento que no haya una sola persona atrapada.

Ciertamente que  el reto para los  constructores mexicanos representa una elevada responsabilidad, pues implica la reconstrucción de la infraestructura que ha sido fuertemente dañada.

Una de las acciones que nuestro Presidente Nacional de CMIC Lic. Gustavo Arballo Luján ha emprendido junto con los dirigentes de  organismos de la iniciativa privada  como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, y la Asociación de Bancos de México entre otros:  el 20 de septiembre –  un día después del temblor-  crearon el Fideicomiso Fuerza México, con el objetivo de canalizar los donativos y aportaciones de personas, organismos y empresas para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos.

Ante la situación de emergencia que vive nuestro país, el propio Lic. Arballo quien ha visitado personalmente varias de las zonas afectadas,  ha hecho un llamado para propiciar las necesarias modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, puesto que las reparaciones son inversiones que no estaban contempladas  y  que son absolutamente necesarias para enfrentar la reconstrucción de dichas zonas.

En las delegaciones de CMIC  hemos establecido  centros  de acopio para recibir y canalizar equipos que son indispensables para enfrentar la contingencia, como: palas, picos, barrenos, cascos, guantes de carnaza, cuerdas, mazos y carretillas.

Debo reconocer y agradecer la noble solidaridad que han mostrado para nuestro país las brigadas internacionales de rescate de Israel, El Salvador,  EEUU, Honduras, Japón, Panamá, Ecuador, Honduras,  España, Francia, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica y Perú, entre otras, que de manera incansable, de día y de noche, se han unido a nuestros brigadistas mexicanos, el Ejército y la Marina Nacional, la Cruz Roja  y  los miles de voluntarios anónimos, para todos juntos salvar la vida a miles de mexicanos. Diversas cámaras de la FIIC hicieron llegar su solidaridad y muestras de condolencias a la CMIC, que también valoramos y agradecemos.

¡Gracias!

Los constructores mexicanos responderemos con todo el profesionalismo que caracteriza a nuestro gremio por iniciar  de inmediato  las labores de reconstrucción que nuestra infraestructura nacional requiere.

En estos momentos y  más que nunca, nuestro país nos necesita.

Tengo  la  plena  convicción que nuestro México saldrá nuevamente adelante. Los mexicanos lo hemos comprobado en el pasado, lo haremos una vez más en el presente.

¡Que así sea!

25 de septiembre del 2017 Por Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sonora.

 

Ley de infraestructura: en marcha en Colombia ( 2ª. Parte )

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Nota: continuamos con la  2ª. parte y final del artículo de CCI. Aquí la primera parte:  http://fiic.la/blog/2017/09/04/ley-de-infraestructura-en-marcha-en-colombia-1a-parte/

 

Cuestionamientos a la ley 1682 de 2013

Otra vuelta de tuerca acontece con las censuras endilgadas a la Ley de Infraestructura. Los reproches son tan puntuales que, pudieran parecer un memorial de agravios, sin embargo, las reflexiones en torno a los asuntos problemáticos son una invitación a los distintos actores a repensar los aspectos regulados en la ley y a deliberar sobre las herramientas adicionales para no desfallecer en el intento de tener un ordenamiento jurídico adecuado a los requerimientos que demanda la realidad nacional.

¿Hemos avanzado en la solución de los problemas que aquejaron a los contratos anteriores? O en otras palabras: ¿ha servido la ley 1682 de 2013 en la solución de los problemas identificados por el panel asesor? A partir de lo ya mencionado, la conclusión a la interrogante es un “sí condicionado”.

Y los condicionamientos devienen en las siguientes razones:

Asuntos pendientes de resolver

Los temas arqueológicos se han convertido en el nuevo fantasma de las ejecuciones contractuales y sus quehaceres resultan de muy difícil manejo por parte de los ejecutores.

La licencia y los trabajos se asignan a un arqueólogo y no al proyecto, ello perjudica los avances en la ejecución pues los criterios y los métodos del experto en arqueología no son cuestionables por el contratista.

Pese a que el Icanh ostenta una competencia genérica en el resguardo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, las actividades específicas como extracción y custodia están bajo la responsabilidad de un profesional, a diferencia de lo que acontece con las licencias ambientales que son del resorte del concesionario.

La propuesta es que la licencia se asigne al proyecto y que las actividades de extracción y custodia sean ejercidas por profesionales subordinados al proyecto, pero con la supervisión del experto delegado por el Icanh.

En consulta previa: producto y trámite necesario en materia ambiental, seguimos pendientes de la Ley Estatutaria que determine las causales para proceder a su trámite, las reglas procedimentales, las obligaciones que deben asumirse en el marco de un contrato, los responsables en tramitarla y quién debe de asumir sus costos, entre otros.

Las entidades estatales deben aplicar la ley y utilizar la expropiación en sede administrativa, las razones particulares son:

  1. las entidades contratantes tienen mayor nivel de experticia de la gestión y la adquisición de predios, ello redunda en beneficio de la concentración de las actividades prediales.
  1. B) En la sede administrativa se agilizaría la disponibilidad y la adquisición predial, quedando en discusión los efectos económicos pretendidos por los interesados. 

Temas a medio camino

Predial: hoy quedan sobre la mesa temas como:

  1. A) nivel de comprensión de los jueces y los funcionarios sobre el alcance pretendido con la ley de infraestructura
  2. B) existencia de personal disponible para llevar a cabo la tarea titánica de atender los requerimientos de los contratos que se adjudiquen.
  3. C) La necesidad de complementar lo concerniente al saneamiento predial.

Traslado de las redes: aunque el motivo de la ley fue dotar a los proyectos de una vía jurídica para solucionar la superposición del proyecto con la red existente, en la práctica se observan diferencias entre los concesionarios y los propietarios de la red de quien asume los costos y la responsabilidad. Igualmente, hay problemas con la certeza de la red a la que se traslada.

 Normativo: se empezó a observar una nueva atomización normativa en temas de infraestructura, prueba de ello es la reglamentación normativa e institucional por parte de las entidades contratantes, proceder que va en contra de la ley, contrato y de lo aconsejado por la comisión de expertos.

 Ambiental: es necesario definir el concepto de rondas de ríos y cuáles son las franjas que integran dicha área. La anterior fijación incide en la determinación de los predios que se ubican en dichos sectores. Aun cuando el asunto tiene un carácter mixto, la definición es de competencia de la Autoridad Ambiental, pero al parecer no son claros los límites y las capacidades del Anla y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Temas nuevos

Tributario: las recientes reformas tributarias y la expedición del marco regulatorio han acrecentado la desconfianza en torno a la seguridad jurídica de los contratos, pues pese a que se han incorporado reglas para el manejo de la transición y del riesgo tributario, las mismas no se están aplicando, y en el corto plazo adquirir más deuda para atender la nueva tarifa es complejo.

Administrativo: ausencia de respuesta oportuna con ocasión de la transformación institucional del Incoder a la ANT, lo cual impacta los plazos del contrato. Falta de entrega de información por parte del Incoder para los estudios de títulos.  La información que reposa en Catastro, Incoder y Registro se encuentra desactualizada. La falta de apoyo por parte de las autoridades locales frente a las ocupaciones ilegales, entidades que se niegan a practicar desalojos y restituciones, conforme lo ordena la ley, cuando es requerido por el contratista.

Antes de poner punto final, es importante insistir en la importancia y necesidad de una adecuada gestión contractual por parte de las entidades contratantes, en aras de articular la institucionalidad del sector público y de interpretar correctamente las normas y contratos.

Para finalizar, pese a que las consideraciones en uno y otro sentido resulten dividas, lo que parece positivo a partir de la expedición de la ley 1682 de 2013, es que hay avances en las materias y que el terreno ganado no se puede perder por consideraciones y tintes particulares o simplistas, la senda está marcada y será necesaria la participación de los actores interesados para seguirla construyéndola en beneficio de la visión país.

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Ley de infraestructura: en marcha en Colombia. (1a. parte)

4 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

El próximo 22 de noviembre se cumplen cuatro años de la expedición de la Ley 1682 de 2013, conocida como la Ley de Infraestructura. Junto con la Ley 1508 de 2012, se convirtieron en los dos marcos normativos de referencia del Gobierno para lograr que la locomotora de la infraestructura avanzara. Hoy cuatro años después de la puesta en vigencia, las percepciones sobre ella son diferentes y los interrogantes aún subsisten.

 Las concesiones más importantes en Colombia, hasta la expedición de la ley de Asociaciones Público Privada, fueron los proyectos viales adjudicados de primera, segunda y tercera generación de concesiones, las concesiones portuarias y los contratos para la modernización del Aeropuerto El Dorado.

La primera generación vial vio la luz en el mandato del Presidente César Gaviria, quien no solo intentó definir una política pública en materia de transporte con la elaboración del documento Conpes 2597 de 1992, sino además propició la creación de un marco jurídico con la expedición de las leyes 80 y 105 de 1993 para el otorgamiento de proyectos de infraestructura. Las restantes generaciones de Concesiones fueron estructuradas y adjudicadas durante los gobiernos de los presidentes Samper, Pastrana y Uribe.

No obstante la buena intención de las iniciativas adjudicadas, la crisis económica mundial de los años 98 y 99 precipitó el surgimiento de las controversias contractuales e hizo patente los palos en la rueda que atravesaban los contratos de la primera generación.

Ello trajo como consecuencia que los proyectos de concesión transitaran por momentos complicados en el lapso del 2000 al 2005, pues durante este interregno en los primeros tribunales de arbitramento, acontecieron las primeras reestructuraciones de dichos contratos y se lograron salidas conciliadas a algunos de los asuntos de carácter litigioso.

Pese a los esfuerzos de las partes para recomponer el camino y marchar por una senda más optimista, los sucesos acontecidos durante esos años evidenciaron que los temas que afectaron a las concesiones, lejos de mitigarse, parecieron incrementarse. Las problemáticas asociadas a la adquisición predial, al licenciamiento de obras, a la aceptación social de los proyectos y al trámite de consultas previas aparecieron durante cada uno de los contratos de las generaciones siguientes; eventos que retrasaron los cronogramas de obra e incidieron en el cumplimiento de los plazos de las etapas de construcción.

Los anteriores sucesos no solo han sido mencionados en la literatura especializada sobre el tema, sino también fueron tratados en los documentos Conpes 3107 y 3133 de 2001, 3413 de 2006 y 3571 de 2007, entre otros.

Como consecuencia de la supervención de los eventos antes descritos, surgió una percepción generalizada de mejorar el modelo concesional y de infraestructura. Las situaciones observadas repercutían negativamente en la competitividad, constituyéndose así como un obstáculo para el desarrollo económico.

El estado de cosas y la comisión de expertos

 Durante su campaña política a la presidencia, Juan Manuel Santos enfatizó que su programa de gobierno en materia económica tendría como objetivos fundamentales buscar dinamizar la economía nacional a partir de la exploración y explotación de recursos  naturales en el territorio colombiano, la promoción de Colombia como un estado sólido y con incentivos para inversiones a largo plazo y con la armonización entre los sectores productivos, el desarrollo ambiental sostenible y la responsabilidad social empresarial.

Asimismo, promovería el crecimiento económico a partir de la integración logística, buscando, principalmente, integrar las distintas regiones de Colombia, y estas a su vez con el exterior.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 identificó cinco sectores claves para lograr los objetivos propuestos en campaña:

+ Innovación

+ Sector agropecuario

+ Vivienda

+ Infraestructura

+ Sector minero-energético.

El Gobierno Nacional consciente de los atrasos en materia de infraestructura y de los contratiempos sufridos por las concesiones viales, buscó establecer un diagnóstico del sector y trazar una estrategia para poner en marcha la “locomotora de la infraestructura”. En otras palabras, conocer y resolver los intríngulis que resultaban de vital importancia para el sector.

Una primera medida fue tramitar en el Congreso la Ley de Asociaciones Público Privada para modernizar el esquema tradicional de colaboración entre los sectores público y privado. Luego, vino la convocatoria a un selecto grupo de expertos para que evaluaran y discutieran sobre las causas del atraso y los obstáculos de la infraestructura de transporte y a su vez plantearan alternativas y sugerencias para la solución de dichas problemáticas.

La Comisión de Infraestructura, nombre dado a la misión de expertos, identificó los principales cuellos de botella y planteó una serie de alternativas a las dificultades identificadas. Las conclusiones del estudio fueron consignadas en un informe del año 2012, en donde, a grandes rasgos, establecieron un listado de los problemas y un bloque de cuatro ejes temáticos con recomendaciones a seguir:

Entre las situaciones problemáticas identificadas se encuentran:

+Adquisición predial

+ Expropiación en sede judicial

+ Tramites de consultas previas

+Licenciamiento ambiental

+Financiamiento de proyectos

+ Atomización normativa en materia de infraestructura de transporte.

+Ausencia de articulación de las entidades del Estado (nivel nacional y nivel local).

A la par, agruparon las recomendaciones en cuatro ejes temáticos: arquitectura institucional, ajuste al marco normativo, estructuración y adjudicación de proyectos de participación privada en infraestructura y financiación de proyectos.

Fruto de las recomendaciones de la comisión, surgieron las implementaciones de las leyes 1682 de 2013, mejor conocida como Ley de Infraestructura, y 1742 de 2014 y sus decretos reglamentarios. Las medidas de corte jurídico pretenden contrarrestar las deficiencias del orden y gestión contractual, predial, ambiental, redes y superposición de proyectos con títulos mineros, todos identificados en el informe. En otras palabras, las normas mencionadas son mecanismos legales para mitigar los principales cuellos de botella identificados por el panel.

Balance

Hoy casi cuatro años después, al hacer un corte cuentas, el balance parece arrojar un saldo equitativo, sin embargo, la objetividad de los datos presenta un saldo de uno a cero a favor de la ley, veamos:

En normatividad y competencia: la ley 1682 de 2013 brindó un marco se concretó la participación de entidades como el Igacc, Cisa, los jueces, los operadores y dueños de las redes y el ministerio de transporte en relación con los proyectos.

 En materia predial: se presentó un avance significativo con el saneamiento predial automático derivado de la declaratoria de utilidad pública de los proyectos.

Las disposiciones normativas pretenden resolver, de un solo tajo, la indefinición existente en relación con predios de historial registral dudoso.

Así, otro logro significativo en este ámbito, es el concerniente a la cualificación que se le otorga al avalúo y los peritos valuadores, limitando la participación en esta actividad a posibles especuladores y a personas que carecen de experticia.

 En materia ambiental: se estableció un parámetro por ajustes y cambios menores en la licencia ambiental, ello sometido a que las obras impliquen impactos ambientales adicionales, regla que evita, en teoría, que los contratistas incurran en trámites largos y engorrosos.

 En materia de traslado de redes: la idea de incorporar reglas para determinar obligaciones y competencias en el traslado de redes resultó novedosa en relación con anteriores ordenamientos, lo anterior, sin perjuicio de que en la práctica se estén presentando inconvenientes entre contratista y titulares de la red.

 En los asuntos mineros: atendiendo los derechos de los mineros, el otorgar prioridad en el acceso al material de cantera y de construcción a los proyectos resulta de gran significado, ya que garantiza un suministro regular de materiales para la obra.

Antes de formular reflexiones sobre los escollos que la Ley de infraestructura no solventa, resulta importante comparar algunas de las afirmaciones mencionadas anteriormente con los resultados de la encuesta realizada por la CCI a los concesionarios que padecen el día a día de la norma en sus proyectos. A grandes rasgos, el panorama resulta positivo, aunque falta mucho:

En expropiación de predios: la percepción de quienes piensan que hay mejoras y quienes consideran que la mejora es leve presenta un empate del 48% cada uno.

Adquisición de predios: los resultados son 39% pero hay una mejora y 43% para quienes estiman la mejora como leve.

 En licenciamiento ambiental: la mejora se percibe con un 52%.

En consulta previa y traslado de redes: los datos obtenidos no son buenos, hay un sector con un 35% que afirma no haber mejoras y otro grupo con 52% que considera que las mejoras apenas son leves.

Nota: por razones de espacio la Comisión Editorial del portal de FIIC decidió segmentar en dos secciones la colaboración de CCI.

4 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.