Por Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
La industria de la construcción enfrenta actualmente, en Argentina, un período de crecimiento gradual y en aceleración, lo que ha posibilitado una reversión de la etapa de contracción de la actividad, que había regido en 2016.
El sector se ha recuperado en 2017, tras un ejercicio precedente de gran caída. Así, la actividad de la construcción ha demostrado, una vez más, su capacidad de reacción, generando actividad en todos los sectores económicos y creando empleo en forma rápida. Esto posibilitó recuperar, prácticamente, los planteles que habían mermado en la etapa previa a la reactivación.
Para el actual período 2018, la inversión pública nacional en infraestructura será acompañada por un nuevo diseño del negocio al que apuesta claramente el Gobierno. Se trata del PPP, el programa de Participación Pública y Privada.
En cuanto a las previsiones presupuestarias en sí, este año serán similares a las de 2017, por lo que habrá que tener en cuenta, claramente, el impacto de los índices de precios como el IPC, que marcan un alza anual de alrededor de 25 por ciento. En ese marco, se apuesta a que los proyectos de PPP puedan canalizar parte de los fondos que se requieren para continuar con la evolución de las obras de infraestructura.
Institucionalmente, la Cámara Argentina de la Construcción apoya estos esquemas, pues el aporte privado permitirá concretar proyectos que de otra forma se verían pospuestos, pero estima que su puesta en marcha demandará más tiempo que el esperado por el Gobierno y llevará a un 2018 con menor producción, por ejemplo, de obra vial. Quizás a partir de 2019 ya podrá verificarse en la realidad la influencia de las PPP en el mapa de obras.
Dentro de los principales sectores que adquieren una particular significación en cuanto a la inversión, se encuentra agua y saneamiento, priorizada por el Gobierno, pero que depende en gran medida, de créditos a obtener internacionalmente por la agencia pública que lleva a cabo los proyectos.
En cambio, progresan satisfactoriamente las inversiones en energías alternativas, con esquemas PPA (acuerdos de compra de energía futura). Las licitaciones convocadas para estos esquemas han recibido ofertas por dos o tres veces la capacidad requerida.
Entendemos que para ese éxito ha sido determinante que cada contrato sea de monto más reducido, más adecuado al mercado local, y con esquemas inteligentes de garantías al inversor que, en principio, incluyeron una garantía subsidiaria del Banco Mundial.
A largo plazo, en Argentina, como en el resto del mundo, se requerirá una muy importante inversión en infraestructura. La brecha crece en todo el mundo por la aparición de nuevas necesidades, por el acceso de nuevas capas de población a las ciudades y a los servicios y por el deterioro de las infraestructuras existentes por el uso intensivo derivado de los puntos anteriores.
Además serán necesarias inversiones para frenar el cambio climático y prevenir y mitigar los efectos de los desastres naturales.
Para concretar esas obras, el problema es esencialmente financiero pero creemos que las autoridades y la sociedad van convenciéndose, cada día más, de la urgencia de invertir en infraestructura, para asegurar y mejorar la calidad de vida de la población y generar una productividad que permita pagar la inversión realizada.
Desde la Cámara Argentina vemos al 2018 con optimismo y, como lo mencionamos anteriormente, quizás con un crecimiento ya no impulsado por la obra pública, sino por la inversión privada.
Esta debería activarse fuertemente por la aparición del crédito hipotecario al comprador de viviendas. El mercado de préstamos para unidades habitacionales prácticamente no existía en Argentina, pese a la vieja tradición del país en la materia y ha logrado quintuplicarse durante 2017, luego de la implementación de créditos en Unidades de Cuenta ajustables (UVAs).
Esa masa de crédito, orientada hasta ahora a la compra de unidades usadas, deberá aplicarse a generar una oferta de viviendas nuevas, para evitar una burbuja, es decir, una tendencia al aumento del precio de las unidades en oferta. Nuestra Institución trabaja para generar mecanismos que permitan el financiamiento de nuevos desarrollos.
En la Cámara tenemos como desafío para 2018 conseguir una transición ordenada de un sistema basado en la inversión estatal a otro en el que tenga creciente infuencia la inversión privada.
Creemos que será fundamental que estos cambios no afecten el empleo y la actividad, sobre todo en el interior del país y que dé tiempo a la adaptación de las empresas constructoras de vivienda social para convertirse en desarrolladores.
La paulatina merma, en las últimas décadas, de las políticas de crédito hipotecario derivó en el país en una profunda crisis habitacional, necesitándose, para revertirla, de una marcada convicción y aceptación social de los mecanismos tipo UVA, que en otros mercados ya están maduros y en vigencia desde hace tiempo, como es el caso de Chile y de otros países del propio continente.
Sería fundamental que Argentina se sume con mayor énfasis a estas líneas de acción, de modo de achicar la brecha que se ha abierto en la sociedad, impidiendo a gran parte de ella el acceso a viviendas dignas.
De ratificarse esta tendencia, se atendería a un perfil fundamental de la industria de la construcción, el vinculado a las obras de aporte directo al desarrollo social, que no tiene por qué realizarse a expensas del freno de las grandes obras públicas, que también, como dijimos, son necesarias para consolidar la evolución del país.
Ing. Domingo Lara. Dólar Especialidades de la Construcción. (México)
