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Los sismos de México y los constructores

25 de septiembre del 2017.  Por Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora.

Los sismos han azotado al continente americano desde tiempos ancestrales, sus efectos devastadores se han presentado lo mismo en San Francisco que en Chile, lo mismo en Perú que en Nicaragua y Argentina.

El mes de septiembre del 2017  México fue  sacudido violentamente por  dos terremotos ( hasta el día 19 )  que tienen en el desamparo a  miles de  familias en el sur de nuestro  país, así como en la Ciudad de México (CDMX).

El 7 de septiembre un terremoto de 8.2 grados – el más fuerte en los últimos cien años–  afectó a  la CDMX  y  los  tres estados sureños de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, entidades cuya accidentada orografía montañosa  ha dificultado las labores de rescate;  y nuevamente el 19 de septiembre – como hace 32 años-  la capital de nuestro país  y  los  estados vecinos de Morelos y Puebla sufrieron un terremoto de 7.1 en la escala de Richter.

Para dimensionar  la grave problemática generada por los efectos de los dos sismos comparto estos datos duros… muy duros:  fallecieron 407 personas –pérdidas irreparables a diferencia de las materiales-,  135 mil edificaciones han sido afectadas;  se estima hasta el momento que cerca de 50 mil inmuebles fueron considerados como pérdida total,  y  solo en el sur de México se estima que 2 millones 500 mil personas perdieron sus casas.

La infraestructura educativa mexicana sufrió la devastación de 7,398 escuelas;  por su parte  La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empresa responsable de suministrar la energía en México informó que el 32% del  territorio nacional fue afectado por cortes de energía.

La respuesta de todos los sectores socio-económicos de México, así como de los tres niveles de gobierno: federación, estado y municipio, ha sido inmediata.

Ante una enorme presión social de la opinión pública nacional, un considerable porcentaje de los montos económicos (Prerrogativas)  que recibirán los partidos políticos para los gastos de las campañas  electorales del 2018, que incluyen la Presidencia, 128  Senadores, 500 Diputados federales y 2, 818 alcaldes,  se planea será  destinado a la atención de la tragedia.

Debo señalar que los 7 partidos políticos en México recibirán del gobierno federal  en el 2018  6 mil 778 millones de pesos  (aproximadamente 388 millones de dólares)  para el financiamiento de las campañas electorales, presupuesto aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los partidos políticos en un ejercicio de responsabilidad social respondieron de manera favorable, seguramente considerando la delicada situación.

Por nuestra parte los constructores afiliados a  las 44 delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  distribuidas en el amplio  territorio nacional, estamos participando activamente en las labores de rescate en esta tragedia, cumpliendo con los protocolos que  CMIC ha establecido con la Secretaría de Gobernación  y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) fundada precisamente hace 32 años a partir del terremoto de 1985: sistema que ha contribuido a enfrentar con mayor efectividad y profesionalismo  los desastres como el que padecemos.

Uno de nuestros compromisos  como constructores es actuar directamente con la participación de los  trabajadores y  la maquinaria pesada de nuestras constructoras para remover los  escombros, pero cuidando en todo momento que no haya una sola persona atrapada.

Ciertamente que  el reto para los  constructores mexicanos representa una elevada responsabilidad, pues implica la reconstrucción de la infraestructura que ha sido fuertemente dañada.

Una de las acciones que nuestro Presidente Nacional de CMIC Lic. Gustavo Arballo Luján ha emprendido junto con los dirigentes de  organismos de la iniciativa privada  como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, y la Asociación de Bancos de México entre otros:  el 20 de septiembre –  un día después del temblor-  crearon el Fideicomiso Fuerza México, con el objetivo de canalizar los donativos y aportaciones de personas, organismos y empresas para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos.

Ante la situación de emergencia que vive nuestro país, el propio Lic. Arballo quien ha visitado personalmente varias de las zonas afectadas,  ha hecho un llamado para propiciar las necesarias modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, puesto que las reparaciones son inversiones que no estaban contempladas  y  que son absolutamente necesarias para enfrentar la reconstrucción de dichas zonas.

En las delegaciones de CMIC  hemos establecido  centros  de acopio para recibir y canalizar equipos que son indispensables para enfrentar la contingencia, como: palas, picos, barrenos, cascos, guantes de carnaza, cuerdas, mazos y carretillas.

Debo reconocer y agradecer la noble solidaridad que han mostrado para nuestro país las brigadas internacionales de rescate de Israel, El Salvador,  EEUU, Honduras, Japón, Panamá, Ecuador, Honduras,  España, Francia, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica y Perú, entre otras, que de manera incansable, de día y de noche, se han unido a nuestros brigadistas mexicanos, el Ejército y la Marina Nacional, la Cruz Roja  y  los miles de voluntarios anónimos, para todos juntos salvar la vida a miles de mexicanos. Diversas cámaras de la FIIC hicieron llegar su solidaridad y muestras de condolencias a la CMIC, que también valoramos y agradecemos.

¡Gracias!

Los constructores mexicanos responderemos con todo el profesionalismo que caracteriza a nuestro gremio por iniciar  de inmediato  las labores de reconstrucción que nuestra infraestructura nacional requiere.

En estos momentos y  más que nunca, nuestro país nos necesita.

Tengo  la  plena  convicción que nuestro México saldrá nuevamente adelante. Los mexicanos lo hemos comprobado en el pasado, lo haremos una vez más en el presente.

¡Que así sea!

25 de septiembre del 2017 Por Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sonora.

 

Ley de infraestructura: en marcha en Colombia ( 2ª. Parte )

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Nota: continuamos con la  2ª. parte y final del artículo de CCI. Aquí la primera parte:  http://fiic.la/blog/2017/09/04/ley-de-infraestructura-en-marcha-en-colombia-1a-parte/

 

Cuestionamientos a la ley 1682 de 2013

Otra vuelta de tuerca acontece con las censuras endilgadas a la Ley de Infraestructura. Los reproches son tan puntuales que, pudieran parecer un memorial de agravios, sin embargo, las reflexiones en torno a los asuntos problemáticos son una invitación a los distintos actores a repensar los aspectos regulados en la ley y a deliberar sobre las herramientas adicionales para no desfallecer en el intento de tener un ordenamiento jurídico adecuado a los requerimientos que demanda la realidad nacional.

¿Hemos avanzado en la solución de los problemas que aquejaron a los contratos anteriores? O en otras palabras: ¿ha servido la ley 1682 de 2013 en la solución de los problemas identificados por el panel asesor? A partir de lo ya mencionado, la conclusión a la interrogante es un “sí condicionado”.

Y los condicionamientos devienen en las siguientes razones:

Asuntos pendientes de resolver

Los temas arqueológicos se han convertido en el nuevo fantasma de las ejecuciones contractuales y sus quehaceres resultan de muy difícil manejo por parte de los ejecutores.

La licencia y los trabajos se asignan a un arqueólogo y no al proyecto, ello perjudica los avances en la ejecución pues los criterios y los métodos del experto en arqueología no son cuestionables por el contratista.

Pese a que el Icanh ostenta una competencia genérica en el resguardo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, las actividades específicas como extracción y custodia están bajo la responsabilidad de un profesional, a diferencia de lo que acontece con las licencias ambientales que son del resorte del concesionario.

La propuesta es que la licencia se asigne al proyecto y que las actividades de extracción y custodia sean ejercidas por profesionales subordinados al proyecto, pero con la supervisión del experto delegado por el Icanh.

En consulta previa: producto y trámite necesario en materia ambiental, seguimos pendientes de la Ley Estatutaria que determine las causales para proceder a su trámite, las reglas procedimentales, las obligaciones que deben asumirse en el marco de un contrato, los responsables en tramitarla y quién debe de asumir sus costos, entre otros.

Las entidades estatales deben aplicar la ley y utilizar la expropiación en sede administrativa, las razones particulares son:

  1. las entidades contratantes tienen mayor nivel de experticia de la gestión y la adquisición de predios, ello redunda en beneficio de la concentración de las actividades prediales.
  1. B) En la sede administrativa se agilizaría la disponibilidad y la adquisición predial, quedando en discusión los efectos económicos pretendidos por los interesados. 

Temas a medio camino

Predial: hoy quedan sobre la mesa temas como:

  1. A) nivel de comprensión de los jueces y los funcionarios sobre el alcance pretendido con la ley de infraestructura
  2. B) existencia de personal disponible para llevar a cabo la tarea titánica de atender los requerimientos de los contratos que se adjudiquen.
  3. C) La necesidad de complementar lo concerniente al saneamiento predial.

Traslado de las redes: aunque el motivo de la ley fue dotar a los proyectos de una vía jurídica para solucionar la superposición del proyecto con la red existente, en la práctica se observan diferencias entre los concesionarios y los propietarios de la red de quien asume los costos y la responsabilidad. Igualmente, hay problemas con la certeza de la red a la que se traslada.

 Normativo: se empezó a observar una nueva atomización normativa en temas de infraestructura, prueba de ello es la reglamentación normativa e institucional por parte de las entidades contratantes, proceder que va en contra de la ley, contrato y de lo aconsejado por la comisión de expertos.

 Ambiental: es necesario definir el concepto de rondas de ríos y cuáles son las franjas que integran dicha área. La anterior fijación incide en la determinación de los predios que se ubican en dichos sectores. Aun cuando el asunto tiene un carácter mixto, la definición es de competencia de la Autoridad Ambiental, pero al parecer no son claros los límites y las capacidades del Anla y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Temas nuevos

Tributario: las recientes reformas tributarias y la expedición del marco regulatorio han acrecentado la desconfianza en torno a la seguridad jurídica de los contratos, pues pese a que se han incorporado reglas para el manejo de la transición y del riesgo tributario, las mismas no se están aplicando, y en el corto plazo adquirir más deuda para atender la nueva tarifa es complejo.

Administrativo: ausencia de respuesta oportuna con ocasión de la transformación institucional del Incoder a la ANT, lo cual impacta los plazos del contrato. Falta de entrega de información por parte del Incoder para los estudios de títulos.  La información que reposa en Catastro, Incoder y Registro se encuentra desactualizada. La falta de apoyo por parte de las autoridades locales frente a las ocupaciones ilegales, entidades que se niegan a practicar desalojos y restituciones, conforme lo ordena la ley, cuando es requerido por el contratista.

Antes de poner punto final, es importante insistir en la importancia y necesidad de una adecuada gestión contractual por parte de las entidades contratantes, en aras de articular la institucionalidad del sector público y de interpretar correctamente las normas y contratos.

Para finalizar, pese a que las consideraciones en uno y otro sentido resulten dividas, lo que parece positivo a partir de la expedición de la ley 1682 de 2013, es que hay avances en las materias y que el terreno ganado no se puede perder por consideraciones y tintes particulares o simplistas, la senda está marcada y será necesaria la participación de los actores interesados para seguirla construyéndola en beneficio de la visión país.

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Ley de infraestructura: en marcha en Colombia. (1a. parte)

4 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

El próximo 22 de noviembre se cumplen cuatro años de la expedición de la Ley 1682 de 2013, conocida como la Ley de Infraestructura. Junto con la Ley 1508 de 2012, se convirtieron en los dos marcos normativos de referencia del Gobierno para lograr que la locomotora de la infraestructura avanzara. Hoy cuatro años después de la puesta en vigencia, las percepciones sobre ella son diferentes y los interrogantes aún subsisten.

 Las concesiones más importantes en Colombia, hasta la expedición de la ley de Asociaciones Público Privada, fueron los proyectos viales adjudicados de primera, segunda y tercera generación de concesiones, las concesiones portuarias y los contratos para la modernización del Aeropuerto El Dorado.

La primera generación vial vio la luz en el mandato del Presidente César Gaviria, quien no solo intentó definir una política pública en materia de transporte con la elaboración del documento Conpes 2597 de 1992, sino además propició la creación de un marco jurídico con la expedición de las leyes 80 y 105 de 1993 para el otorgamiento de proyectos de infraestructura. Las restantes generaciones de Concesiones fueron estructuradas y adjudicadas durante los gobiernos de los presidentes Samper, Pastrana y Uribe.

No obstante la buena intención de las iniciativas adjudicadas, la crisis económica mundial de los años 98 y 99 precipitó el surgimiento de las controversias contractuales e hizo patente los palos en la rueda que atravesaban los contratos de la primera generación.

Ello trajo como consecuencia que los proyectos de concesión transitaran por momentos complicados en el lapso del 2000 al 2005, pues durante este interregno en los primeros tribunales de arbitramento, acontecieron las primeras reestructuraciones de dichos contratos y se lograron salidas conciliadas a algunos de los asuntos de carácter litigioso.

Pese a los esfuerzos de las partes para recomponer el camino y marchar por una senda más optimista, los sucesos acontecidos durante esos años evidenciaron que los temas que afectaron a las concesiones, lejos de mitigarse, parecieron incrementarse. Las problemáticas asociadas a la adquisición predial, al licenciamiento de obras, a la aceptación social de los proyectos y al trámite de consultas previas aparecieron durante cada uno de los contratos de las generaciones siguientes; eventos que retrasaron los cronogramas de obra e incidieron en el cumplimiento de los plazos de las etapas de construcción.

Los anteriores sucesos no solo han sido mencionados en la literatura especializada sobre el tema, sino también fueron tratados en los documentos Conpes 3107 y 3133 de 2001, 3413 de 2006 y 3571 de 2007, entre otros.

Como consecuencia de la supervención de los eventos antes descritos, surgió una percepción generalizada de mejorar el modelo concesional y de infraestructura. Las situaciones observadas repercutían negativamente en la competitividad, constituyéndose así como un obstáculo para el desarrollo económico.

El estado de cosas y la comisión de expertos

 Durante su campaña política a la presidencia, Juan Manuel Santos enfatizó que su programa de gobierno en materia económica tendría como objetivos fundamentales buscar dinamizar la economía nacional a partir de la exploración y explotación de recursos  naturales en el territorio colombiano, la promoción de Colombia como un estado sólido y con incentivos para inversiones a largo plazo y con la armonización entre los sectores productivos, el desarrollo ambiental sostenible y la responsabilidad social empresarial.

Asimismo, promovería el crecimiento económico a partir de la integración logística, buscando, principalmente, integrar las distintas regiones de Colombia, y estas a su vez con el exterior.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 identificó cinco sectores claves para lograr los objetivos propuestos en campaña:

+ Innovación

+ Sector agropecuario

+ Vivienda

+ Infraestructura

+ Sector minero-energético.

El Gobierno Nacional consciente de los atrasos en materia de infraestructura y de los contratiempos sufridos por las concesiones viales, buscó establecer un diagnóstico del sector y trazar una estrategia para poner en marcha la “locomotora de la infraestructura”. En otras palabras, conocer y resolver los intríngulis que resultaban de vital importancia para el sector.

Una primera medida fue tramitar en el Congreso la Ley de Asociaciones Público Privada para modernizar el esquema tradicional de colaboración entre los sectores público y privado. Luego, vino la convocatoria a un selecto grupo de expertos para que evaluaran y discutieran sobre las causas del atraso y los obstáculos de la infraestructura de transporte y a su vez plantearan alternativas y sugerencias para la solución de dichas problemáticas.

La Comisión de Infraestructura, nombre dado a la misión de expertos, identificó los principales cuellos de botella y planteó una serie de alternativas a las dificultades identificadas. Las conclusiones del estudio fueron consignadas en un informe del año 2012, en donde, a grandes rasgos, establecieron un listado de los problemas y un bloque de cuatro ejes temáticos con recomendaciones a seguir:

Entre las situaciones problemáticas identificadas se encuentran:

+Adquisición predial

+ Expropiación en sede judicial

+ Tramites de consultas previas

+Licenciamiento ambiental

+Financiamiento de proyectos

+ Atomización normativa en materia de infraestructura de transporte.

+Ausencia de articulación de las entidades del Estado (nivel nacional y nivel local).

A la par, agruparon las recomendaciones en cuatro ejes temáticos: arquitectura institucional, ajuste al marco normativo, estructuración y adjudicación de proyectos de participación privada en infraestructura y financiación de proyectos.

Fruto de las recomendaciones de la comisión, surgieron las implementaciones de las leyes 1682 de 2013, mejor conocida como Ley de Infraestructura, y 1742 de 2014 y sus decretos reglamentarios. Las medidas de corte jurídico pretenden contrarrestar las deficiencias del orden y gestión contractual, predial, ambiental, redes y superposición de proyectos con títulos mineros, todos identificados en el informe. En otras palabras, las normas mencionadas son mecanismos legales para mitigar los principales cuellos de botella identificados por el panel.

Balance

Hoy casi cuatro años después, al hacer un corte cuentas, el balance parece arrojar un saldo equitativo, sin embargo, la objetividad de los datos presenta un saldo de uno a cero a favor de la ley, veamos:

En normatividad y competencia: la ley 1682 de 2013 brindó un marco se concretó la participación de entidades como el Igacc, Cisa, los jueces, los operadores y dueños de las redes y el ministerio de transporte en relación con los proyectos.

 En materia predial: se presentó un avance significativo con el saneamiento predial automático derivado de la declaratoria de utilidad pública de los proyectos.

Las disposiciones normativas pretenden resolver, de un solo tajo, la indefinición existente en relación con predios de historial registral dudoso.

Así, otro logro significativo en este ámbito, es el concerniente a la cualificación que se le otorga al avalúo y los peritos valuadores, limitando la participación en esta actividad a posibles especuladores y a personas que carecen de experticia.

 En materia ambiental: se estableció un parámetro por ajustes y cambios menores en la licencia ambiental, ello sometido a que las obras impliquen impactos ambientales adicionales, regla que evita, en teoría, que los contratistas incurran en trámites largos y engorrosos.

 En materia de traslado de redes: la idea de incorporar reglas para determinar obligaciones y competencias en el traslado de redes resultó novedosa en relación con anteriores ordenamientos, lo anterior, sin perjuicio de que en la práctica se estén presentando inconvenientes entre contratista y titulares de la red.

 En los asuntos mineros: atendiendo los derechos de los mineros, el otorgar prioridad en el acceso al material de cantera y de construcción a los proyectos resulta de gran significado, ya que garantiza un suministro regular de materiales para la obra.

Antes de formular reflexiones sobre los escollos que la Ley de infraestructura no solventa, resulta importante comparar algunas de las afirmaciones mencionadas anteriormente con los resultados de la encuesta realizada por la CCI a los concesionarios que padecen el día a día de la norma en sus proyectos. A grandes rasgos, el panorama resulta positivo, aunque falta mucho:

En expropiación de predios: la percepción de quienes piensan que hay mejoras y quienes consideran que la mejora es leve presenta un empate del 48% cada uno.

Adquisición de predios: los resultados son 39% pero hay una mejora y 43% para quienes estiman la mejora como leve.

 En licenciamiento ambiental: la mejora se percibe con un 52%.

En consulta previa y traslado de redes: los datos obtenidos no son buenos, hay un sector con un 35% que afirma no haber mejoras y otro grupo con 52% que considera que las mejoras apenas son leves.

Nota: por razones de espacio la Comisión Editorial del portal de FIIC decidió segmentar en dos secciones la colaboración de CCI.

4 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Intensa actividad de la Cámara Argentina de la Construcción

14 de agosto del 2017. Por Ing. Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

Han iniciado los preparativos para el LXXVII Consejo Directivo de FIIC y el 31° Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción FIIC, que se celebrará del  2  al  5 de octubre del  2017  en el que la Cámara Argentina de la Construcción será la anfitriona.

Se confirmaron las participaciones de altos funcionarios de BID, CAF, CII, Autoridad de Infraestructura de UK, Fundación Getulio Vargas, entre otros, además de la presencia de representantes de FIIC y CICA en diversos paneles.

Se tratarán temas relacionados a: Desarrollo Urbano, Movilidad Sustentable, Uso del Suelo, Infraestructura en Latinoamérica, Acceso al Mercado para Empresas de la Región y Promoción de las Medianas Empresas Latinoamericanas de Construcción.

Sobre el contexto geopolítico internacional, expondrá Nick Clegg, Ex Vice Primer Ministro Británico y Líder del Partido Liberal Democrático.

También se realizarán  paneles sobre la educación del futuro, con participación de representantes de FIIC, de la Cámara Argentina, y de autoridades públicas. Se contará además con destacados expositores internacionales como Alex Rovira, Cristóbal Cobo, Santiago Bilinkis.

En cuanto a otras actividades de la Cámara, destacamos las siguientes:

La labor de la Mesa Sectorial de la Vivienda, algo que la Cámara viene promoviendo desde sus comienzos, está dando sus frutos. Su trabajo derivó en la creación de planes oficiales de vivienda para sectores medios y para el financiamiento hipotecario.

Como siempre se están realizando presentaciones ante diversas comisiones del Poder Legislativo, en las que se discuten proyectos de ley de interés para el sector.

Al mismo tiempo, cada una de las áreas que componen la Cámara, lleva adelante diferentes iniciativas:

La Gerencia Técnica elabora informes, a partir de los cuales genera indicadores sobre actividad y costos. Este año, además, se complace en anunciar las nuevas herramientas digitales: la biblioteca documental, que reúne sus publicaciones más destacadas, y la app donde se pueden consultar los indicadores más importantes del sector.

La Gerencia, a su vez, coordina el Área de Pensamiento Estratégico (APE), que realiza estudios sobre temas como: la evolución de la productividad del sector, la producción en obra de la vivienda social y estudios de precios comparados con otros países a través de FIIC.

Otro trabajo significativo fue el perfeccionamiento de la propuesta de obras para la próxima década, mediante un análisis regional detallado sobre las necesidades de inversión. En ese sentido, se incluyen los proyectos “Pensar el Futuro” en la Provincia de Santa Fe y el Área Metropolitana de Buenos Aires, y las jornadas “Córdoba Piensa”.

Por otro lado, el programa APE Disruptivo busca ideas trascendentales que puedan generar un impacto social, y acompaña a los proyectos hasta su concreción. Se destaca el apoyo a investigaciones sobre:

  • “Filtros para la reducción del arsénico en el agua de consumo, en la región pampeana”.
  • “Filtros de bajo costo para el tratamiento de aguas para riego (con materiales sobrantes de construcción)”.

La Gerencia de Desarrollo e Integración coordina el trabajo de las Comisiones y la organización de la Convención y los Consejos Federales, donde se reúnen socios de todo el país. Este año, ya se celebró el primero en Mar del Plata y se está preparando el próximo en la ciudad de Santa Fe.

Esta Gerencia nuclea las áreas de InnovaciónEspacio PyME y Comunicación.

Respecto a la primera, podemos destacar el lanzamiento de Innovación Abierta, un concurso que busca soluciones innovadoras a las problemáticas comunes en la industria. También tuvo a su cargo un taller-seminario sobre innovación, que fue presentado en la Exposición Batev.

Dentro del Espacio PyME se están organizando desayunos de integración para socios de pequeñas y medianas empresas, los cuales les permiten establecer contacto con las autoridades de aplicación de los regímenes PyME.

La Comisión de Integración prepara actividades para jóvenes constructores con el objetivo de facilitar su integración a la actividad institucional. Una de sus iniciativas fue la organizaron de talleres sobre Planificación y Energía.

La Comisión, además, organizó cursos junto a las áreas institucionales de jóvenes de las entidades representativas de otros sectores productivos (Industria, Agro, Bolsa, Comercio, Bancos).

La Escuela de Gestión, por su parte, presenta una gran variedad de actividades de capacitación para las distintas necesidades del sector:

  • Educación Ejecutiva, con más de 100 cursos dictados anualmente para los cuerpos técnicos y profesionales de las empresas constructoras.
  • Pasión por construir, para jóvenes profesionales.
  • Puente de estudiar a construir, para estudiantes.
  • Proyecto Visión 2020, para jóvenes futuros dirigentes.

Al mismo tiempo es miembro y sede del BIM Forum Argentina, desde el cual busca promover la implementación de la herramienta BIM en nuestro país. Además tiene a su cargo el área de Investigación y desarrollo, y elaboró el Mapa de Competencias Laborales para empresas constructoras.

Otra actividad a destacar es la de Prospectiva, la cual preparó un estudio junto al gremio de los trabajadores, el Ministerio de Educación y el de Trabajo y la OIT, acerca de la posible evolución futura del trabajo en el sector, y las capacidades requeridas por los trabajadores. En base a estos resultados, se presentaron propuestas para la adecuación de la formación profesional.

A 81 años de su creación, la Cámara Argentina de la Construcción se esfuerza para estar activa, con el fin de mantener intacto el espíritu emprendedor de sus fundadores.

14 de agosto del 2017. Por Ing. Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

CAPAC, lo que somos y hacemos (1a. parte)

Junio 19, 2017. Por Ing. Iván de Ycaza, Presidente Ejecutivo de CAPAC

Nota de la redacción : Datos económicos de Panamá. Fuente Banco Mundial  

Población 3,929 millones 2015 / PIB $ 52.13 mil millones 2015 / Crecimiento del PIB 58% 2015 / Inflación 0.7 % / 2016

Hace 55 años un grupo de ingenieros fundó la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) como una organización sin fines de lucro con el objetivo de promover y desarrollar la industria de la construcción y defender los legítimos intereses de sus agremiados.

Transcurrido más de medio siglo, la CAPAC se ha constituido en el gremio más representativo y el líder indiscutible de nuestra industria, calificada con mucho realismo como la madre de todas las industrias. De la CAPAC dependen en la actualidad las proyecciones de la industria y darle sostenibilidad a la trascendencia que ha adquirido en los más variados aspectos de la vida nacional y en el crecimiento integral del país.

Solo hay que tomar en cuenta que la construcción fue el sector que más contribuyó al crecimiento de la economía panameña en la década del 2005 al 2015. Fue responsable del incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en esos años. Su aporte al PIB fue del 31.7%, seguido de la inversión pública con el 10.7%. El crecimiento promedio anual durante esa década fue del 19.4% en comparación con el crecimiento promedio del 6,9% de toda la economía.

El crecimiento del producto de la construcción también ha tenido un fuerte impacto en el empleo. De los 464,000 empleos nuevos creados en el país en la década del 2005 al 2015, el 17.7% lo generó la construcción.

Respecto a las remuneraciones pagadas a los asalariados, en el 2012 representó el 11.7%, es decir $1,265 millones del total de los salarios generados en la economía. Además fue responsable del 18.2%, es decir $287 millones, de las contribuciones sociales de los empleadores.

La actividad de la construcción tiene repercusión en el resto de la economía a través de las compras intermedias que realizan los agentes del sector para ejecutar sus actividades. Las compras intermediarias del 2013 representaron un 20.3% del total de las realizadas por el sector de la construcción. El efecto multiplicador que tiene la construcción es de $2.17 de producción por cada dólar invertido en el sector.

Sostenibilidad de la construcción

Como acciones institucionales podemos enumerar la creación de la Secretaría de Ambiente, unidad administrativa que tiene a su cargo la planificación y desarrollo de programas que garanticen la sustentabilidad de nuestras obras y de la industria que representamos.

La CAPAC cuenta con una Comisión de Ambiente que no solo promueve las buenas prácticas ambientales en la construcción, también ha organizado foros como el de adaptación al cambio climático y administración del recurso hídrico, y el de beneficios económicos, ambientales y sociales del desarrollo sostenible en la industria de la construcción.

Esos foros aportan nuevas ideas y diseños de construcción que facilitan la compatibilidad entre los servicios ambientales y las acciones humanas, con la intención de minimizar los impactos negativos en el entorno y potenciar el desarrollo social y económico.

Cada año celebramos cuatro simposios empresariales para analizar temas coyunturales que involucran el comportamiento de la economía nacional. Recientemente abordamos, al más alto nivel, la necesidad de la creación de alianzas público privadas como un mecanismo para desarrollar proyectos de infraestructura, energía, telecomunicaciones, edificios públicos y de servicio.

Este concepto rompe el esquema tradicional de financiamiento del Estado, porque el sector privado asume todo los riesgos en cuanto a construcción del proyecto, su presupuesto y tiempo de ejecución. Además el sector privado opera el proyecto manteniendo los estándares de calidad y precio acordados en el contrato.

La CAPAC participó por tercer año consecutivo en el Día Nacional de la Reforestación. Hemos aportado más de 1,500 plantones como fundadores de la Alianza del Millón, un programa que se propone reforestar un millón de hectáreas en el país en los próximos 20 años con prioridad en las principales cuencas hidrográficas por su importancia estratégica en el futuro del abastecimiento de agua.

Junio 19, 2017. Por Ing. Iván de Ycaza, Presidente Ejecutivo de CAPAC

Declaración Conjunta sobre Venezuela. En Brasilia.

DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE VENEZUELA. En Brasilia, Brasil

Realizada por las Cámaras integrantes de Federación Interamericana de la Industria de la Construcción FIIC

Para la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), integrada por 18 países de América Latina, como portavoz y representante regional e internacional de la Industria de la Construcción Interamericana, que tiene definido como uno de sus objetivos el fomentar el respeto al derecho a la libertad individual de emprender e impulsar la mejora en la calidad de vida de la población de los países de sus Cámaras afiliadas, es primordial velar porque en todos estos se promuevan los principios propios de la democracia.

Es por eso que de conformidad con lo manifestado por el Secretario General de la OEA, quien denuncia la creciente inestabilidad política y social de Venezuela como consecuencia de la violación continua de su Constitución Nacional; de la vulneración de los derechos humanos, que se ha materializado en la muerte de muchos venezolanos en ejercicio de la legítima protesta contemplada en la Constitución, y por las múltiples denuncias de tortura a presos políticos, sumado al mal desempeño de la economía de Venezuela que se traduce en un deterioro continuo en la calidad de vida de la población, con preocupación el Consejo Directivo de la FIIC, en sesión del 23 de mayo de 2017,  se suma a las múltiples voces que quieren aportar en la solución de la problemática que afronta el pueblo venezolano. Es así,  como la Federación exhorta a sus poderes públicos a que en un marco de respeto a la institucionalidad, se garanticen las reglas de un Estado de Derecho y se restablezca la democracia, a través de la convocatoria a elecciones anticipadas; y, prioritariamente se permita la apertura de un canal humanitario que ayude a resolver las necesidades insatisfechas de la población.

Brasilia, Brasil, 23 de mayo de 2017

Consejo Directivo FIIC

 

Video de Luis Almagro,Secretario General de la OEA:
https://www.youtube.com/watch?v=A6H7_00F2Vg

 

VER DOCUMENTO ORIGINAL EN .PDF https://goo.gl/PPDYZQ

 

LXXVI Reunión de Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción.

16 de mayo del 2017. Entrevista realizada al Ing. Ricardo Platt por Ana Rita de Holanda, Asesora de comunicación de CBIC

El domingo 21 de mayo del 2017  inició en Brasilia, Brasil una reunión importante para el desarrollo de la construcción en Latinoamérica. El Consejo Directivo de FIIC se reúne presencialmente cada seis meses, en esta ocasión en esa ciudad. Lo integran los presidentes de las Cámaras de Construcción de la región, más otros Consejeros de los países respectivos

El tema de esta reunión de alrededor de 55 personas de alto nivel  se aborda por el Ing. Ricardo Platt, presidente de FIIC, entrevistado por la Cámara Brasileña de la Construcción, CBIC . A continuación las preguntas de CBIC y las respuestas correspondientes del presidente de FIIC.

¿Cuál su expectativa con relación a la LXXVI Reunión de Consejo Directivo de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC)?

En realidad además de la Reunión del Consejo Directivo propiamente dicho (sin duda la más importante y eje del programa) se realizan una serie de reuniones relacionadas con el mismo.

Esperamos una asistencia sustancial de Consejeros, varios observadores y ponentes en la que se desarrolle un diálogo fecundo sobre los distintos temas específicos que se tratan con bastante profundidad en las sesiones presenciales de cinco Comisiones de Trabajo, que son de gran interés a los constructores latinoamericanos y además sin duda representan las macro tendencias de la construcción a nivel mundial:

  1. Infraestructura
  2. Vivienda y Desarrollo Urbano
  3. Construcción Sostenible
  4. Responsabilidad Social Empresarial
  5. Anticorrupción

También tendremos una sesión muy completa de INCONET, que es una instancia permanente de colaboración entre las distintas áreas de cámaras o entidades interamericanas dedicadas a la Investigación, Desarrollo, Innovación (I+D+i) y Transferencia Tecnológica en el sector de la construcción, con el fin de mejorar la competitividad de la industria de la construcción a nivel regional y local.

Después de entrar en detalle en cada uno de estos seis temas (lo que lleva un día completo), se realiza la Reunión de Consejo Directivo propiamente dicho en que se ve el avance de diversas áreas y experiencias concretas de interés general que presentarán algunas Cámaras, se evalúan resultados y se programan acciones o enfoques futuros sobre diversos temas de interés para la construcción Iberoamericana y sus cámaras

El Comité Ejecutivo de la FIIC  presentará al Consejo  informe de sus actividades realizadas en los últimos seis meses y tendremos también informe de actividades de CICA (Confederation of International Contractors’ Associations), Confederación, que agrupa a la FIIC, a la Federación Europea de la Industria  de la Construcción FIEC (Cámaras de 26 países) y diversas organizaciones nacionales o empresas de construcción de Asia, América, Europa  y otras regiones del mundo. CICA nos presentará, además, una plataforma computacional orientada a los proyectos de Infraestructura.

Tendremos la participación del Banco Mundial, cuyo representante en Brasil presentará al Consejo las “Reflexiones sobre la Infraestructura en América Latina y el Caribe y su Financiamiento” y realizaremos un conversatorio sobre el tema.

A partir del sábado 20 de mayo se realizarán en adición a todas las antes descritas una serie de reuniones internas o de subgrupos de trabajo para aprovechar la presencia física de nuestros Consejeros y Directivos, entre ellas:

  1. Reunión del Comité Ejecutivo FIIC
  2. Reunión del Consejo Superior de INCONET
  3. Reunión de Comisión Calificadora del Premio Latinoamericano RSE 2017-2019
  4. Reunión del Comité Ejecutivo con Coordinadores de Comisiones FIIC
  5. Reunión de la Comisión Revisora Estados Financieros FIIC
  6. Reunión con CICA para ver temas de Pequeña y Medianas Empresas
  7. Reunión de Evaluación de Actividades realizadas al término de todas las actividades en Brasilia y planeación de actividades futuras inmediatas por el Comité Ejecutivo FIIC

Como pueden ver es pues una agenda muy exhaustiva en el que se tratan a profundidad los temas más importantes de nuestra industria y se definen las acciones a seguir en el futuro por nuestra organización. Son días de gran intensidad, en que además hay la oportunidad de estrechar lazos de amistad e incluso al fin de las jornadas convivir en eventos sociales a las que nos acompañan nuestras esposas de ser posible; así como también de tener oportunidad de disfrutar de la ciudad de Brasilia.

La Reunión es un hito de actividad, análisis, reflexión y planeación de las acciones futuras de nuestra organización.

¿Cuál es la importancia y significado de hacer la Reunión de FIIC en Brasil?

Brasil es la economía más grande Latinoamérica, además de ser un guía en diversos temas en los que es puntero. En la FIIC Brasil a través de CBIC ha jugado un papel importante durante mucho tiempo, siempre aportando su capacidad y entusiasmo en favor de las cámaras de la región. Coordina actualmente la Comisión de Construcción Sostenible, participa en varias de las otras Comisiones y tiene a su cargo la Vicepresidencia de CICA  en la persona de José Carlos Martins. Brasil es por su capacidad, dinamismo, potencia económica, cultural y pasión por la construcción un líder natural reconocido en la FIIC.

Además CBIC cumple ahora 60 años de edad, es un aniversario significativo en que la FIIC en pleno desea acompañar y manifestar su solidaridad, aprecio y reconocimiento a esta organización tan importante, uno de los pilares de la FIIC.

Brasilia esa una ciudad singular, única en su tipo a nivel mundial por su arquitectura, diseño, trazo y ejecución de la trama urbana orientada al desempeño de funciones de liderazgo y administración gubernamental. Que cuenta con hermosos sitios y lugares que seguramente serán atractivos a muchos participantes que aprovecharán la Reunión para conocer la ciudad y que nuevamente disfrutaremos quienes ya hemos tenido el placer de conocerla antes.

Finalmente, la gente de Brasil y particularmente nuestros compañeros  de CBIC son reconocidos como profesionales completos, capaces, que saben compartir su experiencia y apoyar diversas actividades, siendo siempre amigos leales, entusiastas y de agradable compañía.De allí pues la importancia de celebrar en esta ciudad nuestras Reuniones, conviviendo entre nosotros y apoyando a CBIC, reconociéndole su trascendencia a nivel continental y FIIC

¿Cuál es su evaluación sobre la cooperación entre CBIC y FIIC?

Como ya expliqué en los dos  puntos anteriores con cierto detalle, la cooperación entre nosotros es no solo amplia sino también profunda en diversos temas técnicos, que se ha fortalecido con el paso del tiempo y de  líderes de CBIC natos que han dejado huella profunda en nuestra organización.En lo personal yo reconocería a todos los compañeros  de CBIC y he tenido el privilegio de compartir durante años el trabajo sectorial y gozar de la amistad de algunos de sus dirigentes muy destacados como Livio Amato, Paulo Safady Simao y Jose Carlos Martins con quienes en diversos lugares del mundo he participado en reuniones del más alto nivel con asociaciones de constructores, instituciones financieras multilaterales, instituciones internacionales diversas, etc.  y trabajado estrechamente a favor de la construcción de Iberoamérica y del mundo.

16 de mayo del 2017 Ana Rita de Holanda, Asesora de comunicación de CBIC

 

La tramitología y los permisos de construcción en El Salvador

15 de mayo 2017. Por : Ing. Ángel Antonio Díaz, Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO.

Como presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) envío un fraternal saludo a todos los empresarios de la región que están agremiados en las 19 cámaras que conforman la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIIC, deseándoles que cada día cosechen los éxitos de su arduo trabajo.

Como es bien sabido, nuestra industria es la cara visible del desarrollo de nuestras economías y un aliado estratégico para el desarrollo económico y social de cada uno de nuestros países, esto es precisamente lo que nos debe motivar a continuar trabajando proactivamente y haciendo propuestas que sumen, que permitan a nuestro sector robustecerse y continuar generando miles de empleos directos e indirectos, lo cual beneficia a nuestras sociedades y tiene un efecto multiplicador.

Un común denominador de nuestra Industria es la lucha constante para poder lograr que los trámites y permisos necesarios para la construcción de las obras públicas y privadas se puedan realizar en el menor tiempo posible, logrando de esta forma dinamizar los procesos en una forma sistemática, para poder generar la mayor cantidad de obras, lograr el crecimiento de nuestras economías y su consecuente generación de empleos. Es por esta razón, que la Cámara que yo represento ha trabajado arduamente para lograr reducir la tramitología. Hemos logrado identificar, en el transcurso de los años, que muchos de los factores que retrasan los trámites y la obtención de permisos tienen que ver con burocracia, arbitrariedades, diversidad de criterios técnicos entre los empresarios ejecutores de los proyectos y las autoridades gubernamentales, así como temor de los funcionarios debido a la corresponsabilidad que conlleva el otorgamiento de un permiso de construcción.

                                                                                                    San Salvador

Es por esta razón que hemos realizado gestiones con todas las instituciones involucradas en el proceso, con la finalidad de poder llegar a reducir los tiempos hasta un total de 180 días, lo cual consideramos es un tiempo prudente y apegado a las leyes que involucran las gestiones en mención.

En ese sentido logramos hace unos años la aprobación de una Ley Especial de Agilización de Trámites para la Construcción, la cual por vacíos en la misma no pudo ponerse en operación y por tal razón, en este momento está siendo revisada y se han propuesto reformas para lograr los fines para los cuales fue concebida.

Esto nos ha llevado a participar activamente en mesas técnicas de trabajo y espacios de diálogo y discusión, involucrando además de las instituciones relacionadas directamente con los trámites y permisos como son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, La Secretaria de Cultura, Los Gobiernos Municipales y las Oficinas Técnicas Planificadoras del Desarrollo Urbano, a gestionar con la Vicepresidencia de la República, Secretaria Técnica de la Presidencia, Secretaria de Gobernabilidad y la Corte de Cuentas de la República, con la finalidad de buscar alternativas y soluciones a la problemática existente. Nos hemos caracterizado por mantener diálogos abiertos y propositivos, en el entendido que estamos inmersos en un sistema y que es deber de todos aportar para el logro de los objetivos.

Aprovechando la coyuntura, y tras la creación del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), el cual está conformado por representantes del Gobierno y de la empresa privada, instancia creada por Decreto Ejecutivo a requerimiento de la Corporación para el reto del Milenio (MCC) como un requisito para el otorgamiento del segundo compacto de donación no reembolsable a El Salvador conocido como FOMILENIO II, elevamos nuestras gestiones para buscar la discusión y el respaldo de dicho Organismo, quienes luego de realizar un diagnóstico de la problemática sobre los trámites y permisos de nuestro sector, entregaron 15 recomendaciones al Gobierno Salvadoreño para lograr agilizar los procesos, los trámites y obtención de permisos de construcción en las instituciones Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (8), La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (4), Ministerio de Obras Públicas  y Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (3)

Después de un largo recorrido, con un enfoque en nuestros objetivos y trabajando sin descanso, hemos empezado a ver avances y esperamos poder concretizar los esfuerzos realizados, aunque sabemos que falta mucho camino por recorrer, pero estamos dispuestos a continuar con nuestra labor, a seguir dialogando, aportando, pero también a seguir señalando los obstáculos y problemas, siempre con propuestas de solución, pues estamos convencidos que es la forma de avanzar y generar las oportunidades, el desarrollo y el progreso que todos necesitamos.

 

Les animo a que ustedes también sigan haciendo su mejor esfuerzo en cada uno de sus países, no perdiendo de vista la ética, transparencia y responsabilidad social empresarial que debe caracterizarnos y poner en alto el nombre de nuestra industria, a nivel regional. Que Dios nos continúe guiando en este camino.

Ing. Ángel Antonio Díaz, Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO. 15 de mayo 2017

 

El papel de una Empresa Socialmente Responsable.

24 de abril 2017. Por Ing. Lorenzo Constans, Coordinador de Comisión de Responsabilidad Social Empresarial ( RSE ) de FIIC.  Consejero FIIC por Chile.

En el mundo actual, las organizaciones empresariales y  sus directivos están constantemente enfrentados a continuos cambios, sean  políticos, económicos, sociales, exigencias ambientales, legales o laborales.

Pero además de su propia actividad, está siempre presente el afrontar desastres naturales como terremotos, inundaciones, incendios, etc.

Todos estos cambios, así como las tareas de reconstrucción representan un desafío para el mundo empresarial,  que no solo debe estar preparado para abordarlos, sino tener la capacidad de anticipar planes de emergencia para el caso de desastres naturales en complemento a las tareas de la autoridad, que muchas veces reacciona de manera tardía y poco eficiente.

Hoy la sociedad está exigiendo algo más que la producción de bienes y servicios de calidad, sino una irreprochable conducta ética y  cualquier falta en ese sentido, repercute inmediatamente en la reputación no solo de esa empresa, sino la del propio sector empresarial, con el consiguiente daño a la actividad privada.

Muchas de estas acciones  no dependen exclusivamente de decisiones tomadas al interior de la empresa, sino también a instancias de carácter gremial, pero que afectan positiva o negativamente la imagen  de una determinada empresa:  del empresario como desarrollador de su gestión y de la valorización del emprendimiento privado ante la opinión pública, incluso irradiando no solo al país involucrado sino a través  de  la información instantánea de los medios de comunicación de manera  regional como globalmente.

El empresario además de buscar el desarrollo de su empresa y su legítima retribución al riesgo de su inversión, debe considerar de manera permanente la  función social  responsable que involucra a tanto a sus trabajadores como el entorno de su medio ambiente de esta manera contribuir al desarrollo armónico de una comunidad y finalmente del país.

Sin embargo no basta con esto, ya que existiendo hoy redes sociales y medios de comunicación muy activos y presentes, debemos ser capaces, según mi opinión,  de informar con mensajes simples los hechos concretos, como es en realidad la actividad empresarial, para entender que es indispensable para complemento de la función del Estado.

Factor muy trascendente es el político.

Tanto   el  poder  ejecutivo como el legislativo  tienen la responsabilidad de promulgar  leyes y aplicarlas:   ahí es donde la experiencia de nuestro sector resulta clave para informar acerca de la realidad productiva y de esta manera influir en leyes que beneficien al país, con trabajo de discusión prolija y buscando el beneficio general por sobre el particular, en vez de usarlas como herramienta para fines electorales.

A veces observamos con preocupación el poco reconocimiento de la alianza pública privada, herramienta exitosa para avanzar hacia el desarrollo, beneficiosa para el país y por ende para todos los trabajadores y sus familias, que  solo sea  recordada en momentos transitorios, cuando los crecimientos son insuficientes, aumento de la cesantía o baja de la inversión.

Hoy las empresas son objeto de crítica y observación permanente por la opinión pública, haciendo la salvedad que la opinión de los trabajadores en cuanto a la empresa en la cual laboran, es diametralmente diferente a la opinión de carácter general siendo bien valorada y reconocida.

Creo que nuestras empresas deben tener en cuenta que no basta con el cumplimiento de las leyes, sino además implementar mecanismos y herramientas que permitan hablar a través de hechos concretos, pero bien hechos, pues de esta manera encontraremos la legitimidad pública de nuestra actividad, y con ello no solo aumentar o recuperar su reputación, sino que lograr la valoración y reconocimiento de la importancia del sector privado.

Sin embargo el escenario es complejo y sumamente complicadas las soluciones,  por  lo cual debemos estar innovando permanentemente,  y cuya valorización incorpore costos medio-ambientales o sociales, como también destacando los beneficios reales para la sociedad, buscando por medio de la colaboración entre empresas de otros giros que comparten un mismo escenario.

El futuro es promisorio por el avance tecnológico y también social, pero no debemos olvidar que la empresa es actor fundamental a la cual se le exige en ámbitos en las cuales no pertenecen precisamente a su propia actividad principal.

En ese aspecto siendo ciudadanos corporativos la capacidad de asociación  es especialmente importante.

Este es un momento propicio para la unidad y ahí radica la gran función que organizaciones como FIIC, pueden hacer por nuestros países a través de sus cámaras nacionales, promoviendo buenas prácticas, experiencias exitosas y analizando con rigor  las fallidas,  y de esa manera  evitar cometer errores que retarden el avance de nuestras sociedades.

Ello nos obliga a ser rigurosos en la conducta de nuestras empresas, incluso sancionando aquellas que afecten valores tan fundamentales como la confianza, transparencia, honestidad y la ética en todos los niveles de ellas, desde los socios y ejecutivos hasta quienes desarrollan las labores más humildes.

En ello  las herramientas y experiencias compartidas por la FIIC y en especial por la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)  promueven  y fomentan políticas de carácter permanente en la búsqueda  de mantener una percepción no solo de productividad y eficiencia sino también de carácter social.

24 de abril 2017. Por Ing. Lorenzo Constans, Coordinador de Comisión de Responsabilidad Social Empresarial ( RSE ) de FIIC.  Consejero FIIC por Chile.

Construcción, pilar de la economía, el desarrollo urbano y el avance industrial

 

27 de marzo 2017. Por: Dra. Sandra Forero Ramírez  Presidente Ejecutiva de Camacol, Consejera FIIC

Es bien conocido que  el sector de la construcción es un instrumento de gran relevancia en la política económica, siendo muy reconocida su contribución para acelerar el crecimiento, crear empleo y convertirse en un pilar simultáneo del consumo (en relación a los insumos), inversión (hogares y firmas) y valor agregado. El concepto teórico detrás de estas características que destacan al sector de la construcción  como un sector de amplio arrastre sobre la industria y el aparato productivo de las economías fue acuñado por Hirschman (1958) bajo la designación de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás (forward and backward linkages).

La principal característica del sector es  su capacidad de impulsar las industrias proveedoras de insumos, en un primer nivel, y continuar  generando efectos multiplicadores sobre la cadena de valor que  alimentan a su vez a estas industrias. Adicionalmente, sus encadenamientos hacia adelante subyacen por  ser un insumo para la financiación y la prestación de actividades inmobiliarias, sin desconocer los efectos positivos para los sectores mobiliarios y de servicios de remodelación.

Solo en el caso de Colombia, existen cerca de 13 millones de viviendas en todo el territorio nacional que demandan más de 5 billones de pesos anuales en insumos para reparaciones y remodelaciones, valor que se suma a los 30 billones de pesos que se demandan en materiales para la construcción de 28 millones de m² nuevos desarrollados cada año. Con esto, y las obras civiles, se generan 1.4  millones de empleos directos para el país.

Actualidad sectorial

En Colombia, el año 2016 presentó como denominador común una serie de desafíos para el desarrollo y  comercialización de proyectos de edificaciones en el país. A nivel macro, la debilidad de la actividad económica, la inflación fuera de cauce, la tendencia alcista en los tipos de interés, la vulnerabilidad en la posición externa del país, los riesgos sobre la calificación soberana y las expectativas de la reforma tributaria estuvieron presentes a lo largo del año.

No obstante esos desafíos, los hogares invirtieron $32.5 billones en 178.300 viviendas, representadas en la compra de más de 12.3 millones de metros cuadrados (m²), cifras que implican un nivel de inversión y demanda de área residencial nueva per-cápita de $950.000 y 0,36 m², respectivamente. Estos niveles se sitúan entre los más altos de los últimos años y reflejan la dinámica de la iniciativa privada en torno a la construcción de edificaciones, el aporte de la política de vivienda sobre el desempeño de la actividad y la confianza de los hogares en el mercado de vivienda nueva del país.

En la construcción de proyectos no residenciales, 2016 registró un volumen de actividad 9.6 millones de m² en construcción, con un inicio de obras equivalente a 5,4 millones de m². En ese agregado de actividad, se destacó el comportamiento del segmento de construcción de bodegas, en el cual se iniciaron 984.000 m², representando una tasa de crecimiento de 19.8% respecto al año 2015.

En el 2017 preservar la confianza debe ser una prioridad. Aunque se prevé un año con mayor certidumbre y señales de recuperación a nivel macroeconómico, no se puede desconocer que un panorama de desconfianza producto de factores externos al mercado puede minar las expectativas de un mejor desempeño sectorial.

Dos elementos deben ser parte integral del esfuerzo conjunto por construir confianza y proteger el modelo de desarrollo del sector edificador. El primero tiene que ver con la relación público-privada y la eficiencia institucional. En particular,  las administraciones municipales deben mejorar el  entorno de inversión regional, asegurando los derechos del sector productivo, el acceso a la vivienda y el desarrollo urbano formal que se derivan de los procesos oportunos de habilitación de suelo y de la expedición de licencias de construcción, sin desconocer  que la inversión privada en edificaciones es además una fuente de financiamiento que mejora la capacidad fiscal territorial. Así, alejar la inversión suspendiendo los procesos de licenciamiento o limitando la habilitación de suelo es contraproducente en cualquier estrategia regional de desarrollo, ya que, simultáneamente con el incentivo perverso hacia prácticas desalineadas con el marco legal, objetivo y trasparente, hace insostenible la dinámica del sector.

El segundo tiene que ver con la actuación empresarial y el modelo sectorial. Luego de la crisis de finales del siglo pasado y sus nefastas consecuencias en los primeros años del actual, el  modelo de la actividad ha sido fuente de transformación. El resultado, el perfeccionamiento de un esquema de promoción, financiación, construcción y acceso a la vivienda que ha generado réditos al país por más de una década. La preventa como modelo de promoción de proyectos, los límites a la financiación, la participación de la fiducia inmobiliaria como vehículo para controlar los riesgos y articular eficientemente las partes,  y los incentivos a la construcción de vivienda social articulados  con los diversos programas de acceso a los hogares, como Mi Casa Ya, han sido  fruto de esa  evolución. Todos estos elementos deben seguir en las raíces de actuación de promotores, constructores, financiadores, fiduciarias y hacedores de política sectorial, como una estrategia integral para seguir construyendo confianza en 2017 y proveyendo vivienda de calidad para los hogares colombianos.

Hacia la Construcción de Ciudades de Calidad

El desarrollo formal de las ciudades es un tema de vital importancia para Camacol. Las ciudades son la base del crecimiento económico, el desarrollo social y la productividad de los países; por tanto su transformación debe ser producto de una correcta planificación. En Colombia se han hecho grandes esfuerzos, y aunque hay resultados positivos falta camino por recorrer.

En las últimas décadas el país ha enfrentado un acelerado proceso de urbanización y se prevé que en las próximas, ese fenómeno continúe. La migración urbano – rural, la búsqueda de oportunidades y el cambio demográfico han hecho de las ciudades los espacios ideales para la búsqueda de bienestar y ascenso social. Un ejemplo de esto es que el 85% del Producto Interno Bruto (PIB) del país es generado en los centros urbanos, y 8 de cada 10 colombianos se desempeñan laboralmente al interior de las urbes.

Este proceso evolutivo seguirá su curso. Por lo tanto, no contar con una correcta planificación de la ciudad generará un crecimiento urbano informal y menor competitividad. Una ciudad que crece y se construye de manera informal, tiene efectos nocivos para su desarrollo: incremento de informalidad económica, baja competitividad, menor acceso a la vivienda, deterioro ambiental, infraestructura de movilidad y de servicios públicos  deficientes, ausencia de equipamientos sociales y reducida calidad del espacio público, son rasgos de una ciudad no planificada.

En las ciudades, la evolución social, cultural, económica y ambiental deben ser producto de una transformación física, y es claro que existen muchos factores que ayudarían a lograrlo. Desde el Gremio se han identificado cuatro elementos de mayor relevancia que nos conducen a una correcta transformación de la ciudad.

El primero es una planeación con visión de largo plazo. Eso implica estudiar el territorio, tener información de calidad,  evaluar las relaciones funcionales entre las regiones, hacer una prospectiva de la vocación económica y anticipar las necesidades de vivienda y construcción no residencial. Estos son aspectos que  no pueden ser ajenos a este proceso.

El  segundo es la gestión efectiva y oportuna del suelo urbanizable. Planear, gestionar, desarrollar y ocupar el territorio de manera adecuada debe ser una prioridad en las estrategias de ciudad.

El tercero es garantizar la promoción de proyectos de vivienda para todos los segmentos de la población. La accesibilidad a la vivienda formal es un importante instrumento para la superación de la pobreza y el déficit habitacional, la formación de clase media, y la creación de ciudadanía.

Por último, está la garantía de proveer equipamientos sociales (colegios, hospitales, centros infantiles y seguridad) y los servicios esenciales (agua potable, alcantarillado, luz) además de mayor y mejor espacio público e infraestructura.

En esos elementos está el poder de construir una ciudad que plasma en su territorio un modelo de crecimiento ordenado y articulado regionalmente, que incrementa su competitividad a través de una correcta planificación, que impulsa la inversión mediante generación de confianza y la estabilidad jurídica, y en la que el acceso a la vivienda y a los equipamientos sociales son elementos centrales en la calidad de vida de sus habitantes.

En ese sentido, Camacol ha servido de canal para dar a conocer a las autoridades municipales la oferta de instrumentos con los que cuenta el Gobierno Nacional en pro de impulsar el desarrollo urbano con una visión de largo plazo, una gestión oportuna y efectiva del suelo que promueva la producción de vivienda para todos los segmentos de la población y que garantice los equipamientos sociales requeridos, en un marco de seguridad jurídica.

27 de marzo 2017. Por: Dra. Sandra Forero Ramírez  Presidente Ejecutiva de Camacol, Consejera FIIC