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Colombia construye espacios para el trabajo

12 de junio 2017. Por Sandra Forero Ramírez, Presidente Ejecutiva CAMACOL.

La construcción de proyectos no residenciales es una fuente importante para el desarrollo de la actividad  edificadora nacional.  De acuerdo con las cuentas nacionales y los datos del censo de edificaciones del DANE, anualmente en Colombia se inicia la construcción de 5,4 millones de m² en proyectos no residenciales que mueven inversiones anuales por más de $31 billones de pesos colombianos:$10.460.000.000 U. S Dólares (4 puntos porcentuales del PIB).

                                                                 Gráfico 1: Construcción no residencial – área Iniciada anual  2006 -2016. M²

 A nivel de segmentos en la construcción de proyectos no residenciales, la mayor  proporción de  la actividad se da en el desarrollo de áreas comerciales con un 30% del total y 1.8 millones de m², seguido de la actividad de construcción en espacios industriales y bodegas con 23% del total y el inicio de 1 millón de m² por año, y en su orden descendente le sigue la construcción de proyectos de  oficinas que en el último año se reflejó en el inicio de 822.000 m²  representando 15% del área total en  construcción no residencial.

                                                                     ¿Con qué se correlaciona la actividad no residencial?

El desarrollo de proyectos no residenciales describe dinámicas diversas en relación al ciclo económico  y el desempeño de cada  sector productivo del país.  En efecto, la desaceleración reciente de la economía es un factor fundamental para ver con reserva el crecimiento de la construcción de proyectos no residenciales en los próximos años, sin  embargo, desde el punto de  vista de  las  potencialidades para el  desarrollo  de proyectos en cada  uno de los segmentos  que conforman la actividad edificadora no residencial se deben tener en cuenta otros factores estructurales del desempeño económico.

Al hacer un análisis de correlaciones simples entre la dinámica de cada uno de los segmentos de la construcción no residencial frente a un gran grupo de variables en los últimos 16 años, se encontró que los segmentos no residenciales tienen una clara inclinación a seguir la tendencia y el comportamiento de la inversión extrajera directa, el desempeño del valor agregado de  cada  sector y  la generación de  nuevos puestos de trabajo.

                                           Correlaciones entre segmentos  de construcción no residencial contra variables económicas

Aunque no es  novedoso que  el desempeño de la inversión en proyectos no residenciales se vea altamente ligado a la dinámica de esos determinantes de orden económico, más aun si a su vez ellos componen las perspectivas globales de la economía, no sobra decir que estos componentes no pueden ser omitidos en la factibilidad y análisis estructural cada segmento.

Los indicadores como la inversión extranjera y el desempeño del PIB sectorial son elementos que pueden describirse en línea con el contexto macroeconómico externo y local. En contraste, la ocupación puede determinar implícitamente las cantidades de espacios demandados y las diferencias regionales.

                                     El empleo regional como determinante de construcción de proyectos no residenciales.

 Al reconstruir la  información del stock de espacios desarrollados en los tres principales segmentos de la actividad no residencial, y cuantificar su relación con el nivel de ocupación en cada sector, se encuentran grandes diferencias regionales. Por ejemplo, el promedio histórico de espacios construidos en  bodegas en relación a la ocupación del sector industrial mostró que para el  conjunto de las doce principales ciudades del país existen 3,5 m² de bodegas y edificaciones industriales por cada trabajador en el sector industrial.  Ese relación se incrementó para el año 2016 a 4.2 m².

A nivel regional, la ciudad de Barranquilla tiene la mayor relación de espacios construidos en bodegas y áreas industriales  por cada trabajador del  sector industrial, relación que asciende a 6,8 m² en el año 2016, seguido  de las ciudades de  Pereira (6,5 m²), Cartagena (5.7 m²) y Bucaramanga (5.1 m²).  En el  extremo opuesto están las  ciudades de Pasto, Cúcuta, Ibagué y Cali que tienen áreas  construidas para el  uso de la industria en relación a 0.8 m², 2.2 m², 2.4 m²  por cada trabajador, respectivamente.

Mapa 1:

                                            Stock de bodegas y áreas industriales (m²) / número ocupados en el sector industrial

                                                                         Fuente. DANE. Elaboración DEE CAMACOL

En el  caso del desarrollo de espacios comerciales y su relación con el empleo formal  del  sector  comercio, el agregado para  las doce  ciudades  muestra  que el país hoy en día  cuenta con 14.1 m² de área  comercial construida  por cada empleado  formal en el  sector del comercio. Esa  relación se mantuvo en un promedio histórico de  12.5 m²  por trabajador en los últimos 5 años. Dentro del panorama regional, llama la atención Pereira que  tiene  20.8 m² de  área construida  para  el comercio  por cada trabajador formal en la actividad comercial, en fuerte contraste con  los observado en la ciudad de Manizales, donde esta relación apenas llega a 1,3 m² por cada  trabajador.  En la  capital  del país, ciudad que ha sido centro del desarrollo de grandes  proyectos de centros  comerciales en los últimos años, se mantiene una relación de 15.4 m² construidos por cada trabajador formal  del comercio.

En contraste de lo que ocurre con el segmento de bodegas, las diferencias regionales en los espacios comerciales con relación al nivel de ocupación, suele ser menor.  Lo anterior puede estar explicado directamente por la estructura económica y especialización industrial o productiva  de cada ciudad y el carácter transversal que tiene el sector comercio  sobre el tejido económico de la mayoría de ciudades del país.

Mapa 2:

                                          Stock de áreas comerciales (m²)/ número ocupados formales en el sector comercio

                                                                        Fuente. DANE. Elaboración DEE CAMACOL

 Por últimos están los espacios construidos para oficinas, los cuales son dedicados particularmente a los servicios y áreas administrativas de  las empresas. Para construir el indicador de m² por trabajador de sectores asociados a la demanda de oficinas, se agregaron  todos los trabajadores que en la actualidad son oficinistas, independientemente del sector productivo al que pertenece la empresa para la cual trabajan. En ese sentido, se incluyeron trabajadores de los sectores financiero, inmobiliario, servicios, transporte, servicios sociales, industria, minero, agricultura, comercio y construcción. Los resultados del ejercicio muestran que para el total de las doce ciudades vinculadas  en el  análisis,  existen en la actualidad  3,3 m² de  oficinas por cada trabajador en los  diferentes sectores que  ocupan estos espacios.  En ese resultado se destaca Bogotá que, con el auge reciente de construcción de nuevos proyectos  de oficinas, tiene  un indicador de  4,8 m², seguido de Medellín, Pereira y Bucaramanga, con indicadores de 3.4m², 2.6m², 2.4m².

Mapa 3:

                                           Stock de oficinas (m²)/ número ocupados de todos los sectores que laboran en oficinas

                                                                        Fuente. DANE. Elaboración DEE CAMACOL

 

Mapa 4:

                               Stock de oficinas (m²)/ número ocupados de todos los sectores que laboran en oficinas.

 

De esta forma se concluye que para evaluar las potencialidades regionales en el desarrollo del segmento de  construcción no residencial se debe tener en cuenta entre otras variables, como el PIB sectorial, la inversión extranjera, la vacancia y la absorción de nuevas áreas; el  potencial de ocupación de acuerdo con la tendencia en la  generación de empleo de cada  segmento  potencial y  cada ciudad.

12 de junio 2017. Por Sandra Forero Ramírez, Presidente Ejecutiva CAMACOL.

Certeza Jurídica: requisito indispensable para la Inversión

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

El nivel de inversión extranjera en los países de Latinoamérica, se mide muchas veces por la confianza en el respeto de las leyes locales, las normativas del sector y los derechos de los consumidores.

Guatemala tiene ante si fuertes  retos para lograr su desarrollo y enfrentar las enormes necesidades sociales en salud, educación, seguridad e infraestructura que tenemos.

No podemos reducir la pobreza sin generar crecimiento económico inclusivo y estamos convencidos que la libertad de empresa es la mejor forma de buscar el bien integral de la persona y su desarrollo económico.

Este desarrollo se basa en:

  • El reconocimiento del derecho fundamental que tienen las personas de poder elegir con libertad como desean  ganarse la vida
  • El respeto a la propiedad.

Para lo anterior se requiere de un Estado de Derecho fuerte y de certeza jurídica para la inversión.  Sin inversión- lo sabemos-  simplemente no hay desarrollo.

Beneficios de la Ley de Electricidad

Una de los mayores condicionantes a la inversión es el acceso a la energía.

Desde que en 1996 Guatemala se emitió la Ley de Electricidad,  nuestro país a través de inversión privada ha sido capaz de:

  • Quintuplicar su capacidad de generación.
  • Tener hoy el doble de oferta que la demanda requerida, evitando los apagones y racionamientos de principios de los 90.
  • Ampliar  la cobertura eléctrica de un 62% a un 92%, llevando energía y oportunidades a mas guatemaltecos
  • Diversificar la matriz energética con mayor participación de energías renovables
  • Reducir hasta en un 40% el costo de la energía.

Este ha sido sin duda un caso ejemplar de éxito a nivel mundial donde un instrumento legal bien diseñado dio la certeza jurídica que promovió la inversión, mayoritariamente de guatemaltecos,  que con reglas claras y través de la libre empresa nos permiten hoy un tener un sector eléctrico fuerte y competitivo.

Una llamada de atención

Sin embargo, en los últimos meses, hemos enfrentado retos importantes, derivados de procesos legales en contra de hidroeléctricas que ya operaban en el país y una presión de movimientos sociales que resultaron en decisiones de las cortes guatemaltecas suspendiendo la operación de dichas hidroeléctricas por una interpretación, a nuestro juicio errónea, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que pueden constituirse en un precedente nefasto para el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país,  con consecuencias muy negativas para la inversión, para la economía del país y la vida de los guatemaltecos, pero sobre todo para muchísimas comunidades indígenas que necesitan de estas inversiones para poder tener mejores oportunidades de vida.

La falta de reglamentación del Convenio 169 es una responsabilidad que recae en el Estado de Guatemala pero en ningún caso debe afectar a empresas que ante la falta de esa regulación si cumplieron con todos los requisitos legales para poder hacer una inversión.

Es contradictorio que los permisos autorizados por el Estado, sean luego desconocidos por otro poder del Estado, cuando el Estado mismo fue quien incumplió con facilitar y reglamentar el proceso de consulta.

En este contexto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe reconocerse como un instrumento útil para promover un proceso de dialogo que considere las necesidades y atenúe la afectaciones directas negativas de las poblaciones indígenas, pero nunca debe ser utilizado como un freno al desarrollo.

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo, Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

 

Brasil: Defendiendo reglas claras para el licenciamiento ambiental.

29 de mayo 2017. Por: Ing. José Carlos Martins, Presidente de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC). Coordinador de la Comisión de Construcción Sostenible de FIIC.

En Brasil, la Comisión del Medio Ambiente (CMA) y la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC) discuten la propuesta de la Ley de Licenciamiento Ambiental, en curso en la Cámara de los Diputados.

El licenciamiento ambiental para obras de infraestructura y generación de energía, como carreteras e hidroeléctricas, es uno de los temas prioritarios para el sector de la construcción civil en Brasil.

En la primera reunión ordinaria de la Comisión del Medio Ambiente (CMA) se analizará la sustitución del Proyecto de Ley 3.729/2004 – La Ley General del Licenciamiento Ambiental, entre otros proyectos relacionados con la materia que se analizan en la Cámara de los Diputados.

Para el presidente de la CBIC, José Carlos Martins: “La propuesta encaminada a la votación debe expresar de manera clara el proceso de licenciamiento ambiental, tornándolo más ágil y, de esta manera, incentivando el desarrollo sostenible con seguridad jurídica para el poder público y los empresarios”.

Durante la primera reunión ordinaria del 23 de mayo del 2017 , en la sede del Sinduscon-SP, está previsto un panel de discusión sobre la Ley General de Licenciamiento para unificar directrices y el posicionamiento de la Comisión del Medio Ambiente (CMA/CBIC).

El abogado Marcelo Buzaglo Dantas, experto en legislación ambiental al frente de la discusión nacional junto con la CMA/CBIC conducirá las discusiones sobre el Proyecto de Ley 3729 junto con el vicepresidente del Secovi-SP, Caio Carmona Portugal, representante del sector inmobiliario.

El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Privatizaciones y Concesiones (COP), Carlos Eduardo Lima Jorge, es también uno de los ponentes a abordar el tema del licenciamiento por parte del sector de obras públicas.

La reunión ordinaria de la Comisión del Medio Ambiente será parte de la alianza de la CBIC con el Senai, con la iniciativa de promover las buenas prácticas en sostenibilidad.

El abogado Marcelo Buzaglo espera que la discusión en el ámbito de la CMA-CBIC contribuya a que el proyecto de la Ley General del Licenciamiento sea considerada prioritaria para el Congreso y sancionada por el Presidente de la República lo más rápido posible.

El país no soporta más tener un tema de esa importancia regido por normas inferiores y anticuadas, contrarias en muchos casos a la Constitución Federal y la legislación vigente, lo que finaliza transformando el licenciamiento ambiental en acciones judiciales que derivan en la discusión de temas secundarios e irrelevantes, sin embargo que, a la falta de reglamentación, se tornan argumentos seductores para aquellos que tienen como objetivo solamente entorpecer la actividad productiva”.

La Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción ha buscado construir consensos con reglas claras y transparentes junto a diversos sectores del segmento productivo nacional sobre la cuestión del licenciamiento.

Durante la 46ª reunión plenaria del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES), realizada en el Palácio do Planalto, en Brasilia, el sector presentó un conjunto de recomendaciones que tienen el objetivo de contribuir para el desarrollo sostenible del país.

El presidente de la CBIC y consejero del CDES, José Carlos Martins, fue el relator del Grupo de Trabajo sobre Ambiente de Negocios. En la ocasión, el Ing. Martins resaltó que las proposiciones enfocan la simplificación tributaria, aumento de la seguridad jurídica y la desburocratización de las licencias ambientales.

El Proyecto de Ley 3.729/2004 – la Ley General del Licenciamiento Ambiental- tiene el objetivo de definir parámetros generales que deben ser cumplidos por emprendedores en el caso de obras con riesgo ambiental. El PL tramita en régimen de prioridad y está sujeto a la apreciación del Plenario.

El régimen de prioridad dispensa exigencias regimentales para que determinada proposición sea incluida en la Orden del Día del Plenario.

El proyecto ya pasó por la Comisión de Agricultura, Pecuaria, Abastecimiento y Desarrollo Rural y Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, actualmente aguarda designación del relator en la Comisión de Finanzas y Tributación. La perspectiva del sector de la construcción es que la materia sea pautada por el Plenario en las próximas semanas. Una vez aprobado por el Plenario de la Cámara de los Diputados el proyecto sigue para apreciación del Senado Federal.

                                                  Buenas prácticas en sostenibilidad y certificación EDGE

En temas relacionados al respeto del medio ambiente, con el objetivo de diseminar buenas prácticas en construcción de edificación sostenible, se planea reunión con la presentación de los proyectos e iniciativas de Precon Ingeniería, vencedora del Guía Examen de Sostenibilidad 2016.

El CEO (Chief Executive Officer) de Precon Ingeniería, Guilherme Correia Lima, explicará la estrategia desarrollada y la visión de la empresa que recibió el título de más sostenible de Brasil en el segmento de la construcción civil. Con una producción industrial de impacto ambiental reducido, con menos residuos generados,  Precon está destacándose en el segmento habitacional.

La alianza que la CBIC está construyendo con el Banco Mundial de estímulo a la construcción sostenible, por medio de la Corporación Financiera Internacional (IFC), en la acción Excelencia en Diseño para Mayor Eficiencia – EDGE, deberá ser también punto alto de la reunión de la CMA. El consultor del Banco Mundial – Internacional Finance Corporation, Edward Borgstein, expondrá las líneas generales de la alianza, que consiste en la firma de un acuerdo de entendimiento que establece una serie de acciones con vistas al desarrollo del Programa EDGE en Brasil.

El Programa EDGE es una forma rápida, accesible y barata de construir y certificar edificaciones sostenibles, desarrollado específicamente para mercados emergentes.

Está dividido en tres partes: una herramienta en línea, un estándar de desempeño y un proceso de certificación con garantías de calidad. Las edificacionesd son elegibles para certificación EDGE al comprobar que redujeron 20% sus consumos de energía, agua y energía empotrada en los materiales, comparado con una línea de base local.

La herramienta disponible EDGE permite a la constructora con su iniciativa ver parámetros de cómo reducir el uso del agua, costos de energía y la energía obtenida a través de los materiales de residuos.

De acuerdo con la iniciativa, la herramienta puede indicar sugerencias y referencias para disminuir el consumo.

La certificación en construcción sostenible está disponible en Brasil a través de dos socios globales- Green Busines Certification (GBCI) y SGS, empresa de reconocimiento mundial en inspección, verificación, pruebas y certificación.

El programa EDGE en Brasil tiene el objetivo de ayudar en la transformación del mercado para llevar la construcción sostenible a un público mayor, alcanzando segmentos del mercado que no optarían por realizar certificaciones de sostenibilidad debido a los costos adicionales que representan.

Ing. José Carlos Martins, Presidente de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC).Coordinador de la Comisión de Construcción Sostenible de FIIC.

 

 

La tramitología y los permisos de construcción en El Salvador

15 de mayo 2017. Por : Ing. Ángel Antonio Díaz, Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO.

Como presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO) envío un fraternal saludo a todos los empresarios de la región que están agremiados en las 19 cámaras que conforman la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIIC, deseándoles que cada día cosechen los éxitos de su arduo trabajo.

Como es bien sabido, nuestra industria es la cara visible del desarrollo de nuestras economías y un aliado estratégico para el desarrollo económico y social de cada uno de nuestros países, esto es precisamente lo que nos debe motivar a continuar trabajando proactivamente y haciendo propuestas que sumen, que permitan a nuestro sector robustecerse y continuar generando miles de empleos directos e indirectos, lo cual beneficia a nuestras sociedades y tiene un efecto multiplicador.

Un común denominador de nuestra Industria es la lucha constante para poder lograr que los trámites y permisos necesarios para la construcción de las obras públicas y privadas se puedan realizar en el menor tiempo posible, logrando de esta forma dinamizar los procesos en una forma sistemática, para poder generar la mayor cantidad de obras, lograr el crecimiento de nuestras economías y su consecuente generación de empleos. Es por esta razón, que la Cámara que yo represento ha trabajado arduamente para lograr reducir la tramitología. Hemos logrado identificar, en el transcurso de los años, que muchos de los factores que retrasan los trámites y la obtención de permisos tienen que ver con burocracia, arbitrariedades, diversidad de criterios técnicos entre los empresarios ejecutores de los proyectos y las autoridades gubernamentales, así como temor de los funcionarios debido a la corresponsabilidad que conlleva el otorgamiento de un permiso de construcción.

                                                                                                    San Salvador

Es por esta razón que hemos realizado gestiones con todas las instituciones involucradas en el proceso, con la finalidad de poder llegar a reducir los tiempos hasta un total de 180 días, lo cual consideramos es un tiempo prudente y apegado a las leyes que involucran las gestiones en mención.

En ese sentido logramos hace unos años la aprobación de una Ley Especial de Agilización de Trámites para la Construcción, la cual por vacíos en la misma no pudo ponerse en operación y por tal razón, en este momento está siendo revisada y se han propuesto reformas para lograr los fines para los cuales fue concebida.

Esto nos ha llevado a participar activamente en mesas técnicas de trabajo y espacios de diálogo y discusión, involucrando además de las instituciones relacionadas directamente con los trámites y permisos como son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, La Secretaria de Cultura, Los Gobiernos Municipales y las Oficinas Técnicas Planificadoras del Desarrollo Urbano, a gestionar con la Vicepresidencia de la República, Secretaria Técnica de la Presidencia, Secretaria de Gobernabilidad y la Corte de Cuentas de la República, con la finalidad de buscar alternativas y soluciones a la problemática existente. Nos hemos caracterizado por mantener diálogos abiertos y propositivos, en el entendido que estamos inmersos en un sistema y que es deber de todos aportar para el logro de los objetivos.

Aprovechando la coyuntura, y tras la creación del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), el cual está conformado por representantes del Gobierno y de la empresa privada, instancia creada por Decreto Ejecutivo a requerimiento de la Corporación para el reto del Milenio (MCC) como un requisito para el otorgamiento del segundo compacto de donación no reembolsable a El Salvador conocido como FOMILENIO II, elevamos nuestras gestiones para buscar la discusión y el respaldo de dicho Organismo, quienes luego de realizar un diagnóstico de la problemática sobre los trámites y permisos de nuestro sector, entregaron 15 recomendaciones al Gobierno Salvadoreño para lograr agilizar los procesos, los trámites y obtención de permisos de construcción en las instituciones Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (8), La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (4), Ministerio de Obras Públicas  y Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (3)

Después de un largo recorrido, con un enfoque en nuestros objetivos y trabajando sin descanso, hemos empezado a ver avances y esperamos poder concretizar los esfuerzos realizados, aunque sabemos que falta mucho camino por recorrer, pero estamos dispuestos a continuar con nuestra labor, a seguir dialogando, aportando, pero también a seguir señalando los obstáculos y problemas, siempre con propuestas de solución, pues estamos convencidos que es la forma de avanzar y generar las oportunidades, el desarrollo y el progreso que todos necesitamos.

 

Les animo a que ustedes también sigan haciendo su mejor esfuerzo en cada uno de sus países, no perdiendo de vista la ética, transparencia y responsabilidad social empresarial que debe caracterizarnos y poner en alto el nombre de nuestra industria, a nivel regional. Que Dios nos continúe guiando en este camino.

Ing. Ángel Antonio Díaz, Presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, CASALCO. 15 de mayo 2017

 

El combate a la corrupción en las Industrias de Infraestructura y Desarrollo Urbano

10 de Abril 2017. Por Ing. Ricardo Platt, Presidente de FIIC.

La Reunión en México

El 9 de Marzo 2017 participé en Ciudad de México en una reunión y discusión de alto nivel sobre las recomendaciones del proyecto “Construyendo las Bases para Fomentar la Confianza y la Integridad” (Building Foundations for Trust and Integrity) encabezado por el Foro Económico Mundial (WEF, World Economic Forum) mediante su “Iniciativa Asociándonos Contra la Corrupción” (PACI,  Partnering Against Corruption Initiative).

Una jornada interesante en la que el WEF lanzó un reporte recién generado sobre los niveles de confianza en las industrias de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano y su conexión en el combate a la corrupción. Dirigieron excelentes mensajes, además de otros muy buenos:

  • Pedro Rodrigues de Almeida, del Comité Ejecutivo WEF, encabeza PACI.
  • Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de México.
  • Arely Gómez, Secretaria de la Función Pública de México.
  • Gustavo Arballo, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
  • Nicolás Mariscal, participante del WEF y PACI, coordinador de Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de CMIC

El Reporte

México ha experimentado una movilización de las organizaciones de la sociedad civil para atacar la corrupción sin precedentes y su reforma anticorrupción tiene potencial de convertirse en un modelo regional

El reporte descargable: Construyendo las Bases para generar Confianza e Integridad que se presentó, analiza la forma en que desarrollar confianza para la cooperación público privada puede ayudar a combatir la corrupción en América Latina utilizando a México como un caso de estudio. Este reporte es parte de la Fase III de la Iniciativa PACI  y se refiere a un proyecto para atender las necesidades de las industrias de la Infraestructura y el Desarrollo Urbano, tema sobre el que abundo más adelante.

Explora como el gobierno, la sociedad civil y los empresarios perciben la corrupción y que tanta confianza se tienen entre sí cuando interactúan, algunos resultados:

  • En una encuesta, la gran mayoría respondió que perciben al sector público como extremadamente a moderadamente susceptible de actuar de manera corrupta en sus interacciones con la sociedad civil y los empresarios.
  • Lo anterior coincide con una pérdida de confianza que perciben todas las partes interesadas hoy en día en México en comparación con la percepción que se tenía hace 5-10 años.
  • También encontró que existe una severa pérdida de confianza en la habilidad del Sistema Judicial para implementar y hacer que se cumplan sus determinaciones, lo cual conduce a una tremenda sensación de impunidad.

Se hace énfasis en los éxitos del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno para responder a las demandas del público para combatir la corrupción. El Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aportan evidencia de reforma, cuando se combinan con las demandas del sector privado para atacar el comportamiento antiético. El enfoque de múltiples partes interesadas tiene el potencial de convertirse en un modelo regional para reducir efectivamente la corrupción. Hay que ver si el nuevo Sistema y Leyes se implementan efectivamente. El reporte recomienda que líderes empresariales y de gobierno consideren la adopción de medidas anticorrupción como un imperativo clave.

Señala que el Informe de Competitividad Mundial 2016-2017 del WEF clasifica a México en el lugar 116 de 138 países por la debilidad de sus instituciones. La corrupción y la impunidad están erosionando fuertemente la confianza en las Empresas y las instituciones, contribuyendo a la inestabilidad económica y social en la región.

La tecnología se considera como un habilitador transversal que puede agilizar el cambio, tiene el potencial de construir confianza e integridad al utilizar Sistemas de gobierno digital, sociedades con contratos abiertos y datos abiertos.

El Foro Económico Mundial, WEF

El WEF es una organización privada internacional sin fines de lucro, independiente. Involucra a líderes empresariales, políticos, intelectuales y sociales de todo el mundo, que buscan mejorarlo e influir en sus agendas industriales, regionales y globales.

Nació en 1971 como Foro Gerencial Europeo, teniendo cada vez más influencia y ampliando actividades, en 1987 se renombró Foro Económico Mundial. Cada año realiza conferencias en distintas partes del mundo para tratar temas actuales de impacto global, destacando el Foro de Davos, en Suiza, donde usualmente  participan directores de las empresas más influyentes del mundo, Jefes de Estado e intelectuales de renombre internacional.

 Partnering Against Corruption Initiative

Lanzado en 2004 por el WEF,  PACI es uno de sus  esfuerzos colaborativos más destacados que se enfocan contra la corrupción. PACI se ha convertido en una reconocida  voz empresarial líder en la lucha contra la corrupción. Es un esfuerzo sólido que está creando una plataforma muy  visible para establecer una agenda trabajando con líderes empresariales, organizaciones internacionales y gobiernos para abordar la corrupción, transparencia y los riesgos de los mercados emergentes. Se está expandiendo rápidamente y ahora se enfoca en la implementación de una agenda global anticorrupción.

La Corrupción en los sectores  de industria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (IU)

La corrupción es uno de los principales impedimentos para llevar a cabo negocios en las economías avanzadas y emergentes según el Informe de Competitividad Mundial 2015-2016 del WEF. La infraestructura y las industrias de desarrollo urbano (IU) son algunos de los sectores más expuestos con oportunidades de práctica no ética, desde la evaluación de proyectos hasta su auditoría.

En las IU, la mitigación del riesgo de corrupción mediante procesos más transparentes y mejora de la eficiencia son muy beneficiosas para todas las partes. Pueden llevar a costos más bajos, entrega más rápida de los proyectos, y acceso más equitativo a servicios y productos de calidad para los ciudadanos y contribuyentes. En 2014 PACI lanzó una iniciativa en estas industrias  para explorar temas específicos, desafíos y oportunidades que enfrentan el sector. El proyecto en tres Fases  concluye en 2017 y ha identificado áreas clave de mejora para la industria de diferentes regiones del mundo.

Las Fases I y II identificaron un desafío común dentro de IU y entre las industrias involucradas. La falta de confianza entre los negocios y las instituciones subvirtió el esfuerzo de acción colectiva.

La Fase III , sobre la que se presentaron resultados en Ciudad de México en la reunión de Marzo, identifica áreas de riesgo clave, diseña y reproduce herramientas innovadoras para combatir la corrupción y crear cambios de comportamiento. Esto implicó realizar talleres y usar herramientas de diagnóstico con un enfoque regional en México y otros países en los que ha habido interés de los negocios y el gobierno para crear soluciones digitales para aumentar la confianza y la integridad y catalizar el cambio. Para crear valor económico es necesario fortalecer el diálogo entre las empresas y las instituciones públicas.

Finalmente

La sociedad civil del mundo y particularmente de Latinoamérica enfrenta un problema de corrupción difícil de abordar con éxito, que requiere labor conjunta y arduo camino. El WEF y en particular su iniciativa PACI son excelentes partes interesadas que apoyan con decisión el tema. Su alto perfil, capacidad y liderazgo pueden aprovecharse muy bien en nuestra región. Sus contactos de alto nivel son de gran utilidad. De hecho en 2016 el coordinador de PACI me apoyó para establecer contacto con Leonard McCarthy, Vicepresidente de Integridad del Grupo Banco Mundial,  con quien nos reunimos el Comité Ejecutivo FIIC en sus oficinas en Washington, presentándole la entonces recién creada Comisión Anticorrupción de la FIIC y  buscando sinergias en el tema con el BM, las que se establecieron adecuadamente.

10 de Abril 2017. Por Ing. Ricardo Platt, Presidente de FIIC.

Con información del WEF, PACI y otros