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Autoridades del sector público y privado nacionales e internacionales se reúnen en Guatemala

1ra. Reunión del Grupo de Trabajo de la OEA
Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Más de 11 de delegaciones provenientes de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos y Chile se reunieron con el objetivo de facilitar el diálogo entre países, en materia de tramitología de licencias de construcción.

Redacción por Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Se llevó a cabo la primera reunión del Grupo de Trabajo, enfocada en la Facilitación de Trámites y Permisos de Construcción, así como mejoras Regulatorias para la Transparencia y Competitividad del sector construcción en la región, con el fin de iniciar acciones que permitan trazar una hoja de ruta y recomendaciones para alcanzar mejoras regulatorias orientadas a la transparencia y la competitividad tanto de Guatemala como en el resto de países de la región, a dicha Reunión asistió en representación de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) el Secretario Ejecutivo, Ing. Alberto Ávila.

Dentro del marco de trabajo de RIAC (Red Interamericana de Competitividad), se llevó a cabo la reunión, planeada por La Organización de Estados Americanos (OEA), la Cámara Guatemalteca de la Construcción y El Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Economía.

El evento reunió a autoridades del sector público y privado nacionales e internacionales. Y se realizó el pasado 26 de julio, de 9:30 a 18:00 horas en el Hotel Vista Real, de la ciudad de Guatemala.

Estas 11 de delegaciones provenientes de El Salvador, Nicaragua, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos y Chile buscan facilitar el diálogo entre países, así como elaborar un plan de trabajo para fortalecer el intercambio y la colaboración entre los países del hemisferio, que promuevan y permitan generar un ambiente de inversión a través del fomento a la transparencia y competitividad en la región.

1ra. Reunión del Grupo de Trabajo de la OEA
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 ¿Cómo dinamizar la economía del sector construcción?

Para que el sector construcción sea un detonante en el crecimiento económico regional, se necesitan de reformas institucionales y generación de políticas públicas eficaces y transparentes, así como la mayor generación de proyectos público – privados, que logren hacer frente a los desafíos que se tienen como región.

 

Javier Ruiz, Presidente de Cámara Guatemalteca de la Construcción

El Fondo Monetario Internacional (FMI), prevé que la economía mundial crezca un 3.7% en 2018, mientras que para la región latinoamericana se proyecta un crecimiento del 2%, algo por encima del 1.3%, registrado en 2017. A nivel nacional, se estima un crecimiento del PIB nacional del 3.2%.

Este crecimiento a pesar de ser positivo, es insuficiente para hacer frente a los retos que se tienen como región y es por ello, la importancia de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción –FIIC- siendo el punto de encuentro de las cámaras de la construcción a nivel regional, con el objeto de la generación de propuestas para la dinamización de la economía a nivel regional.

Áreas de oportunidad del sector construcción a nivel regional

El crecimiento económico y la inversión en la infraestructura son elementos codependientes, es decir, en la medida que exista un mayor crecimiento económico, existirán más recursos para la inversión en infraestructura. Por otro lado, a mejor infraestructura, reducción de burocracia para acelerar la tramitología a partir de modelos de ventanilla única del Estado (VUC), reducción de las tasas de accidentalidad en colaboradores además de la mejora en los procesos de operación a través de modelos de “Construcción responsable” que siga los criterios del Desarrollo Sostenible, sin duda incentivará el crecimiento económico y por ende en la calidad de vida de la población.

  1. Inversión en infraestructura

Uno de los principales retos que se tienen como región es lograr la eficiencia en la inversión y la gestión de la inversión pública, para lo cual existen una serie de mecanismos jurídicos, institucionales y de procedimientos de gestión de inversión pública, que promueven el gasto público eficiente en infraestructura.

La región latinoamericana reducirá de manera significativa la pobreza, si los estados deciden invertir de forma eficiente y transparente en infraestructura, para ello, es menesteroso trabajar arduamente en modelos de financiamiento alterno a lo público, por medio de Asociaciones Público Privadas –APP- y dotar al sistema de reglas claras que promuevan la inversión en infraestructura.

En el caso de Guatemala, se ubica en el puesto 81 de 138 países, en el ranking de infraestructura, del Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial; el promedio de velocidad para el transporte de mercaderías en el país era de 58 km por hora, hoy en

día ha descendido a 37 km. Como Estado no se puede procurar el crecimiento económico, si no cuenta con puertos, aeropuertos e infraestructura que favorezca la libre movilización de bienes y personas.

Según el Fondo Monetario Internacional (2016) existe una serie de mecanismos jurídicos, institucionales y de procedimientos de gestión de inversión pública, que promueven el gasto público eficiente en infraestructura.

Gestión de la inversión pública en América Latina y el Caribe
*Gráfico tomado del Informe del FMI, Perspectivas Económicas de las Américas, pág, 98.

Según este gráfico, en la mayoría de países de la región existen márgenes de mejora, es necesaria la modernización en el proceso de selección de proyecto. Existen deficiencias en la supervisión y el mantenimiento de los activos construidos.

Los países de ALC, deberán contar con marcos rigurosos para incrementar la inversión pública ya que existe una correlación directa en los indicadores de eficiencia de la inversión pública con la solidez de las instituciones rectorasRespecto a las asociaciones públicas – privadas, países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, son los que cuentan con los entornos generales más propicios de la región.

Existen distintos países, como por ejemplo Guatemala, que ven su competitividad comprometida por la falta de inversión en infraestructura. De acuerdo al FMI, la infraestructura afecta el crecimiento potencial, es decir, que las deficiencias infraestructurales menoscaban el crecimiento de la región a mediano plazo.  

     2.Vivienda Social  

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo –BID- en América Latina y el Caribe, en la actualidad una de cada tres familias –un total de 59 millones de personas- en dicha región, habita en una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios o carente de servicios básicos.

El estudio “Un espacio para el desarrollo: los mercados de la vivienda en América Laitna y el Caribe” del BID, refleja que los mercados de vivienda de 18 países de la región latinoamericana no están cubriendo la demanda de vivienda formal, especialmente para la población de bajos ingresos.

Según dicho estudio, para que América Latina y el Caribe pueda reducir el actual déficit habitacional exclusivamente con viviendas construidas por los gobiernos en el marco de programas de desarrollo urbano, se debería más que septuplicar la inversión en programas de vivienda pública, implicando un gasto de US$ 310.000 millones, o 7,8 por ciento del producto bruto de la región.

En Guatemala más de 1,5 millones de familias carecen de una vivienda adecuada. Por ello, otra de las áreas de oportunidad en que el sector construcción, debe trabajar es desarrollar y estructurar proyectos que cambien la forma tradicional. Es necesario profundizar en esquemas adicionales al tradicional canal bancario. Formas nuevas como leasing habitacional, ahorro programado, fondos de inversión y de ahorro, entre otros deben florecer para complementar el trabajo actual que realiza la banca nacional.

Las medidas de reactivación económica del sector construcción a nivel regional, pasan principalmente por las reformas a marcos regulatorios, la ampliación de medios de financiamiento y la movilización de recursos privados. Por ello, es de vital importancia que ante problemas regionales, como lo son la calidad de infraestructura y el déficit de vivienda, en el marco de instancias como FIIC, se generen propuestas para dar salida a este tipo de problemáticas, logrando así la dinamización de la economía a nivel regional.

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Certeza Jurídica: requisito indispensable para la Inversión

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

El nivel de inversión extranjera en los países de Latinoamérica, se mide muchas veces por la confianza en el respeto de las leyes locales, las normativas del sector y los derechos de los consumidores.

Guatemala tiene ante si fuertes  retos para lograr su desarrollo y enfrentar las enormes necesidades sociales en salud, educación, seguridad e infraestructura que tenemos.

No podemos reducir la pobreza sin generar crecimiento económico inclusivo y estamos convencidos que la libertad de empresa es la mejor forma de buscar el bien integral de la persona y su desarrollo económico.

Este desarrollo se basa en:

  • El reconocimiento del derecho fundamental que tienen las personas de poder elegir con libertad como desean  ganarse la vida
  • El respeto a la propiedad.

Para lo anterior se requiere de un Estado de Derecho fuerte y de certeza jurídica para la inversión.  Sin inversión- lo sabemos-  simplemente no hay desarrollo.

Beneficios de la Ley de Electricidad

Una de los mayores condicionantes a la inversión es el acceso a la energía.

Desde que en 1996 Guatemala se emitió la Ley de Electricidad,  nuestro país a través de inversión privada ha sido capaz de:

  • Quintuplicar su capacidad de generación.
  • Tener hoy el doble de oferta que la demanda requerida, evitando los apagones y racionamientos de principios de los 90.
  • Ampliar  la cobertura eléctrica de un 62% a un 92%, llevando energía y oportunidades a mas guatemaltecos
  • Diversificar la matriz energética con mayor participación de energías renovables
  • Reducir hasta en un 40% el costo de la energía.

Este ha sido sin duda un caso ejemplar de éxito a nivel mundial donde un instrumento legal bien diseñado dio la certeza jurídica que promovió la inversión, mayoritariamente de guatemaltecos,  que con reglas claras y través de la libre empresa nos permiten hoy un tener un sector eléctrico fuerte y competitivo.

Una llamada de atención

Sin embargo, en los últimos meses, hemos enfrentado retos importantes, derivados de procesos legales en contra de hidroeléctricas que ya operaban en el país y una presión de movimientos sociales que resultaron en decisiones de las cortes guatemaltecas suspendiendo la operación de dichas hidroeléctricas por una interpretación, a nuestro juicio errónea, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que pueden constituirse en un precedente nefasto para el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país,  con consecuencias muy negativas para la inversión, para la economía del país y la vida de los guatemaltecos, pero sobre todo para muchísimas comunidades indígenas que necesitan de estas inversiones para poder tener mejores oportunidades de vida.

La falta de reglamentación del Convenio 169 es una responsabilidad que recae en el Estado de Guatemala pero en ningún caso debe afectar a empresas que ante la falta de esa regulación si cumplieron con todos los requisitos legales para poder hacer una inversión.

Es contradictorio que los permisos autorizados por el Estado, sean luego desconocidos por otro poder del Estado, cuando el Estado mismo fue quien incumplió con facilitar y reglamentar el proceso de consulta.

En este contexto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe reconocerse como un instrumento útil para promover un proceso de dialogo que considere las necesidades y atenúe la afectaciones directas negativas de las poblaciones indígenas, pero nunca debe ser utilizado como un freno al desarrollo.

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo, Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

 

Corrupción, caso Odebrecht. Declaración Conjunta FIIC.

DECLARACIÓN CONJUNTA. CorrupcióN, Caso Odebrecht

Realizada por las Cámaras de 18 países integrantes de Federación Interamericana de la Industria de la Construcción FIIC

Hechos graves de corrupción, confesos ante el Departamento de Justicia de USA por la empresa Odebrecht, expresado en un acuerdo judicial, involucra a varios países miembros de nuestra Federación, a parte de sus Gobiernos y eventualmente a otras empresas.

Frente a la realidad planteada, manifestamos:

1.- La corrupción es un viejo flagelo, que genera daños irreparables en todos los niveles de una sociedad. Denunciarla y combatirla es una responsabilidad común, siempre.

2.- Ante la admisión judicial de Odebrecht ya referida y en los países involucrados, Argentina, Brasil Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, nos permitimos exigir a sus Autoridades Nacionales acciones inmediatas y claras.

A las autoridades judiciales, que actúen con firmeza y celeridad.

A las autoridades administrativas, que comiencen de forma inmediata una revisión de todos los sistemas de licitación pública y los procesos de adjudicación de obras. Que denuncien a los funcionarios corruptos y a las empresas que han pagado sobornos.

3.- La FIIC y las Cámaras de la Construcción que la integran, han sido y son firmes opositores a todo mecanismo de corrupción. Exhortamos a mantener esa postura, haciendo las denuncias que entiendan conveniente.

América Latina y el Caribe necesitan una enorme inversión en vivienda e infraestructura. Solo así lograremos una vida más digna en beneficio de todos nuestros conciudadanos. La FIIC y sus Cámaras asociadas seguirán actuando con profesionalismo y el apego a los valores éticos y de integridad.

9 de Febrero de 2017

Consejo Directivo FIIC

VER DOCUMENTO ORIGINAL EN .PDF: https://goo.gl/iWRfss

 

Sugerimos considerar también lectura de los siguientes artículos recientes publicados por la FIIC sobre el tema de la Corrupción:

El Reto de Enfrentar la Corrupción

6 de febrero 2018. José R. González-Campo. Coordinador Comisión Anticorrupción FIIC. Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el tema de corrupción. Para muchos de nuestros países, se trata de una realidad vergonzosa que está teniendo un costo enorme, tanto moral como económica, y que se traduce en la pérdida de credibilidad en las instituciones y finalmente en menores oportunidades de una mejor vida para las personas.  Según datos de la revista Forbes, los países corruptos presentan una inversión 5% menor, en comparación con otras naciones mejor calificadas, y le restan a sus economías un crecimiento de entre 2 y 9% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Según Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. Otras entidades la definen como el abuso de una función pública o privada para una ganancia personal, e incluye actos como el soborno a un funcionario, el enriquecimiento ilícito a través de la adjudicación de fondos públicos para el enriquecimiento personal, o el tráfico de influencias.   Sin duda alguna la gestión gubernamental es la principal fuente de oportunidades para comportamientos corruptos, pero me parece que  ésta segunda definición, también permite reconocer que en el sector privado, en menor medida, también enfrentamos prácticas corruptas que tenemos que enfrentar.

La corrupción no es exclusiva a un solo sector, se da en todos los ámbitos.  Sin embargo, está claro también, que el sector construcción es una de los más vulnerables.

Desde los procesos  requeridos para poder iniciar y ejecutar una obra, hasta las contrataciones de grandes proyectos de infraestructura, nuestra actividad está sujeta a un sinnúmero de oportunidades de discrecionalidad, abuso de poder,  manejo y disposición de especificaciones y fondos que son el campo fértil para el corrupto

La responsabilidad de prevenir y combatir la corrupción debe ser compartida por todos los actores que participan en la actividad constructiva.

Cada quien, en su ámbito, debe asumir su propia responsabilidad  para crear un frente efectivo y coordinado. Sin duda, al Estado hay que exigirle un comportamiento ejemplar  y debe ser referente de transparencia y de la implementación inmediata de protocolos y medidas anticorrupción.  Pero: ¿ cuál debe ser nuestro papel gremial en este proceso?

En primer lugar debemos considerar que antes de ser empresarios y directivos gremiales, somos ciudadanos de cada uno de nuestros países y tenemos una responsabilidad cívica, profesional y de ética personal con nuestro país que no podemos obviar.

Como personas y ciudadanos tenemos una responsabilidad de actuar.

En segundo término,  como asociaciones gremiales debemos tener también una posición muy clara ante señalamientos de corrupción,  quien haya faltado a la ley y a sus obligaciones, debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La lucha contra la corrupción y por la transparencia es una responsabilidad cívica del sector privado, pero además debe ser parte fundamental de la defensa de la actividad empresarial honesta que cumple cabalmente con sus obligaciones.

La lucha contra la corrupción debe ser parte de nuestra gestión gremial y una obligación frente a nuestros asociados.

No hay métodos únicos ni sencillos para combatir la corrupción,  este debe ser un proceso de largo plazo de un cambio cultural profundo.  La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) está comprometida en ese esfuerzo y para ello cuenta con una Comisión Anticorrupción que coordine y apoye los esfuerzos de todos sus asociados y de forma conjunta

José R. González-Campo. Coordinador Comisión Anticorrupción FIIC. Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.