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Certeza Jurídica: requisito indispensable para la Inversión

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

El nivel de inversión extranjera en los países de Latinoamérica, se mide muchas veces por la confianza en el respeto de las leyes locales, las normativas del sector y los derechos de los consumidores.

Guatemala tiene ante si fuertes  retos para lograr su desarrollo y enfrentar las enormes necesidades sociales en salud, educación, seguridad e infraestructura que tenemos.

No podemos reducir la pobreza sin generar crecimiento económico inclusivo y estamos convencidos que la libertad de empresa es la mejor forma de buscar el bien integral de la persona y su desarrollo económico.

Este desarrollo se basa en:

  • El reconocimiento del derecho fundamental que tienen las personas de poder elegir con libertad como desean  ganarse la vida
  • El respeto a la propiedad.

Para lo anterior se requiere de un Estado de Derecho fuerte y de certeza jurídica para la inversión.  Sin inversión- lo sabemos-  simplemente no hay desarrollo.

Beneficios de la Ley de Electricidad

Una de los mayores condicionantes a la inversión es el acceso a la energía.

Desde que en 1996 Guatemala se emitió la Ley de Electricidad,  nuestro país a través de inversión privada ha sido capaz de:

  • Quintuplicar su capacidad de generación.
  • Tener hoy el doble de oferta que la demanda requerida, evitando los apagones y racionamientos de principios de los 90.
  • Ampliar  la cobertura eléctrica de un 62% a un 92%, llevando energía y oportunidades a mas guatemaltecos
  • Diversificar la matriz energética con mayor participación de energías renovables
  • Reducir hasta en un 40% el costo de la energía.

Este ha sido sin duda un caso ejemplar de éxito a nivel mundial donde un instrumento legal bien diseñado dio la certeza jurídica que promovió la inversión, mayoritariamente de guatemaltecos,  que con reglas claras y través de la libre empresa nos permiten hoy un tener un sector eléctrico fuerte y competitivo.

Una llamada de atención

Sin embargo, en los últimos meses, hemos enfrentado retos importantes, derivados de procesos legales en contra de hidroeléctricas que ya operaban en el país y una presión de movimientos sociales que resultaron en decisiones de las cortes guatemaltecas suspendiendo la operación de dichas hidroeléctricas por una interpretación, a nuestro juicio errónea, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que pueden constituirse en un precedente nefasto para el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país,  con consecuencias muy negativas para la inversión, para la economía del país y la vida de los guatemaltecos, pero sobre todo para muchísimas comunidades indígenas que necesitan de estas inversiones para poder tener mejores oportunidades de vida.

La falta de reglamentación del Convenio 169 es una responsabilidad que recae en el Estado de Guatemala pero en ningún caso debe afectar a empresas que ante la falta de esa regulación si cumplieron con todos los requisitos legales para poder hacer una inversión.

Es contradictorio que los permisos autorizados por el Estado, sean luego desconocidos por otro poder del Estado, cuando el Estado mismo fue quien incumplió con facilitar y reglamentar el proceso de consulta.

En este contexto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe reconocerse como un instrumento útil para promover un proceso de dialogo que considere las necesidades y atenúe la afectaciones directas negativas de las poblaciones indígenas, pero nunca debe ser utilizado como un freno al desarrollo.

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo, Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

 

Corrupción, caso Odebrecht. Declaración Conjunta FIIC.

DECLARACIÓN CONJUNTA. CorrupcióN, Caso Odebrecht

Realizada por las Cámaras de 18 países integrantes de Federación Interamericana de la Industria de la Construcción FIIC

Hechos graves de corrupción, confesos ante el Departamento de Justicia de USA por la empresa Odebrecht, expresado en un acuerdo judicial, involucra a varios países miembros de nuestra Federación, a parte de sus Gobiernos y eventualmente a otras empresas.

Frente a la realidad planteada, manifestamos:

1.- La corrupción es un viejo flagelo, que genera daños irreparables en todos los niveles de una sociedad. Denunciarla y combatirla es una responsabilidad común, siempre.

2.- Ante la admisión judicial de Odebrecht ya referida y en los países involucrados, Argentina, Brasil Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, nos permitimos exigir a sus Autoridades Nacionales acciones inmediatas y claras.

A las autoridades judiciales, que actúen con firmeza y celeridad.

A las autoridades administrativas, que comiencen de forma inmediata una revisión de todos los sistemas de licitación pública y los procesos de adjudicación de obras. Que denuncien a los funcionarios corruptos y a las empresas que han pagado sobornos.

3.- La FIIC y las Cámaras de la Construcción que la integran, han sido y son firmes opositores a todo mecanismo de corrupción. Exhortamos a mantener esa postura, haciendo las denuncias que entiendan conveniente.

América Latina y el Caribe necesitan una enorme inversión en vivienda e infraestructura. Solo así lograremos una vida más digna en beneficio de todos nuestros conciudadanos. La FIIC y sus Cámaras asociadas seguirán actuando con profesionalismo y el apego a los valores éticos y de integridad.

9 de Febrero de 2017

Consejo Directivo FIIC

VER DOCUMENTO ORIGINAL EN .PDF: https://goo.gl/iWRfss

 

Sugerimos considerar también lectura de los siguientes artículos recientes publicados por la FIIC sobre el tema de la Corrupción:

El Reto de Enfrentar la Corrupción

6 de febrero 2018. José R. González-Campo. Coordinador Comisión Anticorrupción FIIC. Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre el tema de corrupción. Para muchos de nuestros países, se trata de una realidad vergonzosa que está teniendo un costo enorme, tanto moral como económica, y que se traduce en la pérdida de credibilidad en las instituciones y finalmente en menores oportunidades de una mejor vida para las personas.  Según datos de la revista Forbes, los países corruptos presentan una inversión 5% menor, en comparación con otras naciones mejor calificadas, y le restan a sus economías un crecimiento de entre 2 y 9% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Según Transparencia Internacional, la corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado. Otras entidades la definen como el abuso de una función pública o privada para una ganancia personal, e incluye actos como el soborno a un funcionario, el enriquecimiento ilícito a través de la adjudicación de fondos públicos para el enriquecimiento personal, o el tráfico de influencias.   Sin duda alguna la gestión gubernamental es la principal fuente de oportunidades para comportamientos corruptos, pero me parece que  ésta segunda definición, también permite reconocer que en el sector privado, en menor medida, también enfrentamos prácticas corruptas que tenemos que enfrentar.

La corrupción no es exclusiva a un solo sector, se da en todos los ámbitos.  Sin embargo, está claro también, que el sector construcción es una de los más vulnerables.

Desde los procesos  requeridos para poder iniciar y ejecutar una obra, hasta las contrataciones de grandes proyectos de infraestructura, nuestra actividad está sujeta a un sinnúmero de oportunidades de discrecionalidad, abuso de poder,  manejo y disposición de especificaciones y fondos que son el campo fértil para el corrupto

La responsabilidad de prevenir y combatir la corrupción debe ser compartida por todos los actores que participan en la actividad constructiva.

Cada quien, en su ámbito, debe asumir su propia responsabilidad  para crear un frente efectivo y coordinado. Sin duda, al Estado hay que exigirle un comportamiento ejemplar  y debe ser referente de transparencia y de la implementación inmediata de protocolos y medidas anticorrupción.  Pero: ¿ cuál debe ser nuestro papel gremial en este proceso?

En primer lugar debemos considerar que antes de ser empresarios y directivos gremiales, somos ciudadanos de cada uno de nuestros países y tenemos una responsabilidad cívica, profesional y de ética personal con nuestro país que no podemos obviar.

Como personas y ciudadanos tenemos una responsabilidad de actuar.

En segundo término,  como asociaciones gremiales debemos tener también una posición muy clara ante señalamientos de corrupción,  quien haya faltado a la ley y a sus obligaciones, debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La lucha contra la corrupción y por la transparencia es una responsabilidad cívica del sector privado, pero además debe ser parte fundamental de la defensa de la actividad empresarial honesta que cumple cabalmente con sus obligaciones.

La lucha contra la corrupción debe ser parte de nuestra gestión gremial y una obligación frente a nuestros asociados.

No hay métodos únicos ni sencillos para combatir la corrupción,  este debe ser un proceso de largo plazo de un cambio cultural profundo.  La Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) está comprometida en ese esfuerzo y para ello cuenta con una Comisión Anticorrupción que coordine y apoye los esfuerzos de todos sus asociados y de forma conjunta

José R. González-Campo. Coordinador Comisión Anticorrupción FIIC. Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.