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Comisión De Infraestructura: Desafío de la Infraestructura en Latinoamérica

Infraestructura en Latinoamérica

Es conocido que en Latinoamérica existe un profundo déficit de Infraestructura social, brecha (entre lo requerido y lo existente) que crece cada año.

La actual pandemia, debido al Covid-19, no hace más que agravar esta situación, pero a su vez, potencia la necesidad de invertir en infraestructura desde el primer día después de esta crisis. Ese es el desafío del presente. Seguramente una nueva normalidad exigirá adecuar la priorización de proyectos y el planeamiento de la inversión a realizar, pero el reto será siempre el mismo.

CEPAL estima que en Latinoamérica cerrarán 2,5 Millones de empresas formales en los próximos meses, muchas de ellas del sector construcción. También que habrá 30 Millones de nuevos pobres en la región, para llegar a 215 Millones. Estiman que se habrá perdido el crecimiento de los 13 últimos años y, todo ello, si no sobreviene una segunda ola de contagios.

En momentos de tal gravedad, entendemos que mantienen total vigencia los principios que guían la acción de FIIC respecto a la Infraestructura, expresados en la Declaración de Riviera Maya de 2011.

  • La infraestructura física y social es una inversión y no un gasto.
  • Solo una inversión continuada en infraestructura en niveles del orden del 5 al 7 % del PBI, han permitido crecer a los países.
  • La inversión en infraestructura puede y debe ser potenciada mediante la acción concertada y colaborativa entre gobiernos, sector privado y organismos multilaterales de crédito y entes de apoyo al desarrollo.
  • El mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura existente es una obligación de las autoridades.
  • La inversión en infraestructura debe ser realizada en un marco de estricto respeto a la institucionalidad, normas y códigos, actuando con la mayor transparencia.  
  • Es imprescindible la participación del constructor privado quien garantiza la adecuada realización de la obra y la eficiente aplicación de los recursos destinados.

He dejado para el final dos Principios que serán esenciales en los próximos días: En épocas de crisis o retracción económica, la inversión en construcciones es la mejor herramienta contra cíclica por su amplio efecto multiplicador sobre otras ramas de la actividad, el fuerte impacto sobre el empleo y aún el no calificado.

La inversión en Infraestructura es una de las mejores herramientas de acción social, al generar trabajo directo, actividad indirecta, recursos fiscales derivados de ella y competitividad del país que generará nuevos recursos en un ciclo virtuoso.

Nuestra Federación, que reúne a los más significativos ejecutores de infraestructura de Latinoamérica, debe difundir y sostener estas posiciones, buscar el apoyo de Gobiernos y Organismos Multilaterales y convencerlos de dar reimpulso a la actividad a través de nuestro sector.

Pero, además, no debemos dejar de lado y prever la nueva normalidad y cómo ésta afectará a la infraestructura del futuro.  Esto porque sin duda, se incentivará la infraestructura para la salud, el saneamiento y los medios físicos requeridos para la información y las comunicaciones. Pero es más difícil imaginar el efecto de la pandemia sobre el transporte público y el diseño de las ciudades.

Los invitamos cordialmente a pensarlo juntos en la Comisión de Infraestructura de FIIC, que se reúne el primer miércoles de cada mes, a las 15 hs UTC, por vía virtual. 

Fernando Lago

Coordinador Comisión de Infraestructura FIIC

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BID Junto a FIIC Proponen Plan para la Recuperación de la Economía de Latinoamérica

Webinar BID y FIIC
Webinar realizado el pasado 28 de abril, entre el BID y la FIIC

“Diálogo regional de políticas 2020: retos para reactivar la construcción de infraestructura”, fue el nombre del webinar realizado el pasado 28 de abril, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación Interamericana de la Construcción (FIIC).

Con más de 140 asistentes, representantes de FIIC (Leslie Martínez, de Nicaragua, Ricardo Platt, de México, Fernando Lago, de Argentina, además de Sergio Torretti, presidente FIIC) y del BID (Agustín Aguerre, gerente de Infraestructura y Néstor Roa, jefe División de Transporte) presentaron propuestas de recuperación económica en infraestructura para los países miembros de FIIC, ante la crisis mundial debido al COVID-19.

En la oportunidad, la institución financiera, quien ha liderado los conversatorios en materia económica a nivel mundial, comentó el trabajo que iniciarán respecto a un plan de salida para la recuperación de la economía de Latinoamérica.  

Para el BID la inversión en infraestructura será relevante para la recuperación de la economía en el corto plazo, y, para ello, es sustancial la construcción de los argumentos políticos y económicos, significativos y concretos, de por qué es fundamental una inversión en infraestructura. 

Por lo mismo, se acordó que, en lo inmediato, los países miembros de FIIC levantarán carteras de obras de infraestructura pública, de fácil y rápida ejecución: como programas de pavimentos secundarios o saneamientos rural.  Así como todas las carteras de obras que tengan la ingeniería lista, con impacto social y que implique generar mayor holgura a los países que se encontrarán con una estrechez fiscal.

La importancia de instalar la necesidad de una Asociación Pública Privada, como una alternativa a la estrechez fiscal con la que se enfrentarán los países, también serán parte de los argumentos que FIIC relevará a los gobiernos de Latinoamérica.

“Sería tremendamente positivo que el conjunto de las cámaras, con el apoyo de FIIC, pueda proponerles a sus gobiernos que para la recuperación económica la inversión en infraestructura es esencial.  Y en eso FIIC estará alineado con el BID”, dijo Alberto Undurraga, asesor para FIIC.

En materia sanitaria, los miembros de FIIC reforzaron la importancia de ejecutar un trabajo conjunto y coordinado entre las Cámaras para el retorno a las obras. En este sentido, se trabajará en la transición de dicho retorno, en donde se observarán las condiciones de las faenas y salud de sus trabajadores, además de compartir las distintas experiencias de los países afectados, para que todos colaboren en este complejo proceso. 

El impacto en las empresas y control de riesgo también fue discutido en la cita. En este sentido, se abordó la importancia de ir observando los problemas de liquidez que puedan enfrentar las empresas de la industria, así como el funcionamiento del apoyo estatal de algunos países o la viabilidad de créditos, entendiendo las distintas respuestas de los gobiernos en materia sanitaria y económica.  Cabe destacar que, en este ítem, el apoyo del BID se hace a través de los gobiernos.

Al finalizar la reunión, el presidente de FIIC, Sergio Torretti, agradeció y destacó la importancia del trabajo conjunto que se desarrolla con el BID y enfatizó en que “el mayor aporte que podemos hacer las cámaras, es trabajar desde ya en el levantamiento de carteras de proyectos de rápida ejecución, para que dichas inversiones, con argumentos técnicos, tengan eco en los gobiernos y así puedan tomar las mejores decisiones y lograr una recuperación económica lo antes posible”.

Comisión de Infraestructura entrega valioso informe

Ing. Fernando Lago, Coordinador Comisión de Infraestructura.
Ing. Fernando Lago en la presentación del Informe de la Comisión de Infraestructura de la cual es coordinador

A principios de diciembre de 2019, la Comisión de Infraestructura de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC), realizó una importante investigación relativa a los “Costos Comparados de Obras Viales en Latino América y el Mundo”. 

Tal y como lo confirma el trabajo de la autoridad de Transporte del Estado de Washington en Estados Unidos, “Washington State Department of Transportation: Highway Construction Cost 2004”, es generalmente aceptado que el costo de la construcción de una obra vial depende de una gran cantidad de factores como el diseño de la obra, el tipo de terreno atravesado, el suelo de apoyo, la necesidad de expropiar terrenos, la presencia o importancia de puentes, túneles y distribuidores.

Por lo mismo, es muy difícil el establecimiento de valores comparables entre obras de un mismo país o entre obras de países diferentes. Por consiguiente, la comisión realizó una tabla en la que se consignan los valores informados por distintas fuentes, homogeneizados en unidades métricas y por cada carril.

Con todo, aunque aún se espera obtener información de otras Cámaras de la región, los datos ya obtenidos muestran que los costos en Latino América son sustancialmente menores a los registrados o calculados en otras regiones del mundo.

Primer Foro Latinoamericano de Infraestructura en Chile

FLI2018

Más de 400 personas participaron en la inauguración

La importancia de la infraestructura en el crecimiento de la economía de los países y su rol clave en la productividad, fueron los conceptos principales destacados en la jornada inaugural de Primer Foro Latinoamericano de Infraestructura, llevado a cabo en Santiago de Chile, y que contó con la presencia de los ministros de Obras Públicas de Chile, Juan Andrés Fontaine, y de Paraguay, Ramón Jiménez, además de autoridades, académicos y empresarios vinculados al sector.

Organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el encuentro contó con la participación de más de 400 personas.

Al dar la bienvenida al Foro, el presidente del CPI, Daniel Hurtado, enfatizó que la infraestructura es clave para mejorar el bienestar de la población y por ello es necesario que Chile vuelva a retomar los niveles de inversión y llegar nuevamente al 3,5% del PIB, versus el 2% que ha registrado, en promedio, en los últimos años. “Esta baja explica, en parte, que Chile haya caído en el Índice de Competitividad Mundial del World Economic Forum (WEF) del lugar 22 en 2005 al 33 en el último reporte”, señaló Hurtado.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas de Chile, Juan Andrés Fontaine, enfatizó que la infraestructura es esencial en impulsar la economía ya que crea empleo mientras los proyectos se llevan a cabo; aumenta la capacidad productiva y la competitividad; mejora la eficiencia e integra los mercados.

“En los últimos 30 años el crecimiento promedio de Chile fue 5%. Sin embargo, en los últimos años esa tasa ha bajado por una caída en la capacidad productiva. Para revertir esto es necesario mejorar las tasas de inversión, que pasó de 25% en 2013 a 22%, y de productividad. En todo esto es fundamental la inversión en infraestructura”, explicó el ministro.

Detalló que, para ello, el programa del Gobierno de Chile está centrando atacar las debilidades en infraestructura, de manera de que el país mejore su desempeño en áreas como ferrocarriles y aeropuertos, donde se concentran las mayores deficiencias de acuerdo al informe de competitividad que elabora el WEF.

“Además, hay que hacer frente a la gran demanda de infraestructura que en carreteras crece, por aumento de los ingresos, en 9,5% anual y en tráfico aéreo en 10% al año. La falta de inversión genera congestión y eso incide en pérdida de competitividad por mayores tiempos de traslado tanto de las personas como de la cadena logística”, enfatizó el ministro Fontaine. Agregó que en los próximos cuatro años la meta del Gobierno es invertir US$ 20 mil millones, de los cuales el 37% corresponderá a concesiones. Esto implica que la inversión pública que concretará el Ministerio de Obras Públicas crecerá en torno al 11% anual.

La representante del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) en Chile, Carolyn Robert, en tanto, relevó el liderazgo de nuestro país en América Latina en impulsar un sistema de concesiones y de asociación público privada.

Desafíos pendientes para mejorar conectividad digital en América Latina

Durante el evento, representantes de entidades públicas y privadas de Chile, Uruguay y Brasil revisaron las brechas tecnológicas, jurídicas y económicas que alejan a la región de los beneficios de la economía digital y discutieron formas de superarlas.

La necesidad de contar con agendas de políticas públicas que permitan generar las condiciones para aumentar la inversión en infraestructura digital, los desafíos técnicos y económicos inherentes a los que se enfrenta la región en este ámbito y posibles estrategias para superarlos, fueron algunos de los temas tratados en la primera versión del Foro Latinoamericano de Infraestructura, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

André Moura Gomes, consultor internacional de Cullen International -quien trabajó directamente en la coordinación de las políticas de infraestructura de banda ancha en Brasil- afirmó que uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector es que la infraestructura de conectividad digital suele “no ser considerada aún como prioridad en la región”.

El experto se refirió a la importancia de coordinar esfuerzos y políticas para integrar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones con otros tipos de infraestructura, como una forma de bajar costos. Especial relevancia cobra, en este sentido, el Internet de las Cosas (IoT), que permitiría la integración de infraestructuras utilizando los dispositivos conectados a la red.

Por su parte Edgardo Morón, de Antel, empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay, se refirió a la exitosa experiencia de la compañía reemplazando la red de cobre existente por fibra óptica, iniciativa que comenzó en 2011 y que ya tiene un 73% de los hogares con cobertura de FTTH.

“Esto significa que hoy, en lo que se refiere a la relación de servicios de datos sobre fibra óptica respecto del total de servicios de datos, Uruguay se ubica en tercer lugar, debajo de Japón y Corea”, explicó.

La compañía planea completar el despliegue de fibra óptica en todo el país, teniendo como objetivo llegar a todos los lugares donde tienen ADSL, dentro de los próximos 5 años. “Además, agregó, estamos enfocados, dado el crecimiento del mercado de las telecomunicaciones a una tasa de 1 a 1.5% anual, en mejorar los servicios actuales y optimizar nuestra gestión, como una forma de aumentar los márgenes”.

Fuente: CPI

FLI2018
Foro Latinoamericano de Infraestructura, Santiago de Chile 2018

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La Comisión de Infraestructura de FIIC Avanza en Múltiples Frentes

Comisión de Infraestructura FIIC

Por Ing. Fernando Lago[1]

Mediante videoconferencias y reuniones presenciales, la Comisión se mantiene activa e impulsa una mayor participación de las Cámaras. 

Zoom, WhatsApp, E-Mail. Las vías pueden cambiar pero cada mes sin falta, la Comisión de Infraestructura se reúne para debatir sobre las problemáticas tradicionales y nuevas del sector. Entre los temas más recientes se destacan: derechos de vía (efectos sobre plazos y costos); licencia social (incluso aspectos ambientales); y sistemas de asignación de obras públicas (en particular lo referido a mecánicas que limiten el acceso a los concursos o fomenten la discrecionalidad del ente contratante).

Mientras tanto, continúa el diálogo con empresarios para profundizar el análisis sobre los siguientes puntos:

Comisión de Infraestructura en RCDLXXVII

  • Herramientas contra-cíclicas.  Se pasa revista a la situación de cada país con el fin de conocer si las autoridades adoptan o no políticas activas para reducir el efecto de la recesión.
  • Asociación Público- Privada: PPP.  Se estudia la evolución de los contratos de PPP en el mundo y en Latinoamérica.  Actualmente, se percibe con desaliento el escenario mundial de la construcción, con baja inversión, por la escasez de recursos públicos. Debería incentivarse la colaboración entre países a través de Alianzas Público- Privadas o PPP, con el objetivo de aumentar las inversiones.  Paralelamente se resaltó la acción continuada de promoción de la herramienta por parte de los Bancos Multilaterales y Organismos Internacionales.  Resulta más sencillo para los países comenzar a concretar proyectos pequeños de PPP, en principio con financiamiento local (desarrollo urbano, estacionamientos, etc.)
  • Estudio de Precios Comparados de una Obra Vial Tipo en los distintos países de Latino-américa. En donde se comparan precios de insumos y rendimientos. Se envió a los miembros de la Comisión un Presupuesto ajustado a las tecnologías, rendimientos y costos vigentes actualmente en Argentina, realizado con el concurso de empresas asociadas.

Se invita a los miembros de la Comisión a aportar ejercicios equivalentes, con equipos, rendimientos y costos de su país. Para posibilitar la comparación de costos y rendimientos para una misma obra.

Business 20 (b20)

En Argentina, por su parte, se desarrolla el B20, como parte de las actividades del G20. El Grupo de las 20 naciones más desarrolladas del mundo.

Las posiciones del B20, que nuclea a los sectores empresarios de esos países, serán consideradas por los líderes políticos del G20 en su Cumbre anual.

La Comisión participa en los Grupos de Trabajo del B20. En particular en la Task Force de Financiamiento del Crecimiento y la Infraestructura.  Esta gira en torno al desafío de reducir la brecha de infraestructura que crece cada año. La disponibilidad de infraestructura es prerrequisito para la calidad de vida de la población y para la competitividad de cada país o región.

Reunión B20 en Argentina

Puntualmente, los principales ejes de trabajo de la Task Force son:

– La constitución de la inversión en infraestructura como un nuevo “Asset Class”, en los mercados financieros. Ello debería facilitar a que los enormes recursos financieros existentes en el mundo, fluyan hacia la necesaria inversión en infraestructura, haciéndola incluso más accesible a inversores menos sofisticados.

– Potenciar el uso del capital privado en la inversión en Infraestructura a través de mecanismos de Participación Público Privada -PPP. Estos deberían ampliar el acceso de capital privado a los proyectos, y mejorar su eficiencia, teniendo en cuenta sus beneficios (económicos, sociales, ambientales) a lo largo de todo su ciclo de vida.

– Aumentar el acceso a un financiamiento accesible a la vivienda, pues la vivienda digna es una condición básica de la calidad de vida y el financiamiento a la vivienda es seguro, estable y beneficioso para ambas partes.

La “Task Force” espera llegar a unas recomendaciones consensuadas entre sus 140 miembros, representantes de distintos sectores y países.  La meta será persuadir a los líderes del G20, líderes de países que representan el 85% del PIB mundial, a que esas políticas deben ser sostenidas y apoyadas.

[1] De la Cámara Argentina de la Construcción. Consejero FIIC. Coordinador de la Comisión de Infraestructura.

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Una apuesta por la productividad en el sector de la construcción

2 de octubre Por Edwin Chirivi Bonilla, Director de Estudios Económicos y Proyectos Estratégicos de Camacol

  • De acuerdo con Mckinsey Global Institute – MGI, la construcción mueve recursos anuales equivalentes al 13% del PIB Global, cifra que asciende a $10 trillones de dólares.
  • Romper la inercia de baja productividad debe ser una apuesta integral que permita acelerar la trasformación del sector en línea con el avance que otros sectores productivos vienen dando. 

El reporte de Mckinsey agrupa los principales factores restrictivos del avance en la productividad del sector y describe las acciones más importantes que pueden desarrollarse de manera simultánea desde el enfoque empresarial, sectorial y de política pública para ganar en innovación y competitividad.

¡La construcción importa!…

El sector de la construcción es de gran relevancia en la estructura económica mundial. De acuerdo con Mckinsey Global Institute – MGI[1],  la construcción mueve recursos anuales equivalentes al 13% del PIB Global, cifra que asciende a $10 trillones de dólares. Con esas inversiones el sector emplea 7% del total de la mano de obra global.

Esta relevancia económica no ha estado directamente relacionada con un avance significativo en materia de productividad, y lejos de los resultados que se pueden observar en otros sectores.

Según el reporte del MGI “Reiventing construction – A route a higher productivity” publicado en el año 2016, la productividad laboral en el sector de la construcción ha crecido en promedio 1% en las dos últimas décadas, resultados que contrastan con el 2.8% que ha crecido la productividad en la economía global y el 3.6% que lo ha hecho la industria manufacturera en el mismo periodo. Las estimaciones del reporte muestran que cerrar la brecha de productividad que enfrenta el sector de la construcción podría aumentar su valor agregado a nivel global en 1,6 trillones de dólares, cifra que en términos relativos equivale al Producto Interno Bruto de Canadá o a un 2% de la economía global.

 Las causas de los modestos avances en productividad en el sector de la construcción hacen parte de una mezcla de elementos que se conjugan con una estructura empresarial altamente fragmentada, una mayor complejidad de los proyectos constructivos y comunes desfaces sobre los tiempos de ejecución y la rentabilidad esperada de los proyectos. El reporte de Mckinsey agrupa los principales factores restrictivos del avance en la productividad del sector en tres categorías: fuerzas externas, dinámica industrial y factores operacionales a nivel de las firmas. (Esquema 1).

 Esquema 1. Causas de la baja productividad en el sector de la construcción.

Fuente. Mckinsey Global Institute – MGI.

 En el nivel de fuerzas externas que limitan la productividad del sector de la construcción, el análisis del MGI identificó que la complejidad de los proyectos, la regulación y la informalidad generan brechas en el desempeño de las compañías. Desde la dinámica industrial, la fragmentación empresarial, de la desalineación en las estructuras contractuales y las características de los proyectos en relación con la demanda ha venido generando sesgos a la baja en el ejercicio de las firmas del sector. Asimismo, al interior de las empresas el estudio del MGI identificó que los cuatro elementos que más restan en la optimización de la operación de las compañías están relacionados con los procesos de diseño e inversión, la gestión integral de los proyectos, la disponibilidad de mano de obra y la limitada adopción de técnicas digitales y procesos de innovación.

Estos problemas que fueron identificados como causas raíz de la baja productividad en la construcción también tienen una serie de elementos sobre los cuales se pueden establecer acciones para contenerlos y revertir el proceso, conduciendo así la actividad hacia el cierre de brechas y el consecuente aumento en el desempeño integral de las firmas. De acuerdo con el reporte, hay siete áreas de trabajo que permitirían aumentar la productividad en el sector de la construcción entre 50% y 60%. Estos factores podrían ser potencializados a través de estrategias complementarias que movilicen al sector en una lógica de estandarización y procesos de manufactura, y lo alejaran del tradicional concepto de ejecución y gestión individual de proyectos.

El primer elemento clave sobre el que se debe repensar la productividad en el sector de la construcción tiene que ver con redefinir la regulación y aumentar la transparencia, en el sentido de racionalizar los trámites y los procesos de aprobación requeridos. El segundo está relacionado con renovar la estructura contractual entre desarrolladores y subcontratistas, de tal modo que cambie el esquema tradicional basado en evaluación por costos, hacia un modelo que integre de manera efectiva el trabajo colaborativo, la solución de problemas y la planificación integrada, tal y como se establece en los esquemas IPD (Integrated Project Delivery).

El tercer aspecto sobre el cual se pueden generar avances sustanciales en la productividad tiene que ver con una nueva concepción en los procesos de diseño e ingeniería de los proyectos. La estandarización de diseños y procesos constructivos que no requieren definiciones a la medida de cada proyecto, que puedan ser replicables de manera regular y que permitan minimizar la ejecución en sitio, pueden contribuir al aumento en la productividad. También el reporte del MGI menciona que mejorar el proceso de compra y provisión de insumos mediante una mezcla de mejores prácticas replicables de otras industrias, la inclusión de procesos de digitalización en la selección de proveedores y la centralización de ciertas acciones en el proceso de compras, pueden tener beneficios en tiempo, transparencia y menor precio por mayor escala.

 En una dirección similar, se recomienda mejorar los procesos de ejecución en obra mediante la implementación de sistemas de planificación rigurosos como Last Planner System, los cuales permiten que las actividades claves se desarrollan en tiempo y presupuestalmente alineadas. A esto se debe sumar la definición de indicadores claves de productividad que mejoren la relación entre desarrolladores y sub­-contratistas; con acciones complementarias en la articulación eficiente de procesos mediante la filosofía Lean de tal forma que se pueda minimizar la variabilidad en los rendimientos y reducir las pérdidas.

Por último, se describen dos factores fundamentales para aumentar la productividad en el sector. Por un lado, incrementar los procesos de adopción de nueva tecnología que pueden ir desde el modelaje a través de procesos de 5D Building Information Modeling, hasta el uso de técnicas avanzadas de análisis derivadas del internet de las cosas, los cuales facilitan el monitoreo, diagnóstico e intercambio de información en los procesos de planificación y ejecución de las obras. Por otro lado, se plantea el fortalecimiento de las habilidades y formación de la fuerza laboral, en relación con el uso de las últimas tecnologías y herramientas digitales, y el diseño de programas de aprendizaje y estabilidad laboral para los trabajadores.

 Estas acciones pueden desarrollarse de manera simultánea desde el enfoque empresarial, sectorial y de política pública. Ejemplos de programas para su implementación han sido bien documentados en países como China, Australia, Bélgica, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, entre otros. Romper la inercia de baja productividad debe ser una apuesta integral que permita acelerar la trasformación del sector en línea con el avance que otros sectores productivos vienen dando. 

 [1] http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/reinventing-construction-through-a-productivity-revolution

2 de octubre Por Edwin Chirivi Bonilla, Director de Estudios Económicos y Proyectos Estratégicos de Camacol

Los sismos de México y los constructores

25 de septiembre del 2017.  Por Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora.

Los sismos han azotado al continente americano desde tiempos ancestrales, sus efectos devastadores se han presentado lo mismo en San Francisco que en Chile, lo mismo en Perú que en Nicaragua y Argentina.

El mes de septiembre del 2017  México fue  sacudido violentamente por  dos terremotos ( hasta el día 19 )  que tienen en el desamparo a  miles de  familias en el sur de nuestro  país, así como en la Ciudad de México (CDMX).

El 7 de septiembre un terremoto de 8.2 grados – el más fuerte en los últimos cien años–  afectó a  la CDMX  y  los  tres estados sureños de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, entidades cuya accidentada orografía montañosa  ha dificultado las labores de rescate;  y nuevamente el 19 de septiembre – como hace 32 años-  la capital de nuestro país  y  los  estados vecinos de Morelos y Puebla sufrieron un terremoto de 7.1 en la escala de Richter.

Para dimensionar  la grave problemática generada por los efectos de los dos sismos comparto estos datos duros… muy duros:  fallecieron 407 personas –pérdidas irreparables a diferencia de las materiales-,  135 mil edificaciones han sido afectadas;  se estima hasta el momento que cerca de 50 mil inmuebles fueron considerados como pérdida total,  y  solo en el sur de México se estima que 2 millones 500 mil personas perdieron sus casas.

La infraestructura educativa mexicana sufrió la devastación de 7,398 escuelas;  por su parte  La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empresa responsable de suministrar la energía en México informó que el 32% del  territorio nacional fue afectado por cortes de energía.

La respuesta de todos los sectores socio-económicos de México, así como de los tres niveles de gobierno: federación, estado y municipio, ha sido inmediata.

Ante una enorme presión social de la opinión pública nacional, un considerable porcentaje de los montos económicos (Prerrogativas)  que recibirán los partidos políticos para los gastos de las campañas  electorales del 2018, que incluyen la Presidencia, 128  Senadores, 500 Diputados federales y 2, 818 alcaldes,  se planea será  destinado a la atención de la tragedia.

Debo señalar que los 7 partidos políticos en México recibirán del gobierno federal  en el 2018  6 mil 778 millones de pesos  (aproximadamente 388 millones de dólares)  para el financiamiento de las campañas electorales, presupuesto aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los partidos políticos en un ejercicio de responsabilidad social respondieron de manera favorable, seguramente considerando la delicada situación.

Por nuestra parte los constructores afiliados a  las 44 delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  distribuidas en el amplio  territorio nacional, estamos participando activamente en las labores de rescate en esta tragedia, cumpliendo con los protocolos que  CMIC ha establecido con la Secretaría de Gobernación  y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) fundada precisamente hace 32 años a partir del terremoto de 1985: sistema que ha contribuido a enfrentar con mayor efectividad y profesionalismo  los desastres como el que padecemos.

Uno de nuestros compromisos  como constructores es actuar directamente con la participación de los  trabajadores y  la maquinaria pesada de nuestras constructoras para remover los  escombros, pero cuidando en todo momento que no haya una sola persona atrapada.

Ciertamente que  el reto para los  constructores mexicanos representa una elevada responsabilidad, pues implica la reconstrucción de la infraestructura que ha sido fuertemente dañada.

Una de las acciones que nuestro Presidente Nacional de CMIC Lic. Gustavo Arballo Luján ha emprendido junto con los dirigentes de  organismos de la iniciativa privada  como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, y la Asociación de Bancos de México entre otros:  el 20 de septiembre –  un día después del temblor-  crearon el Fideicomiso Fuerza México, con el objetivo de canalizar los donativos y aportaciones de personas, organismos y empresas para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos.

Ante la situación de emergencia que vive nuestro país, el propio Lic. Arballo quien ha visitado personalmente varias de las zonas afectadas,  ha hecho un llamado para propiciar las necesarias modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, puesto que las reparaciones son inversiones que no estaban contempladas  y  que son absolutamente necesarias para enfrentar la reconstrucción de dichas zonas.

En las delegaciones de CMIC  hemos establecido  centros  de acopio para recibir y canalizar equipos que son indispensables para enfrentar la contingencia, como: palas, picos, barrenos, cascos, guantes de carnaza, cuerdas, mazos y carretillas.

Debo reconocer y agradecer la noble solidaridad que han mostrado para nuestro país las brigadas internacionales de rescate de Israel, El Salvador,  EEUU, Honduras, Japón, Panamá, Ecuador, Honduras,  España, Francia, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica y Perú, entre otras, que de manera incansable, de día y de noche, se han unido a nuestros brigadistas mexicanos, el Ejército y la Marina Nacional, la Cruz Roja  y  los miles de voluntarios anónimos, para todos juntos salvar la vida a miles de mexicanos. Diversas cámaras de la FIIC hicieron llegar su solidaridad y muestras de condolencias a la CMIC, que también valoramos y agradecemos.

¡Gracias!

Los constructores mexicanos responderemos con todo el profesionalismo que caracteriza a nuestro gremio por iniciar  de inmediato  las labores de reconstrucción que nuestra infraestructura nacional requiere.

En estos momentos y  más que nunca, nuestro país nos necesita.

Tengo  la  plena  convicción que nuestro México saldrá nuevamente adelante. Los mexicanos lo hemos comprobado en el pasado, lo haremos una vez más en el presente.

¡Que así sea!

25 de septiembre del 2017 Por Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sonora.

 

Ley de infraestructura: en marcha en Colombia ( 2ª. Parte )

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Nota: continuamos con la  2ª. parte y final del artículo de CCI. Aquí la primera parte:  http://fiic.la/blog/2017/09/04/ley-de-infraestructura-en-marcha-en-colombia-1a-parte/

 

Cuestionamientos a la ley 1682 de 2013

Otra vuelta de tuerca acontece con las censuras endilgadas a la Ley de Infraestructura. Los reproches son tan puntuales que, pudieran parecer un memorial de agravios, sin embargo, las reflexiones en torno a los asuntos problemáticos son una invitación a los distintos actores a repensar los aspectos regulados en la ley y a deliberar sobre las herramientas adicionales para no desfallecer en el intento de tener un ordenamiento jurídico adecuado a los requerimientos que demanda la realidad nacional.

¿Hemos avanzado en la solución de los problemas que aquejaron a los contratos anteriores? O en otras palabras: ¿ha servido la ley 1682 de 2013 en la solución de los problemas identificados por el panel asesor? A partir de lo ya mencionado, la conclusión a la interrogante es un “sí condicionado”.

Y los condicionamientos devienen en las siguientes razones:

Asuntos pendientes de resolver

Los temas arqueológicos se han convertido en el nuevo fantasma de las ejecuciones contractuales y sus quehaceres resultan de muy difícil manejo por parte de los ejecutores.

La licencia y los trabajos se asignan a un arqueólogo y no al proyecto, ello perjudica los avances en la ejecución pues los criterios y los métodos del experto en arqueología no son cuestionables por el contratista.

Pese a que el Icanh ostenta una competencia genérica en el resguardo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, las actividades específicas como extracción y custodia están bajo la responsabilidad de un profesional, a diferencia de lo que acontece con las licencias ambientales que son del resorte del concesionario.

La propuesta es que la licencia se asigne al proyecto y que las actividades de extracción y custodia sean ejercidas por profesionales subordinados al proyecto, pero con la supervisión del experto delegado por el Icanh.

En consulta previa: producto y trámite necesario en materia ambiental, seguimos pendientes de la Ley Estatutaria que determine las causales para proceder a su trámite, las reglas procedimentales, las obligaciones que deben asumirse en el marco de un contrato, los responsables en tramitarla y quién debe de asumir sus costos, entre otros.

Las entidades estatales deben aplicar la ley y utilizar la expropiación en sede administrativa, las razones particulares son:

  1. las entidades contratantes tienen mayor nivel de experticia de la gestión y la adquisición de predios, ello redunda en beneficio de la concentración de las actividades prediales.
  1. B) En la sede administrativa se agilizaría la disponibilidad y la adquisición predial, quedando en discusión los efectos económicos pretendidos por los interesados. 

Temas a medio camino

Predial: hoy quedan sobre la mesa temas como:

  1. A) nivel de comprensión de los jueces y los funcionarios sobre el alcance pretendido con la ley de infraestructura
  2. B) existencia de personal disponible para llevar a cabo la tarea titánica de atender los requerimientos de los contratos que se adjudiquen.
  3. C) La necesidad de complementar lo concerniente al saneamiento predial.

Traslado de las redes: aunque el motivo de la ley fue dotar a los proyectos de una vía jurídica para solucionar la superposición del proyecto con la red existente, en la práctica se observan diferencias entre los concesionarios y los propietarios de la red de quien asume los costos y la responsabilidad. Igualmente, hay problemas con la certeza de la red a la que se traslada.

 Normativo: se empezó a observar una nueva atomización normativa en temas de infraestructura, prueba de ello es la reglamentación normativa e institucional por parte de las entidades contratantes, proceder que va en contra de la ley, contrato y de lo aconsejado por la comisión de expertos.

 Ambiental: es necesario definir el concepto de rondas de ríos y cuáles son las franjas que integran dicha área. La anterior fijación incide en la determinación de los predios que se ubican en dichos sectores. Aun cuando el asunto tiene un carácter mixto, la definición es de competencia de la Autoridad Ambiental, pero al parecer no son claros los límites y las capacidades del Anla y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Temas nuevos

Tributario: las recientes reformas tributarias y la expedición del marco regulatorio han acrecentado la desconfianza en torno a la seguridad jurídica de los contratos, pues pese a que se han incorporado reglas para el manejo de la transición y del riesgo tributario, las mismas no se están aplicando, y en el corto plazo adquirir más deuda para atender la nueva tarifa es complejo.

Administrativo: ausencia de respuesta oportuna con ocasión de la transformación institucional del Incoder a la ANT, lo cual impacta los plazos del contrato. Falta de entrega de información por parte del Incoder para los estudios de títulos.  La información que reposa en Catastro, Incoder y Registro se encuentra desactualizada. La falta de apoyo por parte de las autoridades locales frente a las ocupaciones ilegales, entidades que se niegan a practicar desalojos y restituciones, conforme lo ordena la ley, cuando es requerido por el contratista.

Antes de poner punto final, es importante insistir en la importancia y necesidad de una adecuada gestión contractual por parte de las entidades contratantes, en aras de articular la institucionalidad del sector público y de interpretar correctamente las normas y contratos.

Para finalizar, pese a que las consideraciones en uno y otro sentido resulten dividas, lo que parece positivo a partir de la expedición de la ley 1682 de 2013, es que hay avances en las materias y que el terreno ganado no se puede perder por consideraciones y tintes particulares o simplistas, la senda está marcada y será necesaria la participación de los actores interesados para seguirla construyéndola en beneficio de la visión país.

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Ley de infraestructura: en marcha en Colombia. (1a. parte)

4 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

El próximo 22 de noviembre se cumplen cuatro años de la expedición de la Ley 1682 de 2013, conocida como la Ley de Infraestructura. Junto con la Ley 1508 de 2012, se convirtieron en los dos marcos normativos de referencia del Gobierno para lograr que la locomotora de la infraestructura avanzara. Hoy cuatro años después de la puesta en vigencia, las percepciones sobre ella son diferentes y los interrogantes aún subsisten.

 Las concesiones más importantes en Colombia, hasta la expedición de la ley de Asociaciones Público Privada, fueron los proyectos viales adjudicados de primera, segunda y tercera generación de concesiones, las concesiones portuarias y los contratos para la modernización del Aeropuerto El Dorado.

La primera generación vial vio la luz en el mandato del Presidente César Gaviria, quien no solo intentó definir una política pública en materia de transporte con la elaboración del documento Conpes 2597 de 1992, sino además propició la creación de un marco jurídico con la expedición de las leyes 80 y 105 de 1993 para el otorgamiento de proyectos de infraestructura. Las restantes generaciones de Concesiones fueron estructuradas y adjudicadas durante los gobiernos de los presidentes Samper, Pastrana y Uribe.

No obstante la buena intención de las iniciativas adjudicadas, la crisis económica mundial de los años 98 y 99 precipitó el surgimiento de las controversias contractuales e hizo patente los palos en la rueda que atravesaban los contratos de la primera generación.

Ello trajo como consecuencia que los proyectos de concesión transitaran por momentos complicados en el lapso del 2000 al 2005, pues durante este interregno en los primeros tribunales de arbitramento, acontecieron las primeras reestructuraciones de dichos contratos y se lograron salidas conciliadas a algunos de los asuntos de carácter litigioso.

Pese a los esfuerzos de las partes para recomponer el camino y marchar por una senda más optimista, los sucesos acontecidos durante esos años evidenciaron que los temas que afectaron a las concesiones, lejos de mitigarse, parecieron incrementarse. Las problemáticas asociadas a la adquisición predial, al licenciamiento de obras, a la aceptación social de los proyectos y al trámite de consultas previas aparecieron durante cada uno de los contratos de las generaciones siguientes; eventos que retrasaron los cronogramas de obra e incidieron en el cumplimiento de los plazos de las etapas de construcción.

Los anteriores sucesos no solo han sido mencionados en la literatura especializada sobre el tema, sino también fueron tratados en los documentos Conpes 3107 y 3133 de 2001, 3413 de 2006 y 3571 de 2007, entre otros.

Como consecuencia de la supervención de los eventos antes descritos, surgió una percepción generalizada de mejorar el modelo concesional y de infraestructura. Las situaciones observadas repercutían negativamente en la competitividad, constituyéndose así como un obstáculo para el desarrollo económico.

El estado de cosas y la comisión de expertos

 Durante su campaña política a la presidencia, Juan Manuel Santos enfatizó que su programa de gobierno en materia económica tendría como objetivos fundamentales buscar dinamizar la economía nacional a partir de la exploración y explotación de recursos  naturales en el territorio colombiano, la promoción de Colombia como un estado sólido y con incentivos para inversiones a largo plazo y con la armonización entre los sectores productivos, el desarrollo ambiental sostenible y la responsabilidad social empresarial.

Asimismo, promovería el crecimiento económico a partir de la integración logística, buscando, principalmente, integrar las distintas regiones de Colombia, y estas a su vez con el exterior.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 identificó cinco sectores claves para lograr los objetivos propuestos en campaña:

+ Innovación

+ Sector agropecuario

+ Vivienda

+ Infraestructura

+ Sector minero-energético.

El Gobierno Nacional consciente de los atrasos en materia de infraestructura y de los contratiempos sufridos por las concesiones viales, buscó establecer un diagnóstico del sector y trazar una estrategia para poner en marcha la “locomotora de la infraestructura”. En otras palabras, conocer y resolver los intríngulis que resultaban de vital importancia para el sector.

Una primera medida fue tramitar en el Congreso la Ley de Asociaciones Público Privada para modernizar el esquema tradicional de colaboración entre los sectores público y privado. Luego, vino la convocatoria a un selecto grupo de expertos para que evaluaran y discutieran sobre las causas del atraso y los obstáculos de la infraestructura de transporte y a su vez plantearan alternativas y sugerencias para la solución de dichas problemáticas.

La Comisión de Infraestructura, nombre dado a la misión de expertos, identificó los principales cuellos de botella y planteó una serie de alternativas a las dificultades identificadas. Las conclusiones del estudio fueron consignadas en un informe del año 2012, en donde, a grandes rasgos, establecieron un listado de los problemas y un bloque de cuatro ejes temáticos con recomendaciones a seguir:

Entre las situaciones problemáticas identificadas se encuentran:

+Adquisición predial

+ Expropiación en sede judicial

+ Tramites de consultas previas

+Licenciamiento ambiental

+Financiamiento de proyectos

+ Atomización normativa en materia de infraestructura de transporte.

+Ausencia de articulación de las entidades del Estado (nivel nacional y nivel local).

A la par, agruparon las recomendaciones en cuatro ejes temáticos: arquitectura institucional, ajuste al marco normativo, estructuración y adjudicación de proyectos de participación privada en infraestructura y financiación de proyectos.

Fruto de las recomendaciones de la comisión, surgieron las implementaciones de las leyes 1682 de 2013, mejor conocida como Ley de Infraestructura, y 1742 de 2014 y sus decretos reglamentarios. Las medidas de corte jurídico pretenden contrarrestar las deficiencias del orden y gestión contractual, predial, ambiental, redes y superposición de proyectos con títulos mineros, todos identificados en el informe. En otras palabras, las normas mencionadas son mecanismos legales para mitigar los principales cuellos de botella identificados por el panel.

Balance

Hoy casi cuatro años después, al hacer un corte cuentas, el balance parece arrojar un saldo equitativo, sin embargo, la objetividad de los datos presenta un saldo de uno a cero a favor de la ley, veamos:

En normatividad y competencia: la ley 1682 de 2013 brindó un marco se concretó la participación de entidades como el Igacc, Cisa, los jueces, los operadores y dueños de las redes y el ministerio de transporte en relación con los proyectos.

 En materia predial: se presentó un avance significativo con el saneamiento predial automático derivado de la declaratoria de utilidad pública de los proyectos.

Las disposiciones normativas pretenden resolver, de un solo tajo, la indefinición existente en relación con predios de historial registral dudoso.

Así, otro logro significativo en este ámbito, es el concerniente a la cualificación que se le otorga al avalúo y los peritos valuadores, limitando la participación en esta actividad a posibles especuladores y a personas que carecen de experticia.

 En materia ambiental: se estableció un parámetro por ajustes y cambios menores en la licencia ambiental, ello sometido a que las obras impliquen impactos ambientales adicionales, regla que evita, en teoría, que los contratistas incurran en trámites largos y engorrosos.

 En materia de traslado de redes: la idea de incorporar reglas para determinar obligaciones y competencias en el traslado de redes resultó novedosa en relación con anteriores ordenamientos, lo anterior, sin perjuicio de que en la práctica se estén presentando inconvenientes entre contratista y titulares de la red.

 En los asuntos mineros: atendiendo los derechos de los mineros, el otorgar prioridad en el acceso al material de cantera y de construcción a los proyectos resulta de gran significado, ya que garantiza un suministro regular de materiales para la obra.

Antes de formular reflexiones sobre los escollos que la Ley de infraestructura no solventa, resulta importante comparar algunas de las afirmaciones mencionadas anteriormente con los resultados de la encuesta realizada por la CCI a los concesionarios que padecen el día a día de la norma en sus proyectos. A grandes rasgos, el panorama resulta positivo, aunque falta mucho:

En expropiación de predios: la percepción de quienes piensan que hay mejoras y quienes consideran que la mejora es leve presenta un empate del 48% cada uno.

Adquisición de predios: los resultados son 39% pero hay una mejora y 43% para quienes estiman la mejora como leve.

 En licenciamiento ambiental: la mejora se percibe con un 52%.

En consulta previa y traslado de redes: los datos obtenidos no son buenos, hay un sector con un 35% que afirma no haber mejoras y otro grupo con 52% que considera que las mejoras apenas son leves.

Nota: por razones de espacio la Comisión Editorial del portal de FIIC decidió segmentar en dos secciones la colaboración de CCI.

4 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

El Ecuador, situación del país, visita del Presidente de FIIC.

18 de julio 2017. Por Ing. Ricardo Platt, Presidente de FIIC

EL Entorno

Como parte de las actividades de la Presidencia FIIC realicé vista a Guayaquil, Ecuador del 7 al 10 de julio 2017. Allí se encuentra la sede de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, integrante de la FIIC, así como la Cámara de la Construcción de Guayaquil, ambas presididas por el Ing. Enrique Pita y un activo Directorio de empresarios del sector.

Es importante destacar que el 24 de mayo de 2017 asumió la Presidencia de la República un nuevo gobierno encabezado por Lenín Moreno, quien tras reñida contienda electoral triunfó en segunda vuelta con escaso margen de 2.3%, poniendo fin a un período de 10 años de gobierno encabezado por Rafael Correa, muy alineado con el régimen de Venezuela. El expresidente Correa se retiró del país durante los días de mi visita, en medio de polémicas y diversas posiciones políticas conflictivas.

Aunque Lenín Moreno fue Vicepresidente con Rafael Correa, quien mantuvo una posición antagónica y de muy escasa o negativa comunicación con el sector privado (construcción incluida), el Presidente Moreno y su gabinete han iniciado gestión mostrando una apertura al diálogo e interés de trabajar con diversos sectores de la población, incluyendo el empresarial y la construcción, que abre nuevas posibilidades a la búsqueda conjunta de  mejora en la calidad de vida de la población, que se ha visto afectada por contracción económica en años recientes. Es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Dejó de presentarse la situación confrontacional al sector privado, que claramente viví en vista similar hace dos años.

La Visita

El objetivo de la visita -igual que a la realizado a Lima, Perú y su Cámar Peruana de la Construcción inmediatamente antes- fue:

  • Conocer con más detalles la situación del país y su sector construcción.
  • Profundizar la relación  de esas organizaciones con la FIIC.
  • Aportar en lo posible nuestra experiencia con las sugerencias o información que consideramos puedan serles de utilidad a la luz de lo que para otras cámaras, países o circunstancias han mostrado ser las mejores prácticas, así como aprender de los errores cometidos.
  • Dialogar con sus autoridades gubernamentales y medios de comunicación, en la línea del punto anterior.
  • Estimular su continuada participación en nuestra Federación.

Es decir, ver cómo podemos apoyarles más a ellos y su país y también cómo pueden ellos participar más en FIIC. Entre la actividades, destaco brevemente las siguientes.

Reunión con el  Ministro de Transportes y Obras Públicas

Acompañado de los ing Enrique Pita y su Vicepresidente, Carlos Repetto, visitamos a Paúl Granda, nuevo Ministro de Obras Públicas. De trato directo, positivo y mutuo interés, mostró gran apertura. Tratamos temas que incluyeron legislaciones relacionadas a obra pública, financiamiento de banca multilateral, Asociaciones Público Privadas, transparencia y anticorrupción, buenas prácticas exitosas en otros países, etc. Un diálogo franco, tras el que nos propuso la posibilidad de un convenio de colaboración con FIIC para aportar ideas y experiencias en ese sentido, a lo que nos mostramos totalmente dispuestos y confirmamos posteriormente por escrito.

Reunión con el Alcalde de Guayaquil

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Acompañado de las mismas personas y con la misma agenda de temas, realizamos reunión con Jaime Nebot, experimentado Alcalde de Guayaquil. Don Jaime es un reconocido y excelente líder que ha sabido conducir a Guayaquil con éxito desde hace tiempo, siempre abierto al diálogo con todos los sectores, lo que incluso le valió cierto enfrentamiento con el expresidente Correa. Sigue transformando de manera constante  y creativa su ciudad, con ideas que van avanzando sobre sus éxitos. Invariablemente realiza reunión semanal de seguimiento de obras, destrabando problemas y exigiendo resultados. Vemos ahora una relación muy mejorada con la Presidencia nacional, que seguramente sabrá aprovechar para beneficio de la ciudad y reforzamos con él los lazos de cooperación a los que siempre ha estado abierto y dispuesto.

Reuniones con Empresarios del Ecuador

Tuvimos además reuniones de diálogo en las líneas ya descritas con empresarios de diversos sectores y mayormente de la Cámara y Federación que nos recibieron, su Directorio, etc. Un diálogo positivo y mutuamente enriquecedor en el que destacamos oportunidades concretas derivadas de la coyuntura política descrita.

Entrevistas con Medios de Comunicación

Realizamos además diversas entrevistas con medios de comunicación, destacando aquí una realizada para la Televisión, sobre el tema Odebrecht, se puede ver en https://goo.gl/8hkTKX  y transcribo a continuación una publicada en prensa, razonable resumen de algunos temas:

El presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, sin negar las estadísticas de recesión del sector en el país (ECUADOR), aportó una visión optimista y precisó que en Brasil o Venezuela el parón de obras es mayor.

– La construcción acumula trimestres con agigantadas tasas de decrecimiento. ¿Estamos peor que en la región?

– No. Brasil está peor. La trama de Odebrecht no es nueva, se arrastra desde hace más de un año y medio. La situación de incertidumbre paralizó el país meses antes de salir Dilma (Rousseff, la presidenta). Venezuela también tiene peores condiciones, etc..

 Pero las cifras de Ecuador son muy negativas…

– Sí, pero el ambiente ha cambiado. Creo que, en realidad, hay una buena coyuntura en Ecuador con el nuevo Gobierno. Ya no hay un clima confrontacional como cuando vine hace dos años. Entonces no había apertura. Ahora, al país le conviene ayudar al nuevo régimen. No hay que creer a ciegas, pero tampoco desconfianza de entrada. Hay que tener un optimismo cauteloso. Me he reunido con el ministro (Paúl Granda, de Transporte y Obras Públicas) y he visto interés en escuchar. Si hay confianza y ganas de trabajar conjuntamente, sí hay opciones.

 ¿Qué consejos le ha dado?

– Que la corrupción se combate con transparencia y eso, en construcción, se traduce en que hay maneras para parametrizar las obras. Es decir, hay medidas para saber cuánto debe costar cada cosa y así ver si se utilizan bien los recursos. Pero hay que visibilizar la información.

 ¿Y para dinamizar el sector?

– Se debe entender que las alianzas público-privadas no solo son una fuente de dinero, sino que proporcionan una eficiencia tecnológica que solo tiene el sector privado. Y eso es necesario para las obras y para su mantenimiento. Las APP ayudan, pero no son la panacea a la falta de dinero. Es como acudir a los multilaterales (en busca de financiamiento), son una buena opción pero tampoco es la única. Sí dan ventaja porque imponen reglas incómodas sobre transparencia y número y eso garantiza el juego limpio.

 Los representantes en Ecuador están esperanzados en recuperar el ritmo con el plan de vivienda del Gobierno…

– Puede ser un impulso, pero no hay que olvidar que lo difícil no es construir viviendas, sino construir ciudad. Eso incluye servicios, transporte… es decir, un andamiaje para la convivencia. No solo casas. Y el verdadero problema es la capacidad de pago de quien va a comprar. ¿Construir? Para qué si no se puede vender…

– Eso también podría incentivarse con ayudas, ¿no?

– Puede haber créditos o más subsidios o menores tasas de interés. Pero, al final, hay una persona que paga la casa y si esa persona no tiene ingresos, no importa la ayuda que se le preste para que acceda a la vivienda. Hay que generar capacidad de pago en la gente. Sin ello, los programas son ilusorios. Tiene que haber estímulos, pero no hay una varita mágica

Conclusión

Ecuador tiene la oportunidad de mejorar su poco satisfactorio desempeño económico reciente. Estaremos tratando de apoyarles en todo lo posible. Agradezco cumplidamente las atenciones y amistad de muchos empresarios del sector, destacando a Enrique Pita, Carlos Repetto, Otton Wong, dado no es posible hacerles justicia a cada uno de muchos por sus atenciones y aprecio mostrado.

18 de julio 2017. Por Ing. Ricardo Platt, Presidente de FIIC