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Una apuesta por la productividad en el sector de la construcción

2 de octubre Por Edwin Chirivi Bonilla, Director de Estudios Económicos y Proyectos Estratégicos de Camacol

  • De acuerdo con Mckinsey Global Institute – MGI, la construcción mueve recursos anuales equivalentes al 13% del PIB Global, cifra que asciende a $10 trillones de dólares.
  • Romper la inercia de baja productividad debe ser una apuesta integral que permita acelerar la trasformación del sector en línea con el avance que otros sectores productivos vienen dando. 

El reporte de Mckinsey agrupa los principales factores restrictivos del avance en la productividad del sector y describe las acciones más importantes que pueden desarrollarse de manera simultánea desde el enfoque empresarial, sectorial y de política pública para ganar en innovación y competitividad.

¡La construcción importa!…

El sector de la construcción es de gran relevancia en la estructura económica mundial. De acuerdo con Mckinsey Global Institute – MGI[1],  la construcción mueve recursos anuales equivalentes al 13% del PIB Global, cifra que asciende a $10 trillones de dólares. Con esas inversiones el sector emplea 7% del total de la mano de obra global.

Esta relevancia económica no ha estado directamente relacionada con un avance significativo en materia de productividad, y lejos de los resultados que se pueden observar en otros sectores.

Según el reporte del MGI “Reiventing construction – A route a higher productivity” publicado en el año 2016, la productividad laboral en el sector de la construcción ha crecido en promedio 1% en las dos últimas décadas, resultados que contrastan con el 2.8% que ha crecido la productividad en la economía global y el 3.6% que lo ha hecho la industria manufacturera en el mismo periodo. Las estimaciones del reporte muestran que cerrar la brecha de productividad que enfrenta el sector de la construcción podría aumentar su valor agregado a nivel global en 1,6 trillones de dólares, cifra que en términos relativos equivale al Producto Interno Bruto de Canadá o a un 2% de la economía global.

 Las causas de los modestos avances en productividad en el sector de la construcción hacen parte de una mezcla de elementos que se conjugan con una estructura empresarial altamente fragmentada, una mayor complejidad de los proyectos constructivos y comunes desfaces sobre los tiempos de ejecución y la rentabilidad esperada de los proyectos. El reporte de Mckinsey agrupa los principales factores restrictivos del avance en la productividad del sector en tres categorías: fuerzas externas, dinámica industrial y factores operacionales a nivel de las firmas. (Esquema 1).

 Esquema 1. Causas de la baja productividad en el sector de la construcción.

Fuente. Mckinsey Global Institute – MGI.

 En el nivel de fuerzas externas que limitan la productividad del sector de la construcción, el análisis del MGI identificó que la complejidad de los proyectos, la regulación y la informalidad generan brechas en el desempeño de las compañías. Desde la dinámica industrial, la fragmentación empresarial, de la desalineación en las estructuras contractuales y las características de los proyectos en relación con la demanda ha venido generando sesgos a la baja en el ejercicio de las firmas del sector. Asimismo, al interior de las empresas el estudio del MGI identificó que los cuatro elementos que más restan en la optimización de la operación de las compañías están relacionados con los procesos de diseño e inversión, la gestión integral de los proyectos, la disponibilidad de mano de obra y la limitada adopción de técnicas digitales y procesos de innovación.

Estos problemas que fueron identificados como causas raíz de la baja productividad en la construcción también tienen una serie de elementos sobre los cuales se pueden establecer acciones para contenerlos y revertir el proceso, conduciendo así la actividad hacia el cierre de brechas y el consecuente aumento en el desempeño integral de las firmas. De acuerdo con el reporte, hay siete áreas de trabajo que permitirían aumentar la productividad en el sector de la construcción entre 50% y 60%. Estos factores podrían ser potencializados a través de estrategias complementarias que movilicen al sector en una lógica de estandarización y procesos de manufactura, y lo alejaran del tradicional concepto de ejecución y gestión individual de proyectos.

El primer elemento clave sobre el que se debe repensar la productividad en el sector de la construcción tiene que ver con redefinir la regulación y aumentar la transparencia, en el sentido de racionalizar los trámites y los procesos de aprobación requeridos. El segundo está relacionado con renovar la estructura contractual entre desarrolladores y subcontratistas, de tal modo que cambie el esquema tradicional basado en evaluación por costos, hacia un modelo que integre de manera efectiva el trabajo colaborativo, la solución de problemas y la planificación integrada, tal y como se establece en los esquemas IPD (Integrated Project Delivery).

El tercer aspecto sobre el cual se pueden generar avances sustanciales en la productividad tiene que ver con una nueva concepción en los procesos de diseño e ingeniería de los proyectos. La estandarización de diseños y procesos constructivos que no requieren definiciones a la medida de cada proyecto, que puedan ser replicables de manera regular y que permitan minimizar la ejecución en sitio, pueden contribuir al aumento en la productividad. También el reporte del MGI menciona que mejorar el proceso de compra y provisión de insumos mediante una mezcla de mejores prácticas replicables de otras industrias, la inclusión de procesos de digitalización en la selección de proveedores y la centralización de ciertas acciones en el proceso de compras, pueden tener beneficios en tiempo, transparencia y menor precio por mayor escala.

 En una dirección similar, se recomienda mejorar los procesos de ejecución en obra mediante la implementación de sistemas de planificación rigurosos como Last Planner System, los cuales permiten que las actividades claves se desarrollan en tiempo y presupuestalmente alineadas. A esto se debe sumar la definición de indicadores claves de productividad que mejoren la relación entre desarrolladores y sub­-contratistas; con acciones complementarias en la articulación eficiente de procesos mediante la filosofía Lean de tal forma que se pueda minimizar la variabilidad en los rendimientos y reducir las pérdidas.

Por último, se describen dos factores fundamentales para aumentar la productividad en el sector. Por un lado, incrementar los procesos de adopción de nueva tecnología que pueden ir desde el modelaje a través de procesos de 5D Building Information Modeling, hasta el uso de técnicas avanzadas de análisis derivadas del internet de las cosas, los cuales facilitan el monitoreo, diagnóstico e intercambio de información en los procesos de planificación y ejecución de las obras. Por otro lado, se plantea el fortalecimiento de las habilidades y formación de la fuerza laboral, en relación con el uso de las últimas tecnologías y herramientas digitales, y el diseño de programas de aprendizaje y estabilidad laboral para los trabajadores.

 Estas acciones pueden desarrollarse de manera simultánea desde el enfoque empresarial, sectorial y de política pública. Ejemplos de programas para su implementación han sido bien documentados en países como China, Australia, Bélgica, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, entre otros. Romper la inercia de baja productividad debe ser una apuesta integral que permita acelerar la trasformación del sector en línea con el avance que otros sectores productivos vienen dando. 

 [1] http://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/reinventing-construction-through-a-productivity-revolution

2 de octubre Por Edwin Chirivi Bonilla, Director de Estudios Económicos y Proyectos Estratégicos de Camacol

Los sismos de México y los constructores

25 de septiembre del 2017.  Por Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sonora.

Los sismos han azotado al continente americano desde tiempos ancestrales, sus efectos devastadores se han presentado lo mismo en San Francisco que en Chile, lo mismo en Perú que en Nicaragua y Argentina.

El mes de septiembre del 2017  México fue  sacudido violentamente por  dos terremotos ( hasta el día 19 )  que tienen en el desamparo a  miles de  familias en el sur de nuestro  país, así como en la Ciudad de México (CDMX).

El 7 de septiembre un terremoto de 8.2 grados – el más fuerte en los últimos cien años–  afectó a  la CDMX  y  los  tres estados sureños de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, entidades cuya accidentada orografía montañosa  ha dificultado las labores de rescate;  y nuevamente el 19 de septiembre – como hace 32 años-  la capital de nuestro país  y  los  estados vecinos de Morelos y Puebla sufrieron un terremoto de 7.1 en la escala de Richter.

Para dimensionar  la grave problemática generada por los efectos de los dos sismos comparto estos datos duros… muy duros:  fallecieron 407 personas –pérdidas irreparables a diferencia de las materiales-,  135 mil edificaciones han sido afectadas;  se estima hasta el momento que cerca de 50 mil inmuebles fueron considerados como pérdida total,  y  solo en el sur de México se estima que 2 millones 500 mil personas perdieron sus casas.

La infraestructura educativa mexicana sufrió la devastación de 7,398 escuelas;  por su parte  La Comisión Federal de Electricidad (CFE) empresa responsable de suministrar la energía en México informó que el 32% del  territorio nacional fue afectado por cortes de energía.

La respuesta de todos los sectores socio-económicos de México, así como de los tres niveles de gobierno: federación, estado y municipio, ha sido inmediata.

Ante una enorme presión social de la opinión pública nacional, un considerable porcentaje de los montos económicos (Prerrogativas)  que recibirán los partidos políticos para los gastos de las campañas  electorales del 2018, que incluyen la Presidencia, 128  Senadores, 500 Diputados federales y 2, 818 alcaldes,  se planea será  destinado a la atención de la tragedia.

Debo señalar que los 7 partidos políticos en México recibirán del gobierno federal  en el 2018  6 mil 778 millones de pesos  (aproximadamente 388 millones de dólares)  para el financiamiento de las campañas electorales, presupuesto aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los partidos políticos en un ejercicio de responsabilidad social respondieron de manera favorable, seguramente considerando la delicada situación.

Por nuestra parte los constructores afiliados a  las 44 delegaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)  distribuidas en el amplio  territorio nacional, estamos participando activamente en las labores de rescate en esta tragedia, cumpliendo con los protocolos que  CMIC ha establecido con la Secretaría de Gobernación  y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) fundada precisamente hace 32 años a partir del terremoto de 1985: sistema que ha contribuido a enfrentar con mayor efectividad y profesionalismo  los desastres como el que padecemos.

Uno de nuestros compromisos  como constructores es actuar directamente con la participación de los  trabajadores y  la maquinaria pesada de nuestras constructoras para remover los  escombros, pero cuidando en todo momento que no haya una sola persona atrapada.

Ciertamente que  el reto para los  constructores mexicanos representa una elevada responsabilidad, pues implica la reconstrucción de la infraestructura que ha sido fuertemente dañada.

Una de las acciones que nuestro Presidente Nacional de CMIC Lic. Gustavo Arballo Luján ha emprendido junto con los dirigentes de  organismos de la iniciativa privada  como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación de Cámaras Industriales, y la Asociación de Bancos de México entre otros:  el 20 de septiembre –  un día después del temblor-  crearon el Fideicomiso Fuerza México, con el objetivo de canalizar los donativos y aportaciones de personas, organismos y empresas para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos.

Ante la situación de emergencia que vive nuestro país, el propio Lic. Arballo quien ha visitado personalmente varias de las zonas afectadas,  ha hecho un llamado para propiciar las necesarias modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018, puesto que las reparaciones son inversiones que no estaban contempladas  y  que son absolutamente necesarias para enfrentar la reconstrucción de dichas zonas.

En las delegaciones de CMIC  hemos establecido  centros  de acopio para recibir y canalizar equipos que son indispensables para enfrentar la contingencia, como: palas, picos, barrenos, cascos, guantes de carnaza, cuerdas, mazos y carretillas.

Debo reconocer y agradecer la noble solidaridad que han mostrado para nuestro país las brigadas internacionales de rescate de Israel, El Salvador,  EEUU, Honduras, Japón, Panamá, Ecuador, Honduras,  España, Francia, Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica y Perú, entre otras, que de manera incansable, de día y de noche, se han unido a nuestros brigadistas mexicanos, el Ejército y la Marina Nacional, la Cruz Roja  y  los miles de voluntarios anónimos, para todos juntos salvar la vida a miles de mexicanos. Diversas cámaras de la FIIC hicieron llegar su solidaridad y muestras de condolencias a la CMIC, que también valoramos y agradecemos.

¡Gracias!

Los constructores mexicanos responderemos con todo el profesionalismo que caracteriza a nuestro gremio por iniciar  de inmediato  las labores de reconstrucción que nuestra infraestructura nacional requiere.

En estos momentos y  más que nunca, nuestro país nos necesita.

Tengo  la  plena  convicción que nuestro México saldrá nuevamente adelante. Los mexicanos lo hemos comprobado en el pasado, lo haremos una vez más en el presente.

¡Que así sea!

25 de septiembre del 2017 Por Karina Maldonado Andrews, Presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sonora.

 

Ley de infraestructura: en marcha en Colombia ( 2ª. Parte )

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Nota: continuamos con la  2ª. parte y final del artículo de CCI. Aquí la primera parte:  http://fiic.la/blog/2017/09/04/ley-de-infraestructura-en-marcha-en-colombia-1a-parte/

 

Cuestionamientos a la ley 1682 de 2013

Otra vuelta de tuerca acontece con las censuras endilgadas a la Ley de Infraestructura. Los reproches son tan puntuales que, pudieran parecer un memorial de agravios, sin embargo, las reflexiones en torno a los asuntos problemáticos son una invitación a los distintos actores a repensar los aspectos regulados en la ley y a deliberar sobre las herramientas adicionales para no desfallecer en el intento de tener un ordenamiento jurídico adecuado a los requerimientos que demanda la realidad nacional.

¿Hemos avanzado en la solución de los problemas que aquejaron a los contratos anteriores? O en otras palabras: ¿ha servido la ley 1682 de 2013 en la solución de los problemas identificados por el panel asesor? A partir de lo ya mencionado, la conclusión a la interrogante es un “sí condicionado”.

Y los condicionamientos devienen en las siguientes razones:

Asuntos pendientes de resolver

Los temas arqueológicos se han convertido en el nuevo fantasma de las ejecuciones contractuales y sus quehaceres resultan de muy difícil manejo por parte de los ejecutores.

La licencia y los trabajos se asignan a un arqueólogo y no al proyecto, ello perjudica los avances en la ejecución pues los criterios y los métodos del experto en arqueología no son cuestionables por el contratista.

Pese a que el Icanh ostenta una competencia genérica en el resguardo y gestión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de Colombia, las actividades específicas como extracción y custodia están bajo la responsabilidad de un profesional, a diferencia de lo que acontece con las licencias ambientales que son del resorte del concesionario.

La propuesta es que la licencia se asigne al proyecto y que las actividades de extracción y custodia sean ejercidas por profesionales subordinados al proyecto, pero con la supervisión del experto delegado por el Icanh.

En consulta previa: producto y trámite necesario en materia ambiental, seguimos pendientes de la Ley Estatutaria que determine las causales para proceder a su trámite, las reglas procedimentales, las obligaciones que deben asumirse en el marco de un contrato, los responsables en tramitarla y quién debe de asumir sus costos, entre otros.

Las entidades estatales deben aplicar la ley y utilizar la expropiación en sede administrativa, las razones particulares son:

  1. las entidades contratantes tienen mayor nivel de experticia de la gestión y la adquisición de predios, ello redunda en beneficio de la concentración de las actividades prediales.
  1. B) En la sede administrativa se agilizaría la disponibilidad y la adquisición predial, quedando en discusión los efectos económicos pretendidos por los interesados. 

Temas a medio camino

Predial: hoy quedan sobre la mesa temas como:

  1. A) nivel de comprensión de los jueces y los funcionarios sobre el alcance pretendido con la ley de infraestructura
  2. B) existencia de personal disponible para llevar a cabo la tarea titánica de atender los requerimientos de los contratos que se adjudiquen.
  3. C) La necesidad de complementar lo concerniente al saneamiento predial.

Traslado de las redes: aunque el motivo de la ley fue dotar a los proyectos de una vía jurídica para solucionar la superposición del proyecto con la red existente, en la práctica se observan diferencias entre los concesionarios y los propietarios de la red de quien asume los costos y la responsabilidad. Igualmente, hay problemas con la certeza de la red a la que se traslada.

 Normativo: se empezó a observar una nueva atomización normativa en temas de infraestructura, prueba de ello es la reglamentación normativa e institucional por parte de las entidades contratantes, proceder que va en contra de la ley, contrato y de lo aconsejado por la comisión de expertos.

 Ambiental: es necesario definir el concepto de rondas de ríos y cuáles son las franjas que integran dicha área. La anterior fijación incide en la determinación de los predios que se ubican en dichos sectores. Aun cuando el asunto tiene un carácter mixto, la definición es de competencia de la Autoridad Ambiental, pero al parecer no son claros los límites y las capacidades del Anla y las Corporaciones Autónomas Regionales.

Temas nuevos

Tributario: las recientes reformas tributarias y la expedición del marco regulatorio han acrecentado la desconfianza en torno a la seguridad jurídica de los contratos, pues pese a que se han incorporado reglas para el manejo de la transición y del riesgo tributario, las mismas no se están aplicando, y en el corto plazo adquirir más deuda para atender la nueva tarifa es complejo.

Administrativo: ausencia de respuesta oportuna con ocasión de la transformación institucional del Incoder a la ANT, lo cual impacta los plazos del contrato. Falta de entrega de información por parte del Incoder para los estudios de títulos.  La información que reposa en Catastro, Incoder y Registro se encuentra desactualizada. La falta de apoyo por parte de las autoridades locales frente a las ocupaciones ilegales, entidades que se niegan a practicar desalojos y restituciones, conforme lo ordena la ley, cuando es requerido por el contratista.

Antes de poner punto final, es importante insistir en la importancia y necesidad de una adecuada gestión contractual por parte de las entidades contratantes, en aras de articular la institucionalidad del sector público y de interpretar correctamente las normas y contratos.

Para finalizar, pese a que las consideraciones en uno y otro sentido resulten dividas, lo que parece positivo a partir de la expedición de la ley 1682 de 2013, es que hay avances en las materias y que el terreno ganado no se puede perder por consideraciones y tintes particulares o simplistas, la senda está marcada y será necesaria la participación de los actores interesados para seguirla construyéndola en beneficio de la visión país.

11 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

Ley de infraestructura: en marcha en Colombia. (1a. parte)

4 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

El próximo 22 de noviembre se cumplen cuatro años de la expedición de la Ley 1682 de 2013, conocida como la Ley de Infraestructura. Junto con la Ley 1508 de 2012, se convirtieron en los dos marcos normativos de referencia del Gobierno para lograr que la locomotora de la infraestructura avanzara. Hoy cuatro años después de la puesta en vigencia, las percepciones sobre ella son diferentes y los interrogantes aún subsisten.

 Las concesiones más importantes en Colombia, hasta la expedición de la ley de Asociaciones Público Privada, fueron los proyectos viales adjudicados de primera, segunda y tercera generación de concesiones, las concesiones portuarias y los contratos para la modernización del Aeropuerto El Dorado.

La primera generación vial vio la luz en el mandato del Presidente César Gaviria, quien no solo intentó definir una política pública en materia de transporte con la elaboración del documento Conpes 2597 de 1992, sino además propició la creación de un marco jurídico con la expedición de las leyes 80 y 105 de 1993 para el otorgamiento de proyectos de infraestructura. Las restantes generaciones de Concesiones fueron estructuradas y adjudicadas durante los gobiernos de los presidentes Samper, Pastrana y Uribe.

No obstante la buena intención de las iniciativas adjudicadas, la crisis económica mundial de los años 98 y 99 precipitó el surgimiento de las controversias contractuales e hizo patente los palos en la rueda que atravesaban los contratos de la primera generación.

Ello trajo como consecuencia que los proyectos de concesión transitaran por momentos complicados en el lapso del 2000 al 2005, pues durante este interregno en los primeros tribunales de arbitramento, acontecieron las primeras reestructuraciones de dichos contratos y se lograron salidas conciliadas a algunos de los asuntos de carácter litigioso.

Pese a los esfuerzos de las partes para recomponer el camino y marchar por una senda más optimista, los sucesos acontecidos durante esos años evidenciaron que los temas que afectaron a las concesiones, lejos de mitigarse, parecieron incrementarse. Las problemáticas asociadas a la adquisición predial, al licenciamiento de obras, a la aceptación social de los proyectos y al trámite de consultas previas aparecieron durante cada uno de los contratos de las generaciones siguientes; eventos que retrasaron los cronogramas de obra e incidieron en el cumplimiento de los plazos de las etapas de construcción.

Los anteriores sucesos no solo han sido mencionados en la literatura especializada sobre el tema, sino también fueron tratados en los documentos Conpes 3107 y 3133 de 2001, 3413 de 2006 y 3571 de 2007, entre otros.

Como consecuencia de la supervención de los eventos antes descritos, surgió una percepción generalizada de mejorar el modelo concesional y de infraestructura. Las situaciones observadas repercutían negativamente en la competitividad, constituyéndose así como un obstáculo para el desarrollo económico.

El estado de cosas y la comisión de expertos

 Durante su campaña política a la presidencia, Juan Manuel Santos enfatizó que su programa de gobierno en materia económica tendría como objetivos fundamentales buscar dinamizar la economía nacional a partir de la exploración y explotación de recursos  naturales en el territorio colombiano, la promoción de Colombia como un estado sólido y con incentivos para inversiones a largo plazo y con la armonización entre los sectores productivos, el desarrollo ambiental sostenible y la responsabilidad social empresarial.

Asimismo, promovería el crecimiento económico a partir de la integración logística, buscando, principalmente, integrar las distintas regiones de Colombia, y estas a su vez con el exterior.

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 identificó cinco sectores claves para lograr los objetivos propuestos en campaña:

+ Innovación

+ Sector agropecuario

+ Vivienda

+ Infraestructura

+ Sector minero-energético.

El Gobierno Nacional consciente de los atrasos en materia de infraestructura y de los contratiempos sufridos por las concesiones viales, buscó establecer un diagnóstico del sector y trazar una estrategia para poner en marcha la “locomotora de la infraestructura”. En otras palabras, conocer y resolver los intríngulis que resultaban de vital importancia para el sector.

Una primera medida fue tramitar en el Congreso la Ley de Asociaciones Público Privada para modernizar el esquema tradicional de colaboración entre los sectores público y privado. Luego, vino la convocatoria a un selecto grupo de expertos para que evaluaran y discutieran sobre las causas del atraso y los obstáculos de la infraestructura de transporte y a su vez plantearan alternativas y sugerencias para la solución de dichas problemáticas.

La Comisión de Infraestructura, nombre dado a la misión de expertos, identificó los principales cuellos de botella y planteó una serie de alternativas a las dificultades identificadas. Las conclusiones del estudio fueron consignadas en un informe del año 2012, en donde, a grandes rasgos, establecieron un listado de los problemas y un bloque de cuatro ejes temáticos con recomendaciones a seguir:

Entre las situaciones problemáticas identificadas se encuentran:

+Adquisición predial

+ Expropiación en sede judicial

+ Tramites de consultas previas

+Licenciamiento ambiental

+Financiamiento de proyectos

+ Atomización normativa en materia de infraestructura de transporte.

+Ausencia de articulación de las entidades del Estado (nivel nacional y nivel local).

A la par, agruparon las recomendaciones en cuatro ejes temáticos: arquitectura institucional, ajuste al marco normativo, estructuración y adjudicación de proyectos de participación privada en infraestructura y financiación de proyectos.

Fruto de las recomendaciones de la comisión, surgieron las implementaciones de las leyes 1682 de 2013, mejor conocida como Ley de Infraestructura, y 1742 de 2014 y sus decretos reglamentarios. Las medidas de corte jurídico pretenden contrarrestar las deficiencias del orden y gestión contractual, predial, ambiental, redes y superposición de proyectos con títulos mineros, todos identificados en el informe. En otras palabras, las normas mencionadas son mecanismos legales para mitigar los principales cuellos de botella identificados por el panel.

Balance

Hoy casi cuatro años después, al hacer un corte cuentas, el balance parece arrojar un saldo equitativo, sin embargo, la objetividad de los datos presenta un saldo de uno a cero a favor de la ley, veamos:

En normatividad y competencia: la ley 1682 de 2013 brindó un marco se concretó la participación de entidades como el Igacc, Cisa, los jueces, los operadores y dueños de las redes y el ministerio de transporte en relación con los proyectos.

 En materia predial: se presentó un avance significativo con el saneamiento predial automático derivado de la declaratoria de utilidad pública de los proyectos.

Las disposiciones normativas pretenden resolver, de un solo tajo, la indefinición existente en relación con predios de historial registral dudoso.

Así, otro logro significativo en este ámbito, es el concerniente a la cualificación que se le otorga al avalúo y los peritos valuadores, limitando la participación en esta actividad a posibles especuladores y a personas que carecen de experticia.

 En materia ambiental: se estableció un parámetro por ajustes y cambios menores en la licencia ambiental, ello sometido a que las obras impliquen impactos ambientales adicionales, regla que evita, en teoría, que los contratistas incurran en trámites largos y engorrosos.

 En materia de traslado de redes: la idea de incorporar reglas para determinar obligaciones y competencias en el traslado de redes resultó novedosa en relación con anteriores ordenamientos, lo anterior, sin perjuicio de que en la práctica se estén presentando inconvenientes entre contratista y titulares de la red.

 En los asuntos mineros: atendiendo los derechos de los mineros, el otorgar prioridad en el acceso al material de cantera y de construcción a los proyectos resulta de gran significado, ya que garantiza un suministro regular de materiales para la obra.

Antes de formular reflexiones sobre los escollos que la Ley de infraestructura no solventa, resulta importante comparar algunas de las afirmaciones mencionadas anteriormente con los resultados de la encuesta realizada por la CCI a los concesionarios que padecen el día a día de la norma en sus proyectos. A grandes rasgos, el panorama resulta positivo, aunque falta mucho:

En expropiación de predios: la percepción de quienes piensan que hay mejoras y quienes consideran que la mejora es leve presenta un empate del 48% cada uno.

Adquisición de predios: los resultados son 39% pero hay una mejora y 43% para quienes estiman la mejora como leve.

 En licenciamiento ambiental: la mejora se percibe con un 52%.

En consulta previa y traslado de redes: los datos obtenidos no son buenos, hay un sector con un 35% que afirma no haber mejoras y otro grupo con 52% que considera que las mejoras apenas son leves.

Nota: por razones de espacio la Comisión Editorial del portal de FIIC decidió segmentar en dos secciones la colaboración de CCI.

4 de septiembre del 2017.  Por: Santiago Pérez Buitrago, Director Jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura  y Efrén Ordoñez, Coordinador Jurídico de la CCI.

El Ecuador, situación del país, visita del Presidente de FIIC.

18 de julio 2017. Por Ing. Ricardo Platt, Presidente de FIIC

EL Entorno

Como parte de las actividades de la Presidencia FIIC realicé vista a Guayaquil, Ecuador del 7 al 10 de julio 2017. Allí se encuentra la sede de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, integrante de la FIIC, así como la Cámara de la Construcción de Guayaquil, ambas presididas por el Ing. Enrique Pita y un activo Directorio de empresarios del sector.

Es importante destacar que el 24 de mayo de 2017 asumió la Presidencia de la República un nuevo gobierno encabezado por Lenín Moreno, quien tras reñida contienda electoral triunfó en segunda vuelta con escaso margen de 2.3%, poniendo fin a un período de 10 años de gobierno encabezado por Rafael Correa, muy alineado con el régimen de Venezuela. El expresidente Correa se retiró del país durante los días de mi visita, en medio de polémicas y diversas posiciones políticas conflictivas.

Aunque Lenín Moreno fue Vicepresidente con Rafael Correa, quien mantuvo una posición antagónica y de muy escasa o negativa comunicación con el sector privado (construcción incluida), el Presidente Moreno y su gabinete han iniciado gestión mostrando una apertura al diálogo e interés de trabajar con diversos sectores de la población, incluyendo el empresarial y la construcción, que abre nuevas posibilidades a la búsqueda conjunta de  mejora en la calidad de vida de la población, que se ha visto afectada por contracción económica en años recientes. Es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Dejó de presentarse la situación confrontacional al sector privado, que claramente viví en vista similar hace dos años.

La Visita

El objetivo de la visita -igual que a la realizado a Lima, Perú y su Cámar Peruana de la Construcción inmediatamente antes- fue:

  • Conocer con más detalles la situación del país y su sector construcción.
  • Profundizar la relación  de esas organizaciones con la FIIC.
  • Aportar en lo posible nuestra experiencia con las sugerencias o información que consideramos puedan serles de utilidad a la luz de lo que para otras cámaras, países o circunstancias han mostrado ser las mejores prácticas, así como aprender de los errores cometidos.
  • Dialogar con sus autoridades gubernamentales y medios de comunicación, en la línea del punto anterior.
  • Estimular su continuada participación en nuestra Federación.

Es decir, ver cómo podemos apoyarles más a ellos y su país y también cómo pueden ellos participar más en FIIC. Entre la actividades, destaco brevemente las siguientes.

Reunión con el  Ministro de Transportes y Obras Públicas

Acompañado de los ing Enrique Pita y su Vicepresidente, Carlos Repetto, visitamos a Paúl Granda, nuevo Ministro de Obras Públicas. De trato directo, positivo y mutuo interés, mostró gran apertura. Tratamos temas que incluyeron legislaciones relacionadas a obra pública, financiamiento de banca multilateral, Asociaciones Público Privadas, transparencia y anticorrupción, buenas prácticas exitosas en otros países, etc. Un diálogo franco, tras el que nos propuso la posibilidad de un convenio de colaboración con FIIC para aportar ideas y experiencias en ese sentido, a lo que nos mostramos totalmente dispuestos y confirmamos posteriormente por escrito.

Reunión con el Alcalde de Guayaquil

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Acompañado de las mismas personas y con la misma agenda de temas, realizamos reunión con Jaime Nebot, experimentado Alcalde de Guayaquil. Don Jaime es un reconocido y excelente líder que ha sabido conducir a Guayaquil con éxito desde hace tiempo, siempre abierto al diálogo con todos los sectores, lo que incluso le valió cierto enfrentamiento con el expresidente Correa. Sigue transformando de manera constante  y creativa su ciudad, con ideas que van avanzando sobre sus éxitos. Invariablemente realiza reunión semanal de seguimiento de obras, destrabando problemas y exigiendo resultados. Vemos ahora una relación muy mejorada con la Presidencia nacional, que seguramente sabrá aprovechar para beneficio de la ciudad y reforzamos con él los lazos de cooperación a los que siempre ha estado abierto y dispuesto.

Reuniones con Empresarios del Ecuador

Tuvimos además reuniones de diálogo en las líneas ya descritas con empresarios de diversos sectores y mayormente de la Cámara y Federación que nos recibieron, su Directorio, etc. Un diálogo positivo y mutuamente enriquecedor en el que destacamos oportunidades concretas derivadas de la coyuntura política descrita.

Entrevistas con Medios de Comunicación

Realizamos además diversas entrevistas con medios de comunicación, destacando aquí una realizada para la Televisión, sobre el tema Odebrecht, se puede ver en https://goo.gl/8hkTKX  y transcribo a continuación una publicada en prensa, razonable resumen de algunos temas:

El presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, sin negar las estadísticas de recesión del sector en el país (ECUADOR), aportó una visión optimista y precisó que en Brasil o Venezuela el parón de obras es mayor.

– La construcción acumula trimestres con agigantadas tasas de decrecimiento. ¿Estamos peor que en la región?

– No. Brasil está peor. La trama de Odebrecht no es nueva, se arrastra desde hace más de un año y medio. La situación de incertidumbre paralizó el país meses antes de salir Dilma (Rousseff, la presidenta). Venezuela también tiene peores condiciones, etc..

 Pero las cifras de Ecuador son muy negativas…

– Sí, pero el ambiente ha cambiado. Creo que, en realidad, hay una buena coyuntura en Ecuador con el nuevo Gobierno. Ya no hay un clima confrontacional como cuando vine hace dos años. Entonces no había apertura. Ahora, al país le conviene ayudar al nuevo régimen. No hay que creer a ciegas, pero tampoco desconfianza de entrada. Hay que tener un optimismo cauteloso. Me he reunido con el ministro (Paúl Granda, de Transporte y Obras Públicas) y he visto interés en escuchar. Si hay confianza y ganas de trabajar conjuntamente, sí hay opciones.

 ¿Qué consejos le ha dado?

– Que la corrupción se combate con transparencia y eso, en construcción, se traduce en que hay maneras para parametrizar las obras. Es decir, hay medidas para saber cuánto debe costar cada cosa y así ver si se utilizan bien los recursos. Pero hay que visibilizar la información.

 ¿Y para dinamizar el sector?

– Se debe entender que las alianzas público-privadas no solo son una fuente de dinero, sino que proporcionan una eficiencia tecnológica que solo tiene el sector privado. Y eso es necesario para las obras y para su mantenimiento. Las APP ayudan, pero no son la panacea a la falta de dinero. Es como acudir a los multilaterales (en busca de financiamiento), son una buena opción pero tampoco es la única. Sí dan ventaja porque imponen reglas incómodas sobre transparencia y número y eso garantiza el juego limpio.

 Los representantes en Ecuador están esperanzados en recuperar el ritmo con el plan de vivienda del Gobierno…

– Puede ser un impulso, pero no hay que olvidar que lo difícil no es construir viviendas, sino construir ciudad. Eso incluye servicios, transporte… es decir, un andamiaje para la convivencia. No solo casas. Y el verdadero problema es la capacidad de pago de quien va a comprar. ¿Construir? Para qué si no se puede vender…

– Eso también podría incentivarse con ayudas, ¿no?

– Puede haber créditos o más subsidios o menores tasas de interés. Pero, al final, hay una persona que paga la casa y si esa persona no tiene ingresos, no importa la ayuda que se le preste para que acceda a la vivienda. Hay que generar capacidad de pago en la gente. Sin ello, los programas son ilusorios. Tiene que haber estímulos, pero no hay una varita mágica

Conclusión

Ecuador tiene la oportunidad de mejorar su poco satisfactorio desempeño económico reciente. Estaremos tratando de apoyarles en todo lo posible. Agradezco cumplidamente las atenciones y amistad de muchos empresarios del sector, destacando a Enrique Pita, Carlos Repetto, Otton Wong, dado no es posible hacerles justicia a cada uno de muchos por sus atenciones y aprecio mostrado.

18 de julio 2017. Por Ing. Ricardo Platt, Presidente de FIIC

CAPAC, lo que somos y hacemos ( 2a. y última parte )

Junio 26, 2017 Por Ing. Iván de Ycaza, Presidente Ejecutivo de CAPAC

En la (1a. parte) de esta colaboración comentamos sobre la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) como una organización sin fines de lucro con el objetivo de promover y desarrollar la industria de la construcción y defender los legítimos intereses de sus agremiados. Indicamos algunas de sus actividades, ahora continuamos describiendo otras de las acciones que desarrollamos:

Gran Premio Excelencia CAPAC

Un buen aporte de nuestra cámara es la puesta en práctica de programas de reciclaje en las ferias inmobiliarias y de viviendas organizadas por la CAPAC.

Se ha incluido en esta iniciativa a las oficinas de la CAPAC, donde hemos recolectado casi cuatro toneladas de desechos sólidos como una forma práctica de impulsar la cultura del reciclaje en nuestra industria. La instauración del Gran Premio Excelencia CAPAC, entregado desde hace tres años, es otro aporte de nuestro gremio al tema de la sustentabilidad.

Este premio se instauró con el propósito de galardonar a todas las empresas constructoras del país por sus buenas prácticas constructivas en edificios, viviendas e infraestructura y programas para el cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad en las obras.

Al mismo tiempo, a través de la Comisión de Construcción Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial, hemos incorporado programas para compartir los beneficios de una gestión sustentable por medio del desarrollo de alianzas estratégicas con sectores representativos de la sociedad.

En ese sentido, hemos establecido una hoja de ruta con pasos concretos de un plan de acción que permita darle sostenibilidad a nuestra industria.

La meta es que la industria de la construcción cumpla en el 2025 con cinco ejes estratégicos como son la autorregulación, la gestión ambiental, la gestión con la comunidad, la profesionalización del capital humano y la gestión de proveedores.

Escuela Permanente de Seguridad

Además hemos asumido la responsabilidad de garantizar y proteger la integridad física de nuestros trabajadores, mediante programas dirigidos a orientar a las empresas en las mejores prácticas de seguridad en las obras.

Por la importancia que tiene ese tema para la CAPAC, hemos establecido una política de participación abierta de todos los trabajadores de la construcción en nuestra Escuela Permanente de Seguridad, sin tomar en cuenta si laboran o no en empresas miembros de nuestro gremio.

Hace poco más de una década, la CAPAC consideró conveniente crear la Dirección de Capacitación, como ente responsable de la planeación, organización y mercadeo de los programas de formación y del mejoramiento profesional de nuestros trabajadores.

En su primera etapa, está dirección capacitó cerca de 14,000 trabajadores de la construcción en sus distintos niveles, mediante el desarrollo de más de 300 programas de capacitación en áreas técnicas, administrativas, legales, fiscales, contables, administrativas y ambientales.

En esta constante evolución para emprender acciones positivas a favor de nuestra industria, la Junta Directiva de nuestro gremio, consideró que había llegado el momento de crear el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC).

Este Instituto, inaugurado la semana pasada, creado como una entidad filial a la CAPAC, cuenta con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio.

El ICIC, además de darle continuidad a la Dirección de Capacitación de la CAPAC, incorpora a sus planes de trabajo un número importante de nuevos programas, que responden a las necesidades de capacitación de los trabajadores de la industria.

Fórum BIM CAPAC

Sobre la incorporación de nuevas tecnologías, la CAPAC lidera desde agosto pasado el Fórum BIM Panamá para colaborar con entidades académicas y otras instituciones en la formación de capacidades relacionadas con ese innovador modelo constructivo. Busca también generar instancias de difusión y transferencia tecnológica vinculadas con el modelo BIM en Panamá. El BIM (Building Information Modeling) fue empleado en los trabajos de ampliación del Canal de Panamá.

Más recientemente creamos la Comisión de Planificación, Infraestructura y Urbanismo que tiene como objetivo establecer mecanismos para planificar y encontrar el financiamiento necesario para ejecutar las obras que requiere el desarrollo nacional.

Para promover la dinámica del sector, recientemente se instaló una Comisión Permanente de Alto Nivel, integrada por los ministros de Estado involucrados en esa actividad y los principales gremios que impulsan la construcción en Panamá.

Esa Comisión es el escenario adecuado para impulsar estrategias para promover el fomento y fortalecimiento de la industria de la construcción a través de inversiones en infraestructura, incentivos y ahorros, así como la agilización y reducción de los trámites burocráticos.

Con este notable desarrollo institucional, avanzamos en darle un carácter sostenible a nuestra industria, porque la construcción en su conjunto se proyecta mucho más allá del clima de negocios.

Conscientes de la estrecha relación entre la industria de la construcción y la sostenibilidad, en la CAPAC apostamos por un desarrollo que satisfaga las necesidades de la generación presente, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, porque la construcción es la industria del bienestar humano.

Junio 26, 2017 Por Ing. Iván de Ycaza, Presidente Ejecutivo de CAPAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

CAPAC, lo que somos y hacemos (1a. parte)

Junio 19, 2017. Por Ing. Iván de Ycaza, Presidente Ejecutivo de CAPAC

Nota de la redacción : Datos económicos de Panamá. Fuente Banco Mundial  

Población 3,929 millones 2015 / PIB $ 52.13 mil millones 2015 / Crecimiento del PIB 58% 2015 / Inflación 0.7 % / 2016

Hace 55 años un grupo de ingenieros fundó la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) como una organización sin fines de lucro con el objetivo de promover y desarrollar la industria de la construcción y defender los legítimos intereses de sus agremiados.

Transcurrido más de medio siglo, la CAPAC se ha constituido en el gremio más representativo y el líder indiscutible de nuestra industria, calificada con mucho realismo como la madre de todas las industrias. De la CAPAC dependen en la actualidad las proyecciones de la industria y darle sostenibilidad a la trascendencia que ha adquirido en los más variados aspectos de la vida nacional y en el crecimiento integral del país.

Solo hay que tomar en cuenta que la construcción fue el sector que más contribuyó al crecimiento de la economía panameña en la década del 2005 al 2015. Fue responsable del incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en esos años. Su aporte al PIB fue del 31.7%, seguido de la inversión pública con el 10.7%. El crecimiento promedio anual durante esa década fue del 19.4% en comparación con el crecimiento promedio del 6,9% de toda la economía.

El crecimiento del producto de la construcción también ha tenido un fuerte impacto en el empleo. De los 464,000 empleos nuevos creados en el país en la década del 2005 al 2015, el 17.7% lo generó la construcción.

Respecto a las remuneraciones pagadas a los asalariados, en el 2012 representó el 11.7%, es decir $1,265 millones del total de los salarios generados en la economía. Además fue responsable del 18.2%, es decir $287 millones, de las contribuciones sociales de los empleadores.

La actividad de la construcción tiene repercusión en el resto de la economía a través de las compras intermedias que realizan los agentes del sector para ejecutar sus actividades. Las compras intermediarias del 2013 representaron un 20.3% del total de las realizadas por el sector de la construcción. El efecto multiplicador que tiene la construcción es de $2.17 de producción por cada dólar invertido en el sector.

Sostenibilidad de la construcción

Como acciones institucionales podemos enumerar la creación de la Secretaría de Ambiente, unidad administrativa que tiene a su cargo la planificación y desarrollo de programas que garanticen la sustentabilidad de nuestras obras y de la industria que representamos.

La CAPAC cuenta con una Comisión de Ambiente que no solo promueve las buenas prácticas ambientales en la construcción, también ha organizado foros como el de adaptación al cambio climático y administración del recurso hídrico, y el de beneficios económicos, ambientales y sociales del desarrollo sostenible en la industria de la construcción.

Esos foros aportan nuevas ideas y diseños de construcción que facilitan la compatibilidad entre los servicios ambientales y las acciones humanas, con la intención de minimizar los impactos negativos en el entorno y potenciar el desarrollo social y económico.

Cada año celebramos cuatro simposios empresariales para analizar temas coyunturales que involucran el comportamiento de la economía nacional. Recientemente abordamos, al más alto nivel, la necesidad de la creación de alianzas público privadas como un mecanismo para desarrollar proyectos de infraestructura, energía, telecomunicaciones, edificios públicos y de servicio.

Este concepto rompe el esquema tradicional de financiamiento del Estado, porque el sector privado asume todo los riesgos en cuanto a construcción del proyecto, su presupuesto y tiempo de ejecución. Además el sector privado opera el proyecto manteniendo los estándares de calidad y precio acordados en el contrato.

La CAPAC participó por tercer año consecutivo en el Día Nacional de la Reforestación. Hemos aportado más de 1,500 plantones como fundadores de la Alianza del Millón, un programa que se propone reforestar un millón de hectáreas en el país en los próximos 20 años con prioridad en las principales cuencas hidrográficas por su importancia estratégica en el futuro del abastecimiento de agua.

Junio 19, 2017. Por Ing. Iván de Ycaza, Presidente Ejecutivo de CAPAC

Colombia construye espacios para el trabajo

12 de junio 2017. Por Sandra Forero Ramírez, Presidente Ejecutiva CAMACOL.

La construcción de proyectos no residenciales es una fuente importante para el desarrollo de la actividad  edificadora nacional.  De acuerdo con las cuentas nacionales y los datos del censo de edificaciones del DANE, anualmente en Colombia se inicia la construcción de 5,4 millones de m² en proyectos no residenciales que mueven inversiones anuales por más de $31 billones de pesos colombianos:$10.460.000.000 U. S Dólares (4 puntos porcentuales del PIB).

                                                                 Gráfico 1: Construcción no residencial – área Iniciada anual  2006 -2016. M²

 A nivel de segmentos en la construcción de proyectos no residenciales, la mayor  proporción de  la actividad se da en el desarrollo de áreas comerciales con un 30% del total y 1.8 millones de m², seguido de la actividad de construcción en espacios industriales y bodegas con 23% del total y el inicio de 1 millón de m² por año, y en su orden descendente le sigue la construcción de proyectos de  oficinas que en el último año se reflejó en el inicio de 822.000 m²  representando 15% del área total en  construcción no residencial.

                                                                     ¿Con qué se correlaciona la actividad no residencial?

El desarrollo de proyectos no residenciales describe dinámicas diversas en relación al ciclo económico  y el desempeño de cada  sector productivo del país.  En efecto, la desaceleración reciente de la economía es un factor fundamental para ver con reserva el crecimiento de la construcción de proyectos no residenciales en los próximos años, sin  embargo, desde el punto de  vista de  las  potencialidades para el  desarrollo  de proyectos en cada  uno de los segmentos  que conforman la actividad edificadora no residencial se deben tener en cuenta otros factores estructurales del desempeño económico.

Al hacer un análisis de correlaciones simples entre la dinámica de cada uno de los segmentos de la construcción no residencial frente a un gran grupo de variables en los últimos 16 años, se encontró que los segmentos no residenciales tienen una clara inclinación a seguir la tendencia y el comportamiento de la inversión extrajera directa, el desempeño del valor agregado de  cada  sector y  la generación de  nuevos puestos de trabajo.

                                           Correlaciones entre segmentos  de construcción no residencial contra variables económicas

Aunque no es  novedoso que  el desempeño de la inversión en proyectos no residenciales se vea altamente ligado a la dinámica de esos determinantes de orden económico, más aun si a su vez ellos componen las perspectivas globales de la economía, no sobra decir que estos componentes no pueden ser omitidos en la factibilidad y análisis estructural cada segmento.

Los indicadores como la inversión extranjera y el desempeño del PIB sectorial son elementos que pueden describirse en línea con el contexto macroeconómico externo y local. En contraste, la ocupación puede determinar implícitamente las cantidades de espacios demandados y las diferencias regionales.

                                     El empleo regional como determinante de construcción de proyectos no residenciales.

 Al reconstruir la  información del stock de espacios desarrollados en los tres principales segmentos de la actividad no residencial, y cuantificar su relación con el nivel de ocupación en cada sector, se encuentran grandes diferencias regionales. Por ejemplo, el promedio histórico de espacios construidos en  bodegas en relación a la ocupación del sector industrial mostró que para el  conjunto de las doce principales ciudades del país existen 3,5 m² de bodegas y edificaciones industriales por cada trabajador en el sector industrial.  Ese relación se incrementó para el año 2016 a 4.2 m².

A nivel regional, la ciudad de Barranquilla tiene la mayor relación de espacios construidos en bodegas y áreas industriales  por cada trabajador del  sector industrial, relación que asciende a 6,8 m² en el año 2016, seguido  de las ciudades de  Pereira (6,5 m²), Cartagena (5.7 m²) y Bucaramanga (5.1 m²).  En el  extremo opuesto están las  ciudades de Pasto, Cúcuta, Ibagué y Cali que tienen áreas  construidas para el  uso de la industria en relación a 0.8 m², 2.2 m², 2.4 m²  por cada trabajador, respectivamente.

Mapa 1:

                                            Stock de bodegas y áreas industriales (m²) / número ocupados en el sector industrial

                                                                         Fuente. DANE. Elaboración DEE CAMACOL

En el  caso del desarrollo de espacios comerciales y su relación con el empleo formal  del  sector  comercio, el agregado para  las doce  ciudades  muestra  que el país hoy en día  cuenta con 14.1 m² de área  comercial construida  por cada empleado  formal en el  sector del comercio. Esa  relación se mantuvo en un promedio histórico de  12.5 m²  por trabajador en los últimos 5 años. Dentro del panorama regional, llama la atención Pereira que  tiene  20.8 m² de  área construida  para  el comercio  por cada trabajador formal en la actividad comercial, en fuerte contraste con  los observado en la ciudad de Manizales, donde esta relación apenas llega a 1,3 m² por cada  trabajador.  En la  capital  del país, ciudad que ha sido centro del desarrollo de grandes  proyectos de centros  comerciales en los últimos años, se mantiene una relación de 15.4 m² construidos por cada trabajador formal  del comercio.

En contraste de lo que ocurre con el segmento de bodegas, las diferencias regionales en los espacios comerciales con relación al nivel de ocupación, suele ser menor.  Lo anterior puede estar explicado directamente por la estructura económica y especialización industrial o productiva  de cada ciudad y el carácter transversal que tiene el sector comercio  sobre el tejido económico de la mayoría de ciudades del país.

Mapa 2:

                                          Stock de áreas comerciales (m²)/ número ocupados formales en el sector comercio

                                                                        Fuente. DANE. Elaboración DEE CAMACOL

 Por últimos están los espacios construidos para oficinas, los cuales son dedicados particularmente a los servicios y áreas administrativas de  las empresas. Para construir el indicador de m² por trabajador de sectores asociados a la demanda de oficinas, se agregaron  todos los trabajadores que en la actualidad son oficinistas, independientemente del sector productivo al que pertenece la empresa para la cual trabajan. En ese sentido, se incluyeron trabajadores de los sectores financiero, inmobiliario, servicios, transporte, servicios sociales, industria, minero, agricultura, comercio y construcción. Los resultados del ejercicio muestran que para el total de las doce ciudades vinculadas  en el  análisis,  existen en la actualidad  3,3 m² de  oficinas por cada trabajador en los  diferentes sectores que  ocupan estos espacios.  En ese resultado se destaca Bogotá que, con el auge reciente de construcción de nuevos proyectos  de oficinas, tiene  un indicador de  4,8 m², seguido de Medellín, Pereira y Bucaramanga, con indicadores de 3.4m², 2.6m², 2.4m².

Mapa 3:

                                           Stock de oficinas (m²)/ número ocupados de todos los sectores que laboran en oficinas

                                                                        Fuente. DANE. Elaboración DEE CAMACOL

 

Mapa 4:

                               Stock de oficinas (m²)/ número ocupados de todos los sectores que laboran en oficinas.

 

De esta forma se concluye que para evaluar las potencialidades regionales en el desarrollo del segmento de  construcción no residencial se debe tener en cuenta entre otras variables, como el PIB sectorial, la inversión extranjera, la vacancia y la absorción de nuevas áreas; el  potencial de ocupación de acuerdo con la tendencia en la  generación de empleo de cada  segmento  potencial y  cada ciudad.

12 de junio 2017. Por Sandra Forero Ramírez, Presidente Ejecutiva CAMACOL.

Certeza Jurídica: requisito indispensable para la Inversión

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

El nivel de inversión extranjera en los países de Latinoamérica, se mide muchas veces por la confianza en el respeto de las leyes locales, las normativas del sector y los derechos de los consumidores.

Guatemala tiene ante si fuertes  retos para lograr su desarrollo y enfrentar las enormes necesidades sociales en salud, educación, seguridad e infraestructura que tenemos.

No podemos reducir la pobreza sin generar crecimiento económico inclusivo y estamos convencidos que la libertad de empresa es la mejor forma de buscar el bien integral de la persona y su desarrollo económico.

Este desarrollo se basa en:

  • El reconocimiento del derecho fundamental que tienen las personas de poder elegir con libertad como desean  ganarse la vida
  • El respeto a la propiedad.

Para lo anterior se requiere de un Estado de Derecho fuerte y de certeza jurídica para la inversión.  Sin inversión- lo sabemos-  simplemente no hay desarrollo.

Beneficios de la Ley de Electricidad

Una de los mayores condicionantes a la inversión es el acceso a la energía.

Desde que en 1996 Guatemala se emitió la Ley de Electricidad,  nuestro país a través de inversión privada ha sido capaz de:

  • Quintuplicar su capacidad de generación.
  • Tener hoy el doble de oferta que la demanda requerida, evitando los apagones y racionamientos de principios de los 90.
  • Ampliar  la cobertura eléctrica de un 62% a un 92%, llevando energía y oportunidades a mas guatemaltecos
  • Diversificar la matriz energética con mayor participación de energías renovables
  • Reducir hasta en un 40% el costo de la energía.

Este ha sido sin duda un caso ejemplar de éxito a nivel mundial donde un instrumento legal bien diseñado dio la certeza jurídica que promovió la inversión, mayoritariamente de guatemaltecos,  que con reglas claras y través de la libre empresa nos permiten hoy un tener un sector eléctrico fuerte y competitivo.

Una llamada de atención

Sin embargo, en los últimos meses, hemos enfrentado retos importantes, derivados de procesos legales en contra de hidroeléctricas que ya operaban en el país y una presión de movimientos sociales que resultaron en decisiones de las cortes guatemaltecas suspendiendo la operación de dichas hidroeléctricas por una interpretación, a nuestro juicio errónea, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y que pueden constituirse en un precedente nefasto para el Estado de Derecho y la certeza jurídica en el país,  con consecuencias muy negativas para la inversión, para la economía del país y la vida de los guatemaltecos, pero sobre todo para muchísimas comunidades indígenas que necesitan de estas inversiones para poder tener mejores oportunidades de vida.

La falta de reglamentación del Convenio 169 es una responsabilidad que recae en el Estado de Guatemala pero en ningún caso debe afectar a empresas que ante la falta de esa regulación si cumplieron con todos los requisitos legales para poder hacer una inversión.

Es contradictorio que los permisos autorizados por el Estado, sean luego desconocidos por otro poder del Estado, cuando el Estado mismo fue quien incumplió con facilitar y reglamentar el proceso de consulta.

En este contexto el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo debe reconocerse como un instrumento útil para promover un proceso de dialogo que considere las necesidades y atenúe la afectaciones directas negativas de las poblaciones indígenas, pero nunca debe ser utilizado como un freno al desarrollo.

 5 de junio del 2017. Por: José R. González-Campo, Presidente Cámara Guatemalteca de la Construcción.

 

Brasil: Defendiendo reglas claras para el licenciamiento ambiental.

29 de mayo 2017. Por: Ing. José Carlos Martins, Presidente de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC). Coordinador de la Comisión de Construcción Sostenible de FIIC.

En Brasil, la Comisión del Medio Ambiente (CMA) y la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC) discuten la propuesta de la Ley de Licenciamiento Ambiental, en curso en la Cámara de los Diputados.

El licenciamiento ambiental para obras de infraestructura y generación de energía, como carreteras e hidroeléctricas, es uno de los temas prioritarios para el sector de la construcción civil en Brasil.

En la primera reunión ordinaria de la Comisión del Medio Ambiente (CMA) se analizará la sustitución del Proyecto de Ley 3.729/2004 – La Ley General del Licenciamiento Ambiental, entre otros proyectos relacionados con la materia que se analizan en la Cámara de los Diputados.

Para el presidente de la CBIC, José Carlos Martins: “La propuesta encaminada a la votación debe expresar de manera clara el proceso de licenciamiento ambiental, tornándolo más ágil y, de esta manera, incentivando el desarrollo sostenible con seguridad jurídica para el poder público y los empresarios”.

Durante la primera reunión ordinaria del 23 de mayo del 2017 , en la sede del Sinduscon-SP, está previsto un panel de discusión sobre la Ley General de Licenciamiento para unificar directrices y el posicionamiento de la Comisión del Medio Ambiente (CMA/CBIC).

El abogado Marcelo Buzaglo Dantas, experto en legislación ambiental al frente de la discusión nacional junto con la CMA/CBIC conducirá las discusiones sobre el Proyecto de Ley 3729 junto con el vicepresidente del Secovi-SP, Caio Carmona Portugal, representante del sector inmobiliario.

El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Privatizaciones y Concesiones (COP), Carlos Eduardo Lima Jorge, es también uno de los ponentes a abordar el tema del licenciamiento por parte del sector de obras públicas.

La reunión ordinaria de la Comisión del Medio Ambiente será parte de la alianza de la CBIC con el Senai, con la iniciativa de promover las buenas prácticas en sostenibilidad.

El abogado Marcelo Buzaglo espera que la discusión en el ámbito de la CMA-CBIC contribuya a que el proyecto de la Ley General del Licenciamiento sea considerada prioritaria para el Congreso y sancionada por el Presidente de la República lo más rápido posible.

El país no soporta más tener un tema de esa importancia regido por normas inferiores y anticuadas, contrarias en muchos casos a la Constitución Federal y la legislación vigente, lo que finaliza transformando el licenciamiento ambiental en acciones judiciales que derivan en la discusión de temas secundarios e irrelevantes, sin embargo que, a la falta de reglamentación, se tornan argumentos seductores para aquellos que tienen como objetivo solamente entorpecer la actividad productiva”.

La Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción ha buscado construir consensos con reglas claras y transparentes junto a diversos sectores del segmento productivo nacional sobre la cuestión del licenciamiento.

Durante la 46ª reunión plenaria del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES), realizada en el Palácio do Planalto, en Brasilia, el sector presentó un conjunto de recomendaciones que tienen el objetivo de contribuir para el desarrollo sostenible del país.

El presidente de la CBIC y consejero del CDES, José Carlos Martins, fue el relator del Grupo de Trabajo sobre Ambiente de Negocios. En la ocasión, el Ing. Martins resaltó que las proposiciones enfocan la simplificación tributaria, aumento de la seguridad jurídica y la desburocratización de las licencias ambientales.

El Proyecto de Ley 3.729/2004 – la Ley General del Licenciamiento Ambiental- tiene el objetivo de definir parámetros generales que deben ser cumplidos por emprendedores en el caso de obras con riesgo ambiental. El PL tramita en régimen de prioridad y está sujeto a la apreciación del Plenario.

El régimen de prioridad dispensa exigencias regimentales para que determinada proposición sea incluida en la Orden del Día del Plenario.

El proyecto ya pasó por la Comisión de Agricultura, Pecuaria, Abastecimiento y Desarrollo Rural y Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, actualmente aguarda designación del relator en la Comisión de Finanzas y Tributación. La perspectiva del sector de la construcción es que la materia sea pautada por el Plenario en las próximas semanas. Una vez aprobado por el Plenario de la Cámara de los Diputados el proyecto sigue para apreciación del Senado Federal.

                                                  Buenas prácticas en sostenibilidad y certificación EDGE

En temas relacionados al respeto del medio ambiente, con el objetivo de diseminar buenas prácticas en construcción de edificación sostenible, se planea reunión con la presentación de los proyectos e iniciativas de Precon Ingeniería, vencedora del Guía Examen de Sostenibilidad 2016.

El CEO (Chief Executive Officer) de Precon Ingeniería, Guilherme Correia Lima, explicará la estrategia desarrollada y la visión de la empresa que recibió el título de más sostenible de Brasil en el segmento de la construcción civil. Con una producción industrial de impacto ambiental reducido, con menos residuos generados,  Precon está destacándose en el segmento habitacional.

La alianza que la CBIC está construyendo con el Banco Mundial de estímulo a la construcción sostenible, por medio de la Corporación Financiera Internacional (IFC), en la acción Excelencia en Diseño para Mayor Eficiencia – EDGE, deberá ser también punto alto de la reunión de la CMA. El consultor del Banco Mundial – Internacional Finance Corporation, Edward Borgstein, expondrá las líneas generales de la alianza, que consiste en la firma de un acuerdo de entendimiento que establece una serie de acciones con vistas al desarrollo del Programa EDGE en Brasil.

El Programa EDGE es una forma rápida, accesible y barata de construir y certificar edificaciones sostenibles, desarrollado específicamente para mercados emergentes.

Está dividido en tres partes: una herramienta en línea, un estándar de desempeño y un proceso de certificación con garantías de calidad. Las edificacionesd son elegibles para certificación EDGE al comprobar que redujeron 20% sus consumos de energía, agua y energía empotrada en los materiales, comparado con una línea de base local.

La herramienta disponible EDGE permite a la constructora con su iniciativa ver parámetros de cómo reducir el uso del agua, costos de energía y la energía obtenida a través de los materiales de residuos.

De acuerdo con la iniciativa, la herramienta puede indicar sugerencias y referencias para disminuir el consumo.

La certificación en construcción sostenible está disponible en Brasil a través de dos socios globales- Green Busines Certification (GBCI) y SGS, empresa de reconocimiento mundial en inspección, verificación, pruebas y certificación.

El programa EDGE en Brasil tiene el objetivo de ayudar en la transformación del mercado para llevar la construcción sostenible a un público mayor, alcanzando segmentos del mercado que no optarían por realizar certificaciones de sostenibilidad debido a los costos adicionales que representan.

Ing. José Carlos Martins, Presidente de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC).Coordinador de la Comisión de Construcción Sostenible de FIIC.